El juicio por desobediencia el 1-O contra el alcalde de Roquetes se reanudará en junio

Eso ha provocado que el juicio procediera con la declaración de los 11 testigos de la defensa, «anomalía» en la orden de las declaraciones que Nadal ha descartado que les pueda perjudicar. «Si hubiera previsto un perjuicio, habríamos pedido la suspensión sin la declaración de nuestros testigos, pero teníamos la certeza de que lo que les preguntaríamos no afecta a la defensa de Paco y podíamos continuar sin ningún tipo de perjuicio», ha asegurado la abogada.

Las testificales de la defensa han sido contundentes en qué la celebración de las votaciones del 2017 surgieron «a raíz del movimiento popular, en Roquetes o en toda Cataluña» y que «en ningún caso, hubo un mandato propio del alcalde de Roquetes» dirigido a la ciudadanía para que acudieran a votar. «Fue un acto de la ciudadanía y de la autonomía de todos los que se reunieron allí», ha recordado Nadal.

Desgaste personal y político

El alcalde de Roquetes ha lamentado que el juicio no se haya cerrado este lunes a causa de esta irregularidad en las testificales de los cuatro agentes de la Guardia Civil citados. Antes, de manera presencial y desde una sede judicial de Barcelona, han testificado también dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Esta situación alarga dos meses más el proceso –se los ha citado el 15 de junio.

«Comporta un desgaste personal y familiar, y de planificación en el Ayuntamiento», ha recordado Paco Gas. «Los errores de la Guardia Civil perjudican la ciudadanía y hago esta denuncia clara porque todas las partes hemos hecho un esfuerzo por acudir al juzgado y esta gente, que se dedica exclusivamente a eso, no se han acercado a un juzgado para hacer lo que tenían que hacer», ha denunciado al alcalde. «Lo que no tenían que hacer era agredir a la gente que de forma pacífica y tranquila fueron a votar. Hoy en el juicio se quedan en casa sin poder identificarse. Es del todo censurable y el perjuicio que ocasiona no tiene reparación», ha añadido.

Gas ha situado su juicio y también lo que tienen pendiente de fecha el alcalde y el teniente de alcalde de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), Josep Caparrós y Albert Salvadó, dentro de la «causa general contra el independentismo». Roquetes y Sant Carles de la Ràpita fueron los dos municipios del Ebro donde la Guardia Civil cargó contra los votantes el 1-O. «Nos hacen pagar la incidencia del independentismo en nuestras poblaciones», ha asegurado el alcalde de Roquetes. «Se ha escogido y se ha planificado la intervención (del 1-O). No tuvieron bastante con el mal físico que provocaron sino que su fracaso absoluto - porque no detuvieron las votaciones-, nos lo hacen pagar y nos lo harán pagar por mucho tiempo», ha dicho Paco Gas. «Hace 14 años que soy alcalde y como ven que a través de las urnas no nos han parado, nos inhabilitan o usan otras maneras», ha lamentado al alcalde.