Juzgarán tres responsables de la plataforma Casablanca por un vertido de crudo en el mar el año 2010

La fiscalía pide 4 meses de prisión, 2.880 euros de multa y ocho meses de inhabilitación para tres responsables de la plataforma petrolera Casablanca por un vertido de crudo ocurrido hace diez años. La instalación está situada delante de la costa del delta del Ebre y está operada por Repsol. Según el fiscal, los días 21 y 22 de diciembre del 2010 se derramaron en el mar entre 95.000 y 180.000 litros de crudo como consecuencia de un «previsible funcionamiento defectuoso» de elementos de operación, producción y alarma en la instalación, así como «por la ausencia de medidas de control humano y de reacción ante emergencias». La mancha ocupó 19 kilómetros cuadrados. Los supervisores están acusados de un supuesto delito contra el medio ambiente por imprudencia.

La plataforma Casablanca se encuentra a unos 45 kilómetros de la costa y está operada por Repsol Investigaciones Petrolíferas, S. A. (RIPSA). La concesión se otorgó el año 1978 por 30 años, más dos prórrogas de diez años cada una, que vencerán en el 2028. El año 2018 la plataforma Casablanca producía 2.000 barriles diarios, aproximadamente, y tenía 120 puestos de trabajo directos.

Según relata el escrito de acusación del fiscal de Medio Ambiente de Tarragona, durante la noche del 21 de diciembre y la madrugada del 22 de diciembre del 2010 se ocasionó el vertido el mar de una «importante» cantidad de crudo desde la plataforma de extracción Casablanca, situada mar adentro, delante de las costas del delta del Ebre.

Después de una parada de producción entre los días 13 y 21 de diciembre, el arranque se tuvo que detener por un problema indeterminado con el sistema de control. Después de la nueva puesta en marcha, hacia las seis de la tarde, se detectaron problemas en el tanque recuperador, ya que el transmisor de nivel que evita la acumulación excesiva aforaba erróneamente manteniendo en funcionamiento constante las bombas que reconducen el contenido del tanque recuperador hacia el tanque de producción, según la fiscalía.

Delante de eso, el supervisor de la instalación, P.A.L., ordenó desactivar el sistema automático de evacuación del tanque y que se procediera a aforar a mano mediante el uso de una percha, arrancando y parando las bombas, manualmente, en caso de que fuera necesario. Hacia las siete y media de la noche del 21 de diciembre el nivel de aforado manual era del 20% de la capacidad del tanque.

Según la fiscalía, esta situación y «la falta de control directo» comportó al cabo de las horas un desbordamiento que no se había previsto y ante el cual «no se reaccionó inmediatamente», ni por parte del supervisor de la instalación, P.A.L., ni por el supervisor de mantenimiento, J.J.G.S., ni por el supervisor de producción, F.T.P.

El fiscal subraya que, según el organigrama de funciones de la compañía, a todos ellos les correspondía garantizar la seguridad de las operaciones y del proceso de producción, y minimizar la exposición de las personas, instalaciones y medio ambiente, antes y después de terminarse las operaciones.

En el momento que se detectó el vertido ya se había evacuado al mar un volumen de entre 95.000 y 180.000 litros, según la apreciación de Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo. La mancha se extendía sobre una superficie de 19 kilómetros cuadrados. El 22 de diciembre al mediodía el capitán marítimo de Tarragona activó el plan nacional de contingencias por contaminación marina accidental.

Afectación directa e indirecta sobre la fauna y flora marinas

Según el Instituto Nacional de Toxicología, sólo una cantidad de 23 metros cúbicos de hidrocarburo en el lugar donde se produjo el vertido supondría un riesgo grave para los sistemas naturales. De forma directa se podía producir afectación al plancton; una posible mortandad de peces, cefalópodos y cetáceos; la impregnación de las zonas supralitoral y medio litoral de la costa, afectando a la fauna intersticial y las aves que se alimentan, «con especial mención a los espacios de costa protegidos como es el caso del delta del Ebre»; la anulación del uso recreativo y de baño en las playas por riesgo a la salud de las personas; afección directa a la acuicultura; y riesgo para las algas, fauna y peces a raíz de la acumulación de manchas en el fondo marino.

De forma indirecta, también se podrían producir perturbaciones sobre los ecosistemas que producen cambios en las estructuras de las comunicados ecológicas; alteraciones del hábitat, cambios en la relación entre predadores y presas, afectación de la productividad y capturas de pesca.

Por estos hechos, a final de julio del 2011 el Ministerio de Industria propuso en el Consejo de Ministros una sanción de multa a las diversas sociedades implicadas pero no a las personas físicas.

Indemnizaciones por la limpieza y la afectación sobre tres cofradías de pescadores

El fiscal considera a los tres supervisores coautores materiales de un supuesto delito contra el medio ambiente por imprudencia, con el atenuante simple de dilaciones indebidas. Por eso pide una pena de 4 meses de prisión, multa de 2.880 euros y la inhabilitación especial para profesión u oficio relacionados con el medio ambiente durante ocho meses.

Además, pide que indemnicen conjunta y solidariamente entre ellos y la empresa aseguradora, y subsidiariamente la empresa RIPSA, varios entes afectados por el vertido. En concreto, reclama 104.254,75 euros para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima por las tareas de limpieza y restauración del medio marino.

Además, como consecuencia de la contaminación de las aguas y del alejamiento de la fauna marina desde el momento del vertido, los pescadores sufrieron un importante descenso de las capturas por el que la fiscalía reclama una compensación económica.

Los importes calculados son de 136.038,24 euros para la Cofradía de Cambrils; 102.321 euros para la Cofradía Sant Pere de l'Ametlla de Mar y 312.596 euros para la Cofradía Virgen de Carme de Sant Carles de la Ràpita.

El caso llegará próximamente a juicio en los juzgados de lo penal de Tarragona.