El gobierno español aduce que el sellado de los pozos del Castor está pendiente de verificaciones normativas

Nuevo pretexto del gobierno español para justificar otro retraso en la tramitación de los trabajos para sellar definitivamente los pozos del Castor y desmantelar las instalaciones. En una respuesta al senador de Compromís, Carles Mulet, el Ministerio para la Transición Ecológica se escuda ahora en la necesidad de «verificar el cumplimiento» de varias normativas sectoriales para ejecutar la obra que encargó Enagás. Según anunció la compañía encargada de la hibernación, los sellos provisionales instalados en el 2015 tenían una vida útil de cuatro años, después de los cuales se tenían que renovar para garantizar la seguridad. El año 2019, sin embargo, el gobierno español optó por la clausura definitiva de los pozos, que tampoco ha materializado.

El Consejo de Ministros aprobó a finales de octubre de 2019 poner punto y final a la hibernación de las instalaciones y dio seis meses a Enagás para estudiar y presentar los documentos necesarios para el proyecto. Un procedimiento, según la respuesta gubernamental, que se vio parada por el estado de alarma. Con la reanudación del expediente a partir en junio de 2020, Enagás remitió la documentación pendiente para iniciar el expediente de autorización, un proceso que completó en julio dentro de los plazos previstos, según el Ministerio.

Así, el 30 de julio se sometió el proyecto a información pública, después del cual el promotor tenía que recibir los informes y alegaciones para incluirlos en una nueva versión del proyecto y la evaluación de impacto ambiental. Una vez completado este proceso de evaluación, la Dirección General de Política Energética y Minas tiene que autorizar los trabajos evaluados de acuerdo con la normativa del sector de hidrocarburos así como la de seguridad en la investigación y exploración de hidrocarburos en el medio marino.

Inicialmente, el coste presupuestado por la operación de sellado es, a priori de 69,65 millones de euros en caso de que los trabajos se adapten al programa previsto de 201 días. Ante la posibilidad de que se puedan observar «incrementos de presión significativos» que requerirían trabajos de reparación en la mitad de los pozos, el coste se elevaría hasta los 76,98 millones de euros.

«Finalizada esta primera fase relativa al sellado y abandono de los pozos, estará en condiciones de ordenar las sucesivas fases de desmantelamiento del resto de instalaciones», acabar respondiendo el gobierno español a Mulet. La retirada de buena parte de los elementos de los diferentes espacios ocupados –algunos, como los gasoductos terrestre y submarino, quedarían enterrados- podría superar los 260 millones de euros, según los cálculos de Enagás el año 2018 avanzados por la ACN.

El senador de Compromiso, Carles Mulet, ha denunciado «la eternización» del desmantelamiento del controvertido proyecto que llegó a causar más de mil terremotos a finales de 2013. «Causa rubor y vergüenza cómo se gestionan miles de millones de euros de dinero público con según qué empresas en un almacén de combustibles fósiles que tenía que ser estratégico y una panacea para nuestro país y a los pocos años es ya innecesario y apuesta por combustibles menos contaminantes. A pesar de eso los consumidores de gas seguirán pagando durante 25 años por un fiasco por el cual nadie ha respondido y, lo que nos parece más grave, que nadie se haya tomado con diligencia el desmantelamiento de esta farsa, lo que puede ser una temeridad», ha argumentado.

El senador valenciano ha denunciado, nuevamente, que la Mesa del Senado, con mayoría de PP y PSOE, sigue bloqueando la creación de la Comisión de Investigación del Proyecto Castor, solicitada por 25 senadores en julio de 2020.