El parque eólico de l'Ametlla de Mar i el Perelló pasa el filtro de la Ponencia de Renovables

Con respecto a la avifauna, se pide a la promotora Parque Eólico l'Ametlló SL un seguimiento de las poblaciones para determinar si existen refugios importantes que se puedan ver afectados por las obras de la central y estudios por un periodo mínimo de un ciclo vital de las especies observadas (cría, invernada y migración). Los datos se tendrán que presentar al Servicio de Fauna y Flora, «a ser posible», los primeros 6 meses. También tendrá que incluir un radioseguimiento de un año del macho de la pareja de águilas perdiceras de la zona de Montagut.

En el caso de los murciélagos, harán falta análisis de los ultrasonidos con aparatos de grabación automáticos capaces de grabar en continuo a alta frecuencia. Estos detectores se tendrán que situar en estaciones de escucha fijas, a la altura donde giran las palas de los aerogeneradores, y preferiblemente 25 metros por encima de la zona más baja de giro de estas. Tendrá que haber 1 cada 5 molinos, como mínimo. También se determina que harán falta muestreos 5 noches de cada 10 en verano y 5 noches de cada 20 enla primavera y el otoño. En los hábitats de la zona donde no haya detectores, habrá que hacer transectos nocturnos.

La Ponencia también pide que se analice la compatibilidad del proyecto con el Plan de Gestión 2015-2023 de la Reserva de Biosfera Terres de l'Ebrey un estudio de impacto acústico y lumínico. Finalmente, Cultura avisa de que los terrenos donde se ubicará el parque eólico son «susceptibles de albergar yacimientos arqueológicos o paleontológicos no conocidos, así como elementos del patrimonio etnológico o vestigios de la Batalla del Ebro - trincheras, cobijos, pozos de tiradores-». La Ponencia pide un seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierras que se hagan y también que no se afecte a elementos de piedra seca.

El proyecto había sido rechazado desde el principio por el Ayuntamiento de la Ametlla de Mar que presentó informes en contra y ahora estudia la resolución de la Ponencia, pero el Ayuntamiento del Perelló no ha alegado. En cambio, decenas de vecinos de los dos municipios, aglutinados en el colectivo Trenquem l'Ametlló, ha presentado escritos contra el parque eólico alegando la afectación en espacios naturales protegidos y a la avifauna - que la Ponencia ha tenido en cuenta-, el impacto paisajístico del conjunto de centrales de la zona, la proximidad al núcleo urbano de l'Ametlla y otras viviendas diseminadas, y otros valores de unidad del paisaje litoral del Baix Ebre. El colectivo también señalaba enlas alegaciones que las centrales afectan la socioeconómica, el despoblamiento y desarrollo de la actividad agraria y la población residente.

«Habríamos preferido que no hubiera pasado, pero hay una serie de condiciones bastante exigentes en cuanto a fauna protegida y se ha demostrado que habían presentado un proyecto bastante incompleto desde el punto de vista paisajístico, sobre todo por el impacto visual que puede causar en esta llanura maravillosa», ha apuntado David Roselló, miembro del Trenquem l'Ametlló. El colectivo confía en que el proyecto no supere la tramitación ordinaria. «El águila cuabarrada se ve a menudo y les piden que demuestren que nohay ningún impacto. Evidentemente la esperanza es que no supereestas condiciones», ha añadido.

El colectivo está convencido de que si el emplazamiento estuviera en otra zona de Cataluña no habría pasado el trámite previo. «Me sabe mal que aquí en el sur, que el paisaje está mejor conservado, se hagan estas propuestas que serían inimaginables en otras partes del territorio», ha criticado Roselló. «Las voces locales tendrían que ser escuchadas porque conocen la realidad. Nos quejamos de que Madrid lo decide todo y la Generalitat decide cosas y hace mucho para que la gente local no pueda decir la suya», ha añadido.

