Judicial
La Audiencia de Tarragona ratifica el acuerdo e impone hasta 4 años de prisión a los dos pirómanos del fuego de Horta
La sentencia establece una indemnización de más de 300.000 euros para los perjudicados por los daños en inmuebles y maquinaria
La Audiencia de Tarragona ratifica el acuerdo e impone hasta 4 años de prisión a los dos pirómanos del fuego de Horta
La magistrada del tribunal de la Audiencia de Tarragona ha emitido la sentencia de conformidad que evita el juicio con jurado popular a los dos acusados del incendio de Horta de Sant Joan (Terra Alta) del 2009, fuego donde murieron cinco Bomberos GRAF Lleida y un sexto resultó herido de gravedad. A Antonio Paz y Lorenzo Forner se los impone una pena de 4 años de prisión y 3 años 9 meses y 1 día de prisión, respectivamente, y una multa de 3 euros diarios durante 3 meses. Los condenados tendrán que indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados por los daños a inmuebles y maquinaria con más de 300.000 euros y otras millonarias indemnizaciones en la Generalitat y los Ministerios de Defensa y Medio Ambiente.
La sentencia detalla que los condenados por el fuego de Horta tendrán que pagar a la Generalitat 1.560.167,29 euros por los daños provocados en las vías de comunicación; los 721.862,27 euros con que se indemnizó a las familias de las víctimas; 3.420.978,95 euros a la dirección general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento por los recursos humanos, vehículos y medios aéreos destinados a la extinción del fuego; y 2.007.779,39 euros por los daños medioambientales causados. También se les condena a pagar 210.767,50 euros y 708.828,07 euros a los Ministerios de Defensa y Medio Ambiente por los equipos de extinción que lo trabajaron.
Finalmente, se los reclama 72.071,33 euros para el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y 6.275,78 euros para el Ayuntamiento de Horta de Sant Joan. Las indemnizaciones superan los 9 millones de euros y los condenados tendrán que asumir la mitad de las costas procesales.
Como se apunta en la sentencia, ninguna de las partes –Fiscalía, acusación particular de la Generalitat y defensa de los acusados. Las familias no estaban personadas en el procedimiento como acusación particular al retirarse una vez recibidas las indemnizaciones– estimó necesaria la celebración del juicio.