Polémica por un almacén habilitado como casa del subdelegado del Govern en Roquetes

La caseta que fue construida con licencia de almacén para el uso de silvicultura y guardado utensilios para la limpieza del sotobosque en una finca del subdelegado del Govern en Tarragona, Joan Sabaté, ha situado al político en el centro de la polémica en Roquetes, donde se ubica esta propiedad.

Según ha adelantado La Vanguardia , la comisión territorial de Urbanismo de las Tierras del Ebro autorizó la construcción de este almacén. Pero un año después, el pasado 26 de agosto, el Ayuntamiento de Roquetes constató que podría no estar siendo utilizada con el uso para lo que fue autorizada. El motivo, el almacén tiene varias ventanas en la fachada, iluminación externa, peldaños de acceso, ya que la construcción está elevada del terreno y tiene, incluso, una antena parabólica. Según recoge el rotativo, el pequeño almacén-vivienda tendría también una buhardilla para uso residencial. El almacén se encuentra junto al parque natural de los Puertos en suelo urbano no consolidado.

Por su parte, Joan Sabaté, ha respondido a La Vanguardia que ha cerrado las ventanas y ha respetado la volumetría se le dio permiso para la cual y que, incluso, ha eliminado los elementos interiores tal como le habría exigido el consistorio de Roquetes. Reconoce que, en principio, introdujo algunos elementos por hacer el almacén habitable y que sirviera de cobijo para|por su familia, pero que las divisiones del interior se han ajustado al proyecto. Por otra parte, lo que no desaparecerá será la antena parabólica, por la cual pedirá nuevamente autorización, ya que, según asegura en declaraciones al mismo medio, su cargo público lo obliga a estar localizado siempre. La petición de autorización tendrá que elevarla nuevamente a la comisión territorial de Urbanismo de las Tierras del Ebro.

Según Sabaté, el Ayuntamiento de Roquetes ya dispondría de la documentación que acredita que se han realizado los cambios requeridos, ya que, según el decreto municipal, las desviaciones del proyecto inicial eran «manifiestamente il·legalitzables» y que, por lo tanto, susceptibles de un expediente de disciplina urbanística.