Un perito del Castor afirma que la inyección de gas aceleró la actividad de las fallas

Los peritos que han testificado este martes en el juicio del proyecto Castor han insistido en que la costa norte de Castellón tiene la más baja peligrosidad sísmica de España y la inyección de gas se hizo a muy baja presión, aunque uno de ellos ha indicado que en la zona «había fallas a punto de dispararse» y la actividad de la planta «aceleró que pasara».

La causa se desarrolla en la Audiencia Provincial de Castellón durante once sesiones en las que comparecen numerosos testigos y peritos y en la que están acusados de un delito contra el medio ambiente el expresidente de Escal UGS y su ex consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, respectivamente.

Este martes, séptima jornada del juicio, han tenido lugar cuatro declaraciones de altos cargos vinculados al almacén de gas que han comparecido en la doble vertiente de testigos y peritos; entre ellos, Francesco Corallo y Cristophe Huber, ingenieros de la compañía Geostock, empresa internacional especializada en almacenamientos subterráneos de gas.

Corallo, encargado de la planificación del proyecto, ha incidido en el informe del Instituto Francés del Petróleo (IFP) que planteaba una presión máxima de la inyección de 49 bares pero «se inyectaba a 2 o 3 bares, con un máximo de 7», lo que quedaba «muy lejos del límite marcado como seguro», por lo que en 2013, cuando se produjeron los seísmos, estaban «muy tranquilos» por las presiones con las que trabajaban.

Ha señalado que él notó los temblores en septiembre de 2013, durante «unos días», que coincidieron «con la fase final de la inyección», y era algo de lo que, ha dicho, «todo el mundo estaba hablando».

Huber, que era jefe del proyecto, ha indicado que el almacén de gas Castor era «un yacimiento excepcional desde muchos puntos de vista y cuenta con unas características estupendas».

Geostock, ha dicho, fue en su informe «muy conservador»: «No esperábamos que en el Castor pudiera producirse microsismicidad inducida» pues este proyecto, ha agregado, era el de menor riesgo de todos los yacimientos en los que ha trabajado.

Por ello, ha asegurado Huber, le ha costado mucho «entender la relación entre la inyección y los seísmos, porque los epicentros estaban alejados y la presión era tan pequeña que no se podía entender la relación», un extremo que hoy en día «todavía me cuesta comprender», ha testificado.

Por su parte, Luis Roberto Rodríguez, actualmente investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y quien en 2007 era director de Geología y Geofísica de esta entidad, ha señalado que en 2007 recibió el encargo de la Dirección General de Política Energética y de Minas de evaluar el proyecto Castor y ver si la estructura geológica era «apta».

En cuanto a la misma, Rodríguez ha señalado que «se evidenció que las rocas que cubrían el bloque rocoso poroso cerraban la estructura de manera estanca», y la falla de Amposta, que tapaba por un lado este bloque compacto, «no era activa en los últimos millones de años», por lo que el sellado «era efectivo».

El investigador ha recordado la baja peligrosidad sísmica de la zona frente a Vinaròs y ha criticado la mala interpretación de esta falla que se hizo consultando los datos de QAFI y su inventario de fallas que afectan a rocas y sedimentos del periodo Cuaternario y que han tenido actividad tectónica en los últimos 2,5 millones de años.

Estos datos, ha señalado, se han incluido en informes posteriores a los seísmos del Castor y «se confundió la de Amposta como falla activa», pero según los datos del Instituto Geográfico Nacional -que plantea un mapa de sismicidad con 475 años de retorno- y del propio IGME, esta falla está considerada fosilizada.

Su propia investigación -secundada por seis publicaciones científicas posteriores, ha puntualizado- «concluye que la falla de Amposta no ha jugado ningún papel en la sismicidad, sino que ha sido otro tipo de estructuras». «Había fallas a punto de dispararse y la inyección aceleró que eso pasara», ha agregado.

Rodríguez ha dicho que excepto los dos seísmos que superaron los 4 grados de magnitud, «los demás fueron normales y no percibidos por la población».

Por último, preguntado por el Ministerio Fiscal sobre si en su informe de 2007 incluyeron la posibilidad de que se pudiera producir sismicidad por la inyección de gas en la zona, Rodríguez ha señalado que no, porque no contaban con esos conocimientos específicos.