La planta de la Galera no puede distribuir biometano porque las administraticions no se ponen de acuerdo

La planta de biometano de la Galera (Montsià) no puede distribuir todavía gas renovable por las discrepancias entre las administraciones catalana y estatal a la hora de autorizar el ramal de conexión al gasoducto de transporte. La empresa promotora, Biometagás La Galera, que ya tiene vendida su producción a una comercializadora holandesa, había acordado con Enagás instalar un gasoducto de un kilómetro para inyectar el gas producido en la red general. Pero la petición inicial de permiso a la Dirección General de Energía en junio pasado acabó pasando a la mesa de la Subdirección General de Hidrocarburos estatal, que ahora ha elevado una consulta a la abogacía del Estado sobre un supuesto vacío legal. La empresa quiere soluciones para poder iniciar la actividad.

El proyecto, el primero de estas características en Catalunya según sus promotores, fue concebido y construido inicialmente como una planta para producir biogás a partir del tratamiento de alimentos caducados, residuos agrícolas, ganaderos y orgánicos. El año 2016, la empresa decidió dar el salto e instalar, en el mismo recinto, una nueva planta para generar biometano para depurar el biogás y conseguir un producto más límpio. Las instalaciones, que han supuesto una inversión de unos 5,5 millones de euros, están diseñadas para producir hasta 4 millones de metros cúbicos anuales de este gas renovable, que está encontrando mucha aceptación en Europa, sobre todo, en el sector del transporte.

De hecho, desde el pasado septiembre tienen vendida su producción a la compañía española Molgas –accionista de la empresa- y esta, a su vez, a una comercializadora holandesa. El acuerdo, sin embargo, todavía no se ha podido materializar: a pesar de estar preparada para empezar a producir biometano desde hace tres meses, la nueva planta no ha entrado todavía en funcionamiento. Continúa a la espera de conseguir el permiso para instalar gasoducto de conexión que les permitiría comercializar el biometano por toda Europa gracias a un sistema de certificados de compra-venta de gas renovable.

Según ha explicado el consejero delegado de Biometagás la Galera, Fernando Selva, la empresa llegó a un acuerdo en febrero con Enagás porque les ofrecía una alternativa más directa respecto de la opción inicial de trasladar por carretera el biometano hasta un punto de conexión de la red de Naturgy en Sant Carles de la Ràpita. El proyecto, para el cual ya han desembolsado de antemano el millón de euros que cuesta, prevé una cañería de alta presión de unos doce centímetros de diámetro y un kilómetro de longitud.

Acción Climática pasa la pelota al gobierno español

Con este objetivo, el mes de junio pasado solicitaron el permiso a la Dirección General de Energía del Departamento de Acción Climática. «La Generalitat nos dijeron que creían que no eran competentes para autorizarlo. Hicieron una consulta a la subdirección general de Hidrocarburs por si lo podían autorizar o no. Estos pidieron informe a la abogacía del Estado y aquí estamos», relata Selva. «Nadie sabe quién nos tiene que autorizar», reprocha acto seguido.

Fuentes del Departamento de Acción Climática han reiterado a la ACN que la Generalitat no está facultada para autorizar este proyecto dado que únicamente tiene competencias en materia de distribución de gas, pero no sobre la red de transporte. Confirman que la abogacía del Estado sigue estudiando el tema. Según precisan, cuando|cuándo se trata de conducciones de más de 60 bares de presión –el gasoducto de conexión requeriría 73, uno más que la presión de la red general para introducir el biometano- es en el gobierno español a quien corresponde dar los permisos. Las mismas fuentes sugieren que la empresa tendría que haber iniciado la tramitación con anterioridad.

No lo entiende así Selva, quién asegura haber iniciado los trámites en marzo, después del acuerdo con Enagás, entendiendo previamente que era un proyecto viable y autoritzable. Por otra parte, alerta de que la tramitación del proyecto por parte de la administración española se podría alargar durante un año o un año y medio, poniendo en riesgo la viabilidad financiera del proyecto. Lamenta que uno de los argumentos que juegan en contra sea la obsolescencia de la Ley de Hidrocarburos, del año 1998, porque no previó nunca la posibilidad de inyectar biometano a la red de transporte. Señala, por otra parte, que buena parte de las resistencias del Gobierno tienen que ver con el pesar que genera autorizar un proyecto de gasoducto, aunque pequeño, con una elevada presión.

El precedente del vertedero de Madrid

«No sabemos quién tiene que autorizarnos y quien no. Nos da largas todo el mundo. En una situación de falta de gas después del problema con Argelia y Marruecos es un crimen que una producción que se podría inyectar en el gasoducto no se haga, en más ecológica y renovable, para que nadie aclare a quien es el competente», subraya Selva. Recuerda, por el contrario, que la otra planta de características similares existente en el estado español, la del vertedero de Valdemingómez, titularidad del Ayuntamiento de Madrid, no sufrió este problema y que la conexión, aparte de técnicamente posible, «es legal».

Critican también que las dos administraciones no quieran considerar las propuestas alternativas presentadas por la empresa, como la posibilidad de instalar una conducción de baja presión hasta el gasoducto, donde sería comprimido el biometano para inyectarlo a la red con la presión adecuada. La empresa, alternativamente, estudia la posibilidad de habilitar un sistema de transporte por carretera con contenedores de botellas de alta presión hasta el punto de conexión original de Sant Carles de la Ràpita. La idea, en caso de que no se desencalle antes la madeja administrativa, no se podría poner en marcha antes del próximo marzo.

De momento, a la planta de la Galera sólo se produce el biogás que se quema a través de la antorcha instalada. Poner en marcha la parte de producción de biometano, con un elevado consumo energético, resulta del todo inviable, insisten. La sociedad, que ha tenido que pedir nuevos préstamos para nuevas ampliaciones de capital, asegura que tiene que hacer frente a un gasto mensual de entre 70.000 y 80.000 euros para mantener la estructura productiva, que cuenta con tres trabajadores asalariados. «Las consecuencias son graves: estamos muy ahogados de tesorería porque no podemos vender ni ingresar nada», apunta Selva. De alargarse la situación actual, temen por su viabilidad y continuidad futura.

El proyecto de la planta de biometano de la Galera está impulsado por cerca de 40 socios, entre los cuales empresarios del sector así como inversores particulares, ganaderos, campesinos y cooperativas de la zona interior del Montsià. Cuenta con un capital social superior a los tres millones de euros, de los cuales uno ha sido directamente aportados por los socios y los dos restantes vía financiación bancaria.