Vecinos de Riumar alertan de que el plan estatal para defender el Delta condena a «muerte» la urbanización

En su plan, el gobierno español reconoce que la falta de aportaciones fluviales de sedimentos ha contribuido a la erosión de este espacio. Si bien en la zona del Garxal, al sur del núcleo y próxima a la desembocadura, se ha constatado crecimiento costero por acumulación, en el caso de Riumar la subida del nivel del mar, la subsidencia y, en menor medida, los temporales han hecho avanzar la costa hacia el interior. Mientras el Garxal es ya terreno público, en Riumar se prevé una retirada de 268 metros para crear una franja costera que permita la costa evolucionar «de forma natural».

El anuncio de esta «retirada» se ha convertido en la principal en pesadilla de los vecinos de Riumar. Calculan que 97 viviendas y 120 propiedades en total quedarían incluidas en este espacio. Entre ellos, el bloque de 20 apartamentos que la empresa de Belén Ortiga alquila los meses de verano, sobre todo, a turistas extranjeros, y que ahora ya se encuentra a unos 100 metros del agua. «Si la expectativa es que el mar retrocederá 500 metros en el futuro –la anchura máxima que prevé el Ministerio en algunas zonas del Delta- futuro no hay. Si antes tenía un valor, ahora tiene cero», argumenta.

Aún así, avisa, tendrá consecuencias sobre la vida de los residentes habituales en la urbanización y actividades económicas como la suya, dedicada al turismo y a la promoción y venta inmobiliaria en la zona. «Lo que es inviable e inaceptable es que se esté estudiando un plan de protección de este calibre sin haber hecho ningún estudio ni plano de protección de la urbanización de Riumar. No se ha dado ninguna palada de arena para detener los temporales», observación. «Es un plan que con el que conquién menos se piensa es con las personas afectadas. Si pensaran, se adoptarían medidas de protección, pero estas –las del plan estatal- son más de destrucción», resume, recordando que los afectados pueden llegar a ser centenares.

«Lo perderemos todo»

«No podemos dejar que se pierdanuestro medio de vida. Aquí lo tenemos todo. Si dejan que el mar se lleve Riumar lo perderemos todo. Es un desastre total: se tienen que poner en la piel de los que vivimos aquí y poner alguna solución», manifiesta Néstor Bertomeu, gerente del restaurante Vista Mar. Muestra las fotografías colgadas en las paredes del local con la vista de una playa anchísima delante del establecimiento en el momento que puso en marcha a principios de los 90.

Ahora, la duna que habilitó el Estado en el otro lado del paseo es la única protección ante futuros temporales y subida del nivel del mar. «Lo que más preocupa es que nadie parece tener ganas de solucionar el problema de que el mar gane terreno. Parece como si quisieran que haga su curso sin intentar hacer nada. Soluciones, hay», insiste.

Mauri, que como presidente del organismo descentralizado del consistorio enla urbanización recibe y canaliza las inquietudes de los vecinos, define las perspectivas futuras como «pésimas». Especialmente, después de que durante los últimos años, a pesar de todas las promesas, no se hayan materializado actuaciones pensando amedio y largo plazo. Las pasarelas de madera para acceder a la playa de Riumar han resistido el embate de los últimos temporales, pero la anchura sigue acortándose de forma visible, sobre todo en el tramo norte, donde las estructuras ya reciben casi el impacto de las olas.

En el caso particular de este sector costero, el documento del gobierno español sólo concreta un proyecto de estabilización del sistema dunar de la playa que se tiene que ejecutar en una fecha «próxima». Se sustituirán los palos de madera y las cuerdas de las pasarelas de acceso a la playa, un mirador en la cresta de la duna y fijación de estos montículos que protegen la urbanización con materiales biodegradables y vegetación.

Proyectos que no llegan

Recuerdan los vecinos el proyecto del Ayuntamiento de Deltebre y la Generalitat de efectuar una prueba piloto con «diques inteligentes», que ayudaran a amortiguar el impacto de los temporales. Mauri lamenta que el Gobierno no haya sacado adelante la propuesta. «No tiene sentido hacer una prueba piloto en un lugar donde el Estado no tiene fe», lamenta. Critica que el plan del gobierno español, hoy por hoy, sólo prevé destinar 3,5 millones de euros a efectuar un estudio de cómo mover arenas.

«No soluciona las cosas. Tenemos que saber detrás de todo eso qué puede hacer. Como medida urgente se tendrían que mover muchas arenas y están: la bocana del Fangar está obstruida. La solución inminente y no demasiado costosa tendría que ser esta», argumenta. Los vecinos creen que es una cuestión de voluntad política y reclaman la presencia de una draga que permita recuperar estos sedimentos del mar, al estilo de las actuaciones que se efectúan en la costa holandesa. Tampoco descartan soluciones «duras», de cemento, que el plan estatal rechaza específicamente. «Si esla única solución efectiva alguien tendrá que pensar»; añade Mauri.

Ante la salida a información pública del documento el pasado 3 de febrero y durante un periodo de dos meses, preparan ya la presentación de alegaciones para reclamar medidas urgentes. La posibilidad que la franja de 583.534 metros cuadrados pasen dentro del dominio público marítimo terrestre es una de las grandes inquietudes de los vecinos porque, aducen, podrían dejar de ser expropiados o dejarían de ser propietarios en favor de la administración pública estatal, titular de la costa.

«Falso alarmismo»

El jefe de Costas en Tarragona, Antoni Espanya, ha negado esta posibilidad y asegura que el anuncio a raíz de la salida a información pública del plan se ha generado un «falso alarmismo». Precisa que en el caso de la urbanización de Riumar la nueva delimitación de la zona de dominio público marítimo terrestre transcurrirá, en gran medida, por la misma línea que actualmente. «El frente urbano no se alterará. En el extremo sur y norte sí que afectará», precisa, concretando que son terrenos sin construcciones enlos que ya actualmente no se permiten actuaciones urbanísticas.

«No veo el problema más allá de que los propietarios tenían unas expectativas urbanísticas de cuando los compraron hace 40 o 50 años y ahora no existen», ha precisado. A pesar de eso, Espanya ha reconocido que la línea que delimita la franja de evolución natural de la costa, que llega 268 metros tierra adentro, sí que generará una servidumbre de unos 100 metros en el espacio posterior de la zona de dominio público. En este caso precisa, eso tendrá efectos a la hora de pedir permiso previo a la Generalitat a la hora de efectuar obras de mejoras y reformas enlas edificaciones, que en ningún caso podrán alterar el volumen de la construcción.