Un reservorio de nácares ocupará el espacio del chiringuito ilegal de la punta de la Banya, en el delta del Ebre

El ''Xiringuito de la Costa', un simbólico establecimiento que ha funcionado durante décadas sin autorización administrativa dentro de la bahía de los Alfacs, desaparecerá finalmente dentro de pocas semanas, una vez el gobierno español complete las obras de desmantelamiento en marcha. La empresa pública Tragsa ejecuta ya las actuaciones para dar cumplimiento, de forma subsidiaria, a sentencias judiciales y requerimientos. El servicio provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica restablecerá así la ocupación ilegal con voluntad de destinar este espacio tocando a la punta de la Banya a habilitar un reservorio de nácares. Se trata de una especie en peligro crítico de extinción que mantiene en la bahía de los Alfacs colonias existentes en el mundo.

Una vez retirada la plataforma y las construcciones instaladas encima, una parte de los pilones que sustentan la estructura –situada dentro del agua en un espacio de calado muy poco profundo- servirán para habilitar y delimitar el reservorio para preservar la colonia de moluscos. Se dará así cumplimiento a la petición efectuada por el parque natural del Delta de l'Ebre y la Oficina de Medio Ambiente de la Generalitat en las Terres de l'Ebre, según ha apuntado el jefe de Costas en Tarragona, Antoni Espanya.

Amenazadas por un parásito protozoo que ha matado prácticamente toda la población existente a mar abierto al Mediterráneo, la población de unos 40.000 nácares de los Alfacs se ha convertido en una de las más importantes del mundo. Se trata de una especie especialmente frágil y en peligro de desaparecer que ha encontrado en las particulares condiciones de la bahía un reducto que le permite resistir ante las amenazas. Sobre todo, después de que el embate del temporal Gloria castigara especialmente la otra gran colonia existente a la península Ibérica, situada en el mar Menor.

Así pues, el espacio que ocupaba el 'Xiringuito de la Costa', que durante décadas había sido un concurrido punto de peregrinaje turístico veraniego, tanto para locales como forasteros, tendrá una utilidad ambiental. Situado en un punto privilegiado en lo tocante a la punta de la Banya y cerca de la salida de la bahía, el establecimiento ofrecía desde aperitivos a paellas y se podía llegar con un servicio de golondrina organizado por la misma empresa o con embarcaciones particulares. A pesar de no disponer de ninguna licencia, permiso ni autorización, su actividad era tolerada por los administraciones.

Sentencias, sanciones y requerimientos

Pero después de que los Mossos precintaran las instalaciones en julio del pasado 2019 a causa de varias denuncias por irregularidades, Costas anunció que retiraría definitivamente las estructuras de madera de unos 1.300 metros cuadrados que ocupan el espacio. El año 2005, una resolución del entonces Ministerio de Medio Ambiente denegó la concesión solicitada por los propietarios y ya ordenó el levantamiento de las instalaciones. En mayo de 2009, la Audiencia Nacional tumbó el contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita en contra de este decisión. El gobierno español incoó dos expedientes sancionadores y sendos requerimientos los años 2016 y 2017. Las dos golondrines utilizadas por la empresa para trasladar clientes al establecimiento también fueron precintadas por la Agencia Tributaria por el impago de estas sanciones.

La posibilidad de volver a ponerlo en marcha dentro de la legalidad vigente, explica el jefe provincial de Costas, habría requerido reiniciar el procedimiento de solicitar la ocupación y adaptarse a las exigencias actuales de los chiringuitos de playa -20 metros cuadrados de espacio cerrado y 50 en las playas- en un paraje en el cual sólo se podía acceder con embarcación –hecho que reduciría fuertemente la posible rentabilidad-.

«Desocupación» de espacios costeros

A pesar de eso, España remarca que, a partir del Gloria, la filosofía del Ministerio para la Transición Ecológica ha cambiado y prioriza ahora la «desocupación de espacios ilegales del dominio público», retirando también infraestructuras que pueden resultar vulnerables ante los efectos del cambio climático. El caso del chiringuito sancarlense, apunta, es el más flagrante en este sentido en la costa del Ebre.

Ante la negativa de los propietarios que lo explotaban a hacerse cargo del desmantelamiento, el gobierno estatal ha encargado a Tragsa el proyecto de forma subsidiaria y los trasladará la factura. La previsión es que las obras cuesten unos 185.000 euros y se alarguen durante un mes y medio, según ha precisado España. Se retirarán las plataformas de madera y todos los elementos constructivos que se ubicaron encima: mesas, bancos, techos, cocina y lavabos, entre otras dependencias. En total, está previsto trasladar 120 toneladas de residuos, entre madera y pilones.