Otros proyectos con luz verde

La ponencia también ha aprobado el proyecto de una planta solar fotovoltaica de 17,93 MW en el término municipal de Camarles (Baix Ebre). En este caso el visto bueno definitivo está condicionado a una serie de cambios en el proyecto que tendrá que hacer la empresa promotora, Eguzki Baix Ebre S.L. La compañía prevé que la instalación se ubique en cinco emplazamientos diferentes, próximos al núcleo de Lligallo del Gànguil, con una superficie total de 41,8 hectáreas y 43.680 placas fotovoltaicas. De las cinco fincas, cuatro corresponden a zonas donde se hacían actividades extractivas o antiguos correos de secano, mientras que la última es una parcela agrícola de secano.

Según ha acordado la ponencia, Eguzki Baix Ebre S.L. tendrá que buscar alternativas a la línea eléctrica aérea para reducir al máximo los riesgos de electrocución y colisión de aves. Este es uno de los aspectos que ha considerado el Gepec, ya que las fincas se encuentran en una zona de protección de avifauna. La entidad ecologista también ha alertado de que uno de los campos se encuentra en un espacio que el planteamiento municipal de Camarles impide que se hagan instalaciones de este tipo. Por eso, la ponencia considera que «hay ciertos aspectos que pueden comprometer la compatibilidad de alguna de las infraestructuras previstas por afectaciones urbanísticas».

Aparte, «algunos de los campos cuentan en su interior o en su perímetro con pequeñas zonas calificadas de sistema hidrológico», un hecho que impide la colocación de placas solares. Además, Unió de Pagesos rechaza el emplazamiento propuesto porque no se ha priorizado la instalación de las placas en tejados de edificios ya existentes y ha argumentado que el proyecto comporta «la pérdida de potencial y para la producción agraria».

Desde la ponencia también se reclama a la empresa que haga diferentes estudios relacionados con el impacto que tendría el proyecto en la fauna de la zona, sobre la compatibilidad con la Reserva de la Biosfera de las Tierras del Ebro, con relación a la potencial generación de residuos o respecto de la contaminación acústica, entre otros.

Dos proyectos tumbados

En la última reunión del organismo también se ha acordado rechazar el denominado Parque Solar Geoide II, un proyecto que impulsaba la empresa Energía Geoide II en los términos municipales de los Garidells, la Secuita (Tarragonès) y Vallmoll (Alt Camp). Tenía la intención de ocupar 73,8 hectáreas, con 92.583 módulos fotovoltaicos, estructuras de soporte y centros de transformación, además de una línea de evacuación de energía.

Según la ponencia hay «elementos determinantes que, ya de inicio, se consideran insalvables y desaconsejan la ubicación». Entre estos, que «se situaría en suelo de protección especial, por la función de conector biológico entre la Conca de Barberà y el Tarragonès, siguiendo el eje del río Francolí». Aparte, parael Ayuntamiento de la Secuita «todas las parcelas están clasificadas como suelo no urbanizable agrícola donde no es permitido el uso de plantas fotovoltaicas». El mismo argumento utilizan los consistorios de los Garidells y de Vallmoll. Además, los tres han decidido suspender el otorgamiento de licencias para parques eólicos y fotovoltaicos. También hay elementos en contra por parte del Servicio Territorial de Urbanismo, del Departamentde Cultura y del Departamentd'Agricultura.

Finalmente, la ponencia también ha descartado la construcción de la Planta Fotovoltaica FV Greentarraco 1, que promovía Sisener Ingenieros S.L. en Rasquera y Ginestar (Ribera d'Ebre). La compañía quería ocupar 86,8 hectáreas, con 89.667 módulos fotovoltaicos y una subestación eléctrica. Igual que en el caso anterior, el informe que emitido es «desfavorable», «dado que existen elementos determinantes que, ya de inicio, se consideran insalvables». Entre estos está «la afectación a especies de fauna amenazada y al patrimonio arqueológico».

Paralelamente, los ayuntamientos de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Ginestar y Tivissa también habían alertado de que el proyecto perjudicaría «gravemente los activos turísticos basados en el paisaje, el patrimonio cultural y natural locales», además de presentar incompatibilidades con planteamientos municipales. Diferentes departamentos de la Generalitat, como el de Agricultura, Urbanismeo Cultura también habían alertado de que se incumplirían normativas.