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Economía

«La banca y el Ibex 35 siempre ganan», lamenta la Plataforma del Sénia sobre el retorno del crédito del proyecto Castor

La entidad recuerda que el pago público se hace en plena pandemia y sin haberse iniciado el desmantelamiento

El barco de vigilancia en torno a la plataforma marina del proyecto Castor, en una imagen de archivo.

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La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha lamentado la convalidación en el Congreso del real decreto ley para pagar con deuda pública el retorno a los bancos de la indemnización adelantada por el proyecto Castor. El portavoz de la entidad, Evelio Monfort, ha mostrado su indignación por el pago de 1.350 millones de euros públicos, a más intereses de demora, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre en un momento de pandemia y crisis socioneconòmica. «El dinero para la banca sale siempre. Teníamos claro que no dejarían de cobrar. No importa a quién gobierne y que hayan dicho no cuando estaban a la oposición. En el momento de la verdad, el Ibex 35 siempre gana, es igual quien mande. Ayer se demostró», ha argumentado.
El movimiento social, que desde el año 2007 se opone al proyecto Castor y ha exigido en numerosas ocasiones responsabilidades por su fracaso en todos los ámbitos, ve ahora como el real decreto aprobado por el gobierno de PSOE-Unidas Podemos y convalidado en el Congreso valla el círculo financiero de los grandes beneficiarios por el fracasado almacén de gas submarino. Critican, además, que la decisión llegue en un momento especial delicado para la salud de la ciudadanía y su economía, dentro de un decreto donde se mezclaba la indemnización con medidas de cariz social.

En este contexto, Monfort ha recordado como de forma sucesiva las entidades financieras –Santander, Caixabank y Bankia- han sido, junto con el concesionario Escal UGS, controlado por Florentino Pérez, las grandes beneficiadas de la operación. En el caso concreto de la indemnización por hacer efectiva la extinción de la concesión, el entonces gobierno del PP construyó una operación legislativa y financiera, encargando a Enagás el traspaso de los derechos de cobro a los bancos a cambio de que adelantaran, vía crédito, los 1.350 millones de euros.

«Cuando el interés estaba en tipos negativos, la banca dejó el dinero al gobierno para un 4 y pico por ciento. Los habrían podido sacar a 0 y poco yendo Europa», ha recordado Monfort. Ahora, aparte de la indemnización se tienen que sumar varios millones de euros en intereses de demora. Por el contrario, remarca, en el territorio le ha quedado la planta terrestres y la marina, pendientes desmantelar. «Hay unos tapones bajo del mar que caducaban en 2020 y estamos en 2021. Sólo pondrán los definitivos cuando se desmantele», ha reprochado.

Enagás dispone desde hace meses de un proyecto redactado para efectuar la operación, pero el gobierno español todavía no ha anunciado cuándo se ejecutará efectivamente. Monfort avisa de que el retraso pone en peligro la seguridad de los pozos y podría tener consecuencias ambientales si no se pone remedio de forma inminente.

Adicionalmente, más allá del desmantelamiento todavía pendiente y sin fecha de unas instalaciones hibernadas desde hace cinco años sin ninguna utilidad, la Plataforma que los campesinos expropiados por la construcción de los gasoductos y de otras instalaciones, sobre las cuales pesan servidumbres, todavía no saben cuándo las podrán recuperar plenamente.

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