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Pedirán al Senado abrir un procedimiento judicial para que ACS asuma la deuda de Castor

Compromiso, que sigue reclamando una comisión de investigación, registrará la iniciativa del grupo ciudadano Caso Castor

La plataforma marítima del proyecto Castor, delante de la costa del Sénia.

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Compromís llevará al Senado una proposición de ley del grupo ciudadano Caso Castor para abrir un procedimiento judicial que obligue al grupo ACS a hacerse cargo de la deuda que ha generado el fracasado proyecto de almacén de gas submarino. La iniciativa se hace pública pocos días después de que el Tribunal Supremo sentenciara que el Estado tiene que devolver a los bancos los 1.350 millones de euros prestados para indemnizar al exconcesionario del proyecto, Escal UGS.

Compromís, por su parte, reclama también el desbloqueo de la comisión de investigación en el Senado y que la promotora pague los 70 millones de euros para sellar y abandonar definitivamente los pozos, así como de los 260 millones de euros que puede llegar a costar todo el proceso de desmantelamiento de las instalaciones.

Los promotores de la que ya se ha bautizado como #LeyCastor quieren que se haga responsable ACS de los «pagos, indemnizaciones y actuaciones consecuencia de las chapuzas de un proyecto mal diseñado y ejecutado». El procedimiento judicial que reclaman con la proposición de ley tiene que servir, aseguran, para recuperar los 1.350 millones de euros que Enagás, pignorando los derechos de cobro a cargo de los consumidores de gas durante 30 años, utilizó para indemnizar a la filial del grupo de Florentino Pérez cuando renunció al proyecto y puso en manos del Estado las instalaciones.

Caso Castor –grupo ciudadano formado por Xnet, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Instituto por los Derechos Humanos- considera que en ningún caso la indemnización tiene que recaer sobre el Estado y, consecuentemente, la ciudadanía, tal como sentenciaba el Supremo, sino que la promotora tiene que ser la responsable, después de que el Tribunal Constitucional anulara a finales de 2017 el mecanismo de indemnización.

Por eso, la proposición de ley plantea crear una comisión parlamentaria que revise las partidas presupuestarias y encargue un informe técnico completo del proyecto. «Revisando las cuentas de ACS es evidente que puede asumir los costes que ha generado, y más repartiendo dividendos», apuntan. También reclaman que el gobierno español revise los elementos técnicos y jurídicos del proyecto, determinando los mecanismos para un cierre justo. Paralelamente, y de forma simultánea, proponen que se redacte un proyecto de ley para que el coste del desmantelamiento no se traslade a la ciudadanía, de forma directa o indirecta.

Los costes que deja sobre la mesa el fallido almacén de gas submarino no dejan de subir: este martes se daba a conocer que Enagás calcula el cierre de los pozos con un coste entre los 70 y 77 millones de euros. En este sentido, el senador de Compromiso, Carles Mulet, ha recordado que la Ley de Hidrocarburos obligaba a la empresa presentar un plan de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, dotado de garantías financieras para ejecutarlo al final de su vida útil. Pero el gobierno español, hasta estos momentos, no ha previsto exigir que este proceso se complete en estos términos.

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