La fiscalía pide cuatro años de prisión para el conductor del autocar accidentado en Freginals

Fiscalia pide cuatro años de prisión para el conductor del autocar accidentado en la autopista AP-7 a la altura de Freginals (Montsià) la madrugada del 19 de marzo de 2016 y en el cual murieron trece personas así como 26 más resultaron heridas. El escrito de conclusiones argumenta que el acusado, Santiago R., desatendió «de forma grave» las normas reguladoras de la seguridad vial poniéndose en el volante del vehículo cansado y con sueño. El autocar trasladaba de vuelta a un grupo de estudiantes de Erasmus de la Universitat de Barcelona que habían visitado la fiesta de las Fallas de Valencia. Varios testigos relataron que conducía de forma irregular, haciendo eses y yendo de un lado a otro del carril de circulación.

El ministerio público considera que el acusado era «consciente» de que sufría cansancio y sueño en el momento de empezar el trayecto desde Valencia una hora y media antes. Prueba de eso, apunta, es que «abrió en varias ocasiones la ventanilla de su posición para que entrara aire fresco sin adoptar ninguna otra medida para evitar la conducción» en estas condiciones, como habría estado, detalla, «estacionar el vehículo y descansar durante el tiempo necesario para garantizar una conducción posterior óptima».

Unos «deberes de prevención y abstención» que el acusado desatendió a pesar de ser conocedor, según Fiscalia, «vista su dilatada experiencia como conductor de autobuses». En el momento de los hechos el acusado Santiago R., que dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas, llevaba catorce años trabajando de forma indefinida en la empresa Autocaras Alejandro Tours, con sede en Mollet del Vallès, como conductor de autobús. El vehículo no presentaba averías mecánicas, tenía pasada la ITV y durante el año anterior se le había hecho el mantenimiento y reparaciones ordinarias.

El escrito de acusación se remite al registro de este dispositivo y a los testimonios de los supervivientes a la hora de explicar que la conducción del acusado fue «irregular», haciendo «eses», «zigzags» y yendo de un lado a otro del carril de circulación e, incluso, pisando las bandas rugosas de la acera. También, apunta, efectuó frenazos, aceleraciones y desaceleraciones de velocidad «injustificadas» por las características de la vía y la circulación, «escasa» en aquel momento.

Según el tacógrafo del vehículo, el siniestro se produjo a las 5:51 horas en un tramo de recta y sin condiciones atmosféricas adversas. Mientras circulaba de forma constante a 100 km/h, el autocar empezó a desplazarse «de forma constante, progresiva y sin cambios bruscos de dirección hacia el margen derecho de la vía, traspasando la línea continua rugosa y la zona asfaltada de la acera llegando a saliente de la calzada» y circulando por la berma cerca de 125 metros. Cuando se dio cuenta de la salida, según el relato del ministerio público, el acusado hizo un cambio de dirección hacia la izquierda para reincorporar el vehículo a la calzada.

Viendo entonces que se dirigía hacia la media, intentó frenar y girar a la derecha, perdiendo el control, impactando contra la media y volcando lateralmente. El vehículo recorrió 21 metros sobre la valla de protección lateral hasta ocupar buena parte de la calzada del sentido sur, por donde circulaba correctamente un turismo con dos ocupantes que no pudieron evitar la colisión.

Ninguna de las 13 víctimas mortales llevaba atado el cinturón de seguridad

A raíz del accidente perdieron la vida 13 de los 59 ocupantes del vehículo. Ninguna de ellas llevaba atado el cinturón de seguridad y la mayoría ocupaban, principalmente, la parte posterior del vehículo. Las víctimas mortales fueron siete chicas italianas -tres de 22 años, dos de 21 años, una de 23 y otra de 25-, dos chicas alemanas de 20 y 25 años, una chica francesa de 24 años, una uzbeka de 20 años, una austríaca de 24 años y una rumana de 23.

El ministerio público acusa al conductor de 13 delitos de homicidio por imprudencia grave y 26 delitos de lesiones por imprudencia grave por los cuales pide 4 años de prisión; 6 años de privación del derecho a conducir vehículos en motor y ciclomotores, con la pérdida del permiso de conducir, y 6 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de conductor profesional.

La compañía aseguradora GES ha indemnizado totalmente, por la vía civil, a los perjudicados directos de las 13 víctimas mortales del siniestro, por lo cual los familiares sólo mantienen el ejercicio de la vía penal, según detalla la fiscalía. La compañía también ha indemnizado o consignado judicialmente al menos más de medio millón de euros a varios heridos.

Sin embargo, en concepto de responsabilidad civil, la fiscalía solicita que el acusado, la compañía aseguradora como responsable civil directa y la empresa como responsable civil subsidiaria, paguen el importe que determinen los informes sanitarios a aquellos afectados que no han renunciado a recibir una indemnización.

La investigación judicial del accidente se ha alargado durante casi cinco años. La causa se ha archivado en tres ocasiones por parte de diferentes instructores que han pasado el juzgado número 3 de Amposta. Los recursos de las acusaciones particulares y Fiscalia, sin embargo, han permitido que el procedimiento siga adelante, sobre todo después de que en octubre de 2019 la Audiencia de Tarragona decidiera reabrir el caso y ordenara a la jueza que iniciara el procedimiento abreviado. El órgano encargado de juzgar el caso será uno de los dos juzgados de lo penal de Tortosa.