Ni errores, ni responsabilidades: el relato de los acusados por los seísmos del proyecto Castor después de seis jornadas de juicio

Este martes, el director general de la filial española de Geostock, Jesús Artieda, ha comparecido en la Audiencia de Castellón como testimonio y perito de la defensa para ratificar punto por punto aquello que el expresidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, el exconsejero delegado, José Luis Martínez Dalmau, y los tres abogados que los representan – también en la mercantil- no han dejado de repetir desde el primer día. Su interlocutor, ha recordado, era el difunto director técnico Carlos Barat, también investigado durante la instrucción, y a quien los acusados han cargado siempre la responsabilidad operativa del Castor.

Las preguntas de los abogados han seguido encaminadas a presentar el proyecto como un modelo de virtudes técnicas, un caso prácticamente único. La presión de gas inyectada se situó muy por debajo de los límites calculados en un estudio encargado en el Instituto Francés del Petróleo. La infraestructura disponía de «uno de los mejores sistemas de monitorización en cualquier almacén de gas», ha apuntado Artieda, quien ha ha defendido que Escal «respetó» los máximos fijados. Los microseísmos, según ha apuntado el responsable de Gestock, son «habituales» en estas actividades e, inicialmente, s′havien localizado lejos, en unos quince o 20 kilómetros, de la zona d′injecció. «Hoy un seísmo como este no se tendría en cuenta en un sistema – de alerta del riesgo- de semáforos», ha puntualizado.

Caudales irregulares

En ningún momento, sin embargo, ni una explicación sobre la relación de la actividadcon los terremotos de mayor intensidad que la población de Terres del Sénia y más allá notó entre finales de septiembre y principios de octubre. La fiscal del caso ha intentado collar Artieda interrogándolo sobre la irregularidad de las operaciones de inyección, con una prueba al caudal nominal previsto – de 8 millones de metros cúbicos diarios durante 48 horas - los días 5 y 6 de septiembre de 2013. Conocedores del inicio de la ola sísmica el 10 de septiembre, Escal UGS volvió a inyectar 8 millones de metros cúbicos diarios el día 12, justo el día antes que el Observatori de l′Ebre recomendara bajar marcha, una medida que los acusados aseguran que ya habían efectuado.

Artieda ha explicado que Geostock incrementó el control a raíz de los seísmos y analizó las presiones. Para reducir esta presión se procedió a bajar las medias de caudal inyectadas diariamente a valores inferiores como única medida «efectiva» delante de l′increment de sismicidad detectado. No ha aclarado, sin embargo, por qué cuando ya se tomó la decisión de reducir el caudal durante muchas horas no s′injectava gas y en algunos momentos puntuales el volumen s′incrementava. ¿«Por qué el día 12 – de septiembre- se volvió a poner el almacén al máximo»?, ha preguntado la fiscal. «Era muy difícil saber que el Castor generaba sismicidad. No lo sabían ni el IGN, ni Medio Ambiente, ni Protección Civil,» ha respondido.

Ha abonado también la tesis de l′empresa que la prueba del día 5 y 6 de septiembre no buscaba cumplir los requisitos para conseguir entrar al sistema retributivo y que la limitación de inyección se debía a las especificaciones técnicas de las instalaciones. «El yacimiento podía haber tenido un caudal mayor. Laventaja del Castor es que ofrece unos caudales de entrada y salida muy interesante», ha asegurado. Sin embargo, omitido se pudo inyectar menos del 7% del volumen previsto, según la exconecesionaria, antes que el gobierno español lo encerrara el 26 de septiembre en plena ola sísmica.

La falla que no habría existido

La resistencia de la defensa de los directivos d'Escal UGS a reconocer cualquier vinculación entre los inyecciones y los seísmos ha llegado al punto de negar también la existencia de la falla oriental de Amposta, la que numerosos estudios y expertos apuntaron como posible implicada en los terremotos de mayor intensidad. Lo ha hecho, concretamente, el también testimonio y perito de la defensa, el geólogo Enrique Hernàndez, director técnico de la empresa GESAL. «Se habló de una falla que no es real. Había una alineación que no es una falla: son un conjunto de segmentos que se relevan», ha declarado.

Ha rechazado, sin atreverse contradecir la información oficial al respecto a preguntas de la fiscal, que la falla de Amposta se alargara 52 kilómetros y tuvieradoce de profundidad que se le atribuían, hecho que le confería un potencial sísmico de generar terremotos de cerca de 7 grados en la escala de Richter. Según ha precisado, «tocaba» la formación geológica de Castor pero no el almacén. Responabilitza de los movimientos una de las «fallas menores» que no afectaba el sello. «Desde el punto de vista geológico y de l′estructura, las condiciones del Castor eran idóneas había sido un yacimiento d′hidrocarburs y había funcionado bien una década hasta que se agotó», ha cerrado.

En la sesión de este miércoles, l′última de la semana, ha comparecido también, como perito por parte de la defensa, el ingeniero Carlos Soler, exmiembro de la Comisión Nacional de l′Energia. Ha insistido en que Escal UGS no podía completar las pruebas de inyección y extracción a caudal nominal que le exigía el gobierno español para obtener el acta de puesta en marcha definitiva e integrarse al sistema retributivo porque «no disponía de gas suficiente» para ejecutarlas, de acuerdo con el volumen que le había suministrado Enagás en mayo de 2013. «Sólo se compró el 22% del gas», ha precisado.

Según reconoció la empresa en un documento dirigido a los inversores que compraron los bonos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), una vez efectuada en septiembre la prueba de inyección, quedaba pendiente hacer efectiva la de extracción durante el último trimestre de 2013 para evitar pérdidas económicas y de confianza por parte de los buenistas. Soler, que no se haquerido mojar sobre si la prueba de inyección se acabó llevando realmente a cabo, ha apuntado que la empresa «hizo lo que le tocaba» y que estaba a merced de las decisiones de «terceros» y el «regulador» para conseguir que se le reconocieran las retribuciones.

Por otra parte, al final de esta sexta sesión, la defensa ha renunciado a los testimonios de Luis Carmona, Pedro Cuevas, Rafael Sorolla y Noelia Martínez, todos ellos exresponsables operativos y técnicos del proyecto.