Sociedad
Tortosa se aferra a informes jurídicos para no recurrir las cautelares que han detenido la retirada del monumento franquista
El consistorio argumenta que el recurso no se pronuncia sobre la competencia de Tortosa de otorgar la licencia de obras
Tortosa se aferra a informes jurídicos para no recurrir las cautelares que han detenido la retirada del monumento franquista
El Ayuntamiento de Tortosa no recurrirá a las medidas cautelares que han detenido el desmantelamiento del monumento franquista, previsto en julio, y que dictó el juzgado contencioso administrativo número 2 de Tarragona, a raíz de un recurso del colectivo que defiende la reinterpretación. El consistorio había encargado dos informes jurídicos para tomar la decisión. El primero, de la Universidad Rovira y Virgilio (URV), señala que el auto «hace referencia específicamente a la ejecución de las obras» que hace Justicia. También el informe de la secretaría municipal del Ayuntamiento remarca que el consistorio «no se encuentra en la situación jurídica de tener que formular recurso de apelación en el marco de sus competencias».
El informe de la URV concluye que el auto de las cautelares del juzgado contencioso de Tarragona «no se pronuncia sobre la competencia del Ayuntamiento de Tortosa», que otorgó la licencia de obras, «ni sobre la legalidad de la misma», sino que afecta a la ejecución de las obras, competencia del Gobierno de la Generalitat. La secretaría municipal añade que las cautelares «no se pronuncian sobre la competencia que sí que es propia del Ayuntamiento de Tortosa, y que no es otra que el acto dictado por el mismo Ayuntamiento de concesión de la licencia municipal de obras otorgada como un acto reglado, necesario y preceptivo».
La licencia se solicitó a través del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), del departamento de Justicia, para hacer la retirada del monumento franquista. El Ayuntamiento de Tortosa la otorgó. «La ejecución de dicha licencia, y la forma como se lleva a cabo, corresponde y es únicamente responsabilidad de quien pide la licencia, en este caso el CIRE, y en ningún caso el Ayuntamiento se puede hacer responsable», defiende el consistorio.