Los afectados por el Castor pedirán más de 325.000 euros por daños morales

La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) pedirá más de 325.000 euros por daños morales a ESCAL UGS, concesionario del fallido almacén de gas, 2.500 euros por cada uno de los más de 130 socios de Aplaca. La denuncia civil tendrá que esperar que haya una sentencia firme del procedimiento penal que empieza en octubre al Audiencia Provincial de Castellón. El juicio resolverá si los dos principales responsables del proyecto, Recardeo del Porto y José Luis Martínez Dalmau, son responsables de un delito contra el medio ambiente al haber causado «una situación de peligro catastrófico» por los seísmos que provocó la inyección de gas en el almacén marino. El reconocimiento del luto favorecería la petición de resarcimiento de los afectados.

Aplaca representa a más de 130 afectados por la Plataforma Castor, de los cuales 123 testificarán en el juicio del otoño en la Audiencia de Castellón. Todos los afectados han pasado una auditoría psicológica para determinar los daños morales que los sufrieron. El portavoz de la Asociación, Joan Ferrando, ha insistido en que más allá de los daños materiales, muchas personas de las poblaciones de la zona sufrieron «angustia, insomnio y sufrimiento», entre otros, por la crisis sísmica que provocó la inyección de gas al Castor y también previamente, cuando ya se hablaba de este riesgo.

El abogado de Aplaca, Raül Rovira, ha apuntado que se pedirán 2.500 para cada socio, pero primero hace falta ganar el juicio penal y esperar «el cual determina el tribunal». Para la entidad el juicio del otoño es «una victoria» porque se temía que el caso se archivara después de cinco años de diligencias previas, y advierten que hay sentencias contra grandes multinacionales, a pesar de la maquinaria de defensa de los estados o las corporaciones como ACS, de quien era filial ESCAL UGS, concesionario de la plataforma Castor.

Si la sentencia es condenatoria, Aplaca contará con «el reconocimiento oficial» del error de los responsables del Castor y de la negligencia de haber obviado los riesgos del almacén gasístico. También confían en que la sentencia pueda acelerar el desmantelamiento de las instalaciones y que se eviten futuros proyectos especulativos que acaba pagando la sociedad. «Siguen viniendo castores y los ciudadanos también tenemos que participar en estos procedimientos administrativos para revisarlos y las instituciones tienen que analizar los proyectos que se les presentan con criterios técnicos», ha pedido Ferrando.

A Aplaca los representa el despacho BVC Lex, abogados que han participado en la defensa de los afectados por el fraude de emisiones de Volkswagen, el caso Concordia o en el caso del accidente de Germanwings en los Alpes. «Si se ha sufrido miedo, la empresa no se puede zafar. Hay que demostrar negligencia o dolo para que se les condene», ha explicado Rovira. Según constató el juez instructor en el procedimiento abreviado, los responsables del Castor conocían y habían sido advertidos previamente del riesgo sísmico que podía suponer la actividad en la zona y decidieron inyectar gas, incluso triplicando el caudal cuándo se estaban produciendo terremotos y habían sido alertados en este sentido.

Rovira ha recordado que los daños morales en Europa se tienen «muy presentes» y están dispuestos a llegar a los Tribunales Europeos aunque el procedimiento se dilate muchos años para que ante una sentencia contraria, los acusados recurran a instancias superiores. «La gente de la zona sufrió mucha angustia y el daño moral es angustia y sabemos que en España será difícil, pero llegaremos donde haga falta», ha asegurado.