La quiebra de la Cooperativa de l'Aldea llega finalmente a juicio nueve años después

Adicionalmente, a los cuatro, así como a Bankia, la auditora BDO y Mapfre, la jueza de Tortosa les reclama el pago de una fianza para cubrir las responsabilidades civiles derivadas del caso. En el caso de Ferré, la suma asciende a 3,37 millones de euros; 1,89 millones a Antonio Fornós y la misma cifra a la entidad Bankia; 1,27 millones a Juan Carlos Torres, de los cuales responden subsidiariamente BDO y como responsable civil directo Mapfre; así como 1,15 millones a Manuela Buera. Dado que ninguno de los acusados ha consignado todavía las cantidades, la jueza ha decidido abrir piezas separadas para embargarles los bienes.

A primera hora del día 1 de diciembre del año 2011 millares de vecinos de l'Aldea descubrían, alarmados, que las cuentas con sus ahorros en la sección de crédito de la entidad agraria habían sido bloqueadas. Era el preludio de la quiebra de la entidad, que se declaró insolvente sólo cuatro días después ante el Juzgado Mercantil de Tarragona. El concurso de acreedores presentado pocos meses después revelaba que acumulaba una deuda superior a los seis millones de euros.

Para explicar cómo la Cooperativa y los impositores se encontraron de sopetón en la ruina, tanto Fiscalía como los afectados apuntan hacia Ferré como principal responsable. Lo acusan de haber abusado de su poder como gerente, más allá del «límite de sus competencias» y sin respetar sus deberes de «diligencia y fidelidad», haciendo varias negociaciones y operaciones financieras de resultado desastroso para la entidad, sus socios e impositores. También se le atribuye haberse apropiado directamente de 160.000 euros de la misma Cooperativa y transferirlos a cuentas de sus hijos pocos días antes del bloqueo de cuentas de la sección de crédito.

Complicidad del auditor

Para ocultar las pérdidas y los resultados financieros reales, el exgerente habría contado con la colaboración del auditor Juan Carlos Torres, de la firma BDO. Sus informes anuales sobre la salud económica de la entidad entre 2008 y 2011 «de ninguna manera reflejaban fielmente» la realidad económica de la entidad, sino que, «al contrario», existían «graves alteraciones» que impedían identificar la «grave y real situación económica», según Fiscalia.

De acuerdo con el relato de las acusaciones, Ferré revalorizó artificiosamente activos, registró facturas de compras ficticias a clientes extranjeros con los que ya no trabajaba y se valió de algunas empresas a las que se había encargado alguna obra o servicio de la entidad a emitir facturas –algunas veces la hacía la misma cooperativa- muy por encima del valor real. Eso, apuntan, le permitió incrementar el importe de las inversiones y también justificar el acceso a subvenciones públicas más cuantiosas.

Por este motivo, también se sentarán en el banquillo de los acusados David y Javier Casas, titulares de una empresa de refrigeración, así como de María Melquíades Jiménez, administrador de una empresa de suministros. A los tres se les imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil y Fiscalia solicita penas de un año y nueve meses de prisión.

Los beneficios de Bankia

Pero uno de los aspectos principales que tendrá que dilucidar el juicio es la responsabilidad penal de Bankia, entonces Caja Madrid, acusada de beneficiarse ilegalmente de su peculiar relación con la cooperativa. El año 2008, y ante las tensiones de tesorería existentes enla entidad, Ferré pignoró 750.000 euros en activos financieros de la sección de crédito –ya había hecho lo mismo con un paquete del mismo valor en una operación financiera dos años antes- como garantía adicional de un préstamo hipotecario de 1,5 millones de euros que ya se había cubierto con un inmueble valorado en 2,1. La entidad financiera no acabó prestando más dinero fruto de la nueva garantía, que ni Ferré ni la auditora incorporaron a las cuentas, y posteriormente ejecutarlacausandola pérdida de buena parte de los 1,64 millones de la cartera de valores a los impositores.

El escándalo que supuso el bloqueo de cuentas permitió constatar que la sección de crédito de la cooperativa actuaba propiamente como un banco, sin capacidad legal de hacerlo, gracias a la cobertura que le proporcionaba Bankia. Así, los impositores podían operar con talonarios y cajero automático de esta entidad. La sección de crédito abríauna cuenta de la Cooperativa en esta entidad y posteriormente lo cargaba a las cuentas de los socios.

Según recuerdan las acusaciones, Bankia, con Fornós y Buera al frente, también procedía abriendo cuentas a los socios haciéndolos creer que avalaba sus activos financieros y, sin su consentimiento, las vinculaba con la cooperativa. «Generaron una apariencia de confusión, promocionando una realidad aparente de depósito bancario y favoreciendo la pignoración y posterior retención de los depósitos individuales de los socios para su imputación en el pago de la obligación crediticia asumida por la Cooperativa», argumenta Fiscalía, creando un «notable descontrol» y desentendiéndose de su función de control.

Según el ministerio público, la entidad no sólo bloqueó las cuentas de la cooperativa sino también losde Bankia «ilegítimamente» vinculados, reteniendo hasta 5,84 millones de euros. La Cooperativa, después de salir del concurso de acreedores, ha devuelto 1,54 millones y quedan 4,47 millones pendientes de devolver, buena parte de los cuales a las cuentas que la entidad tenía en este banco.

Afectados que ya han muerto

Después de nueve largos años de instrucción, de sucesivos recursos que han dilatado el proceso y de trámites judiciales que devueltos por la Audiencia de Tarragona, la Associació d'Afectats per la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l'Aldeaempieza a ver la luz al final del túnel. Su presidente, Jordi Gas, ha remarcado que el embargo de los bienes de los acusados que ya ha ordenado la jueza les tiene que permitir cobrar una vez se celebre el juicio oral.

Según ha recordado Gas, la entidad sólo ha podido hacer hasta este momento dos pagos y aplazó el grueso a «muchos años vista». «Han pasado nueve años desde el bloqueo de las cuentas y hay gente que, desgraciadamente, ya no viven y los hijos no han podido recuperar el dinero. De una vez por todas es bueno que se abra finalmente el juicio oral y a ver si se puede resolver durante el próximo ejercicio de 2021 para que todas los afectados puedan resarcir el dinero que todavía tienen entrampados», ha cerrado.