Decepción, frustración y miedo por la sentencia absolutoria del Castor

Para el portavoz de la asociación de afectados Aplaca, a Joan Ferrando, la justicia niega la causa porque no puede negar la evidencia de que los terremotos se produjeron y dejan a los «convencidos» de la existencia de un delito ambiental de «mentirosos» y «no haber inventado todo eso» para «hacer daño y tener un beneficio». «No es así», ha defendido. Se sienten «frustrados» por «la manera en que se pronuncia» el tribunal, con una sentencia absolutoria que «compra punto por punto los argumentos de la defensa de los acusados», en el juicio y en la instrucción del caso en el juzgado número 4 de Vinaròs (Baix Maestrat). «Es una decepción más de las que llevamos en el caso Castor», ha lamentado Ferrando.

También cuestionan la celeridad de la sentencia de un caso «complejo» y muy técnico, que se ha emitido dos semanas después de acabar el juicio –un litigio que se alargó cerca de un mes. «Los tentáculos de las élites judiciales y empresariales del estado español han actuado y es una sentencia totalmente injusta que no entendemos cómo se resuelve en quince días con la cantidad ingente de información que tenía la causa», ha apuntado al alcalde de Alcanar, Joan Roig.

En Alcanar duele que los magistrados eximan de responsabilidad a los responsables de Escal rehusando la relación entre la inyección de gas y la crisis sísmica por las diferencias de criterio científico. «Los jueces dicen que pasaban por allí, se produjo la sismicidad, y nadie tiene la culpa y no es así porque hay informes técnicos del IGME (Instituto Geológico y Minero) y el Instituto Geográfico, de los años 2013 y 2014, que lo verifican,» ha recordado Crisitna Reverter, portavoz de la Plataforma en Defensa de les Terres de Sénia. «Es una situación de despilfarro público, económico y ambiental», ha denunciado.

Para la plataforma del Sénia, el banquillo de los acusados en este juicio estaba demasiado vacío porque se tendría que haber juzgado a los técnicos de los ministerios que avalaron la seguridad del proyecto gasístico y de los responsables políticos y empresariales que lo promovieron. De momento, se desconoce si Fiscalía o la defensa de Aplaca recurrirán en el supremo.

Miedo a la reactivación del Castor

Con la sentencia absolutoria, hay miedo y «pánico» para que se abra una rendija para reactivar el proyecto. El Ayuntamiento de Alcanar de la mano de la plataforma del Sénia velará que se desmantelen las instalaciones terrestre y marítima del Castor y hará «un seguimiento todavía más exhaustivo» de la reacción del gobierno español a esta sentencia. «Notamos los terremotos, sabemos que hay una relación de causalidad y no aceptaríamos la reactivación. Es escandaloso», ha apuntado al alcalde. «Visto como ha actuado la justicia, hemos perdido la esperanza, pero no caeremos en el desánimo y la desesperación y lucharemos hasta el final para defender las personas afectadas»; ha dicho Joan Encarnado.

Catorce años de lucha

La primera manifestación contra el proyecto Castor se celebró en agosto de 2007. La portavoz de la plataforma del Sénia se queda con la movilización ciudadana que ha luchado contra «este monstruo» durante catorce años. «El hecho más destacado es que la gente haya salido a la calle, que no se haya quedado en casa y que gracias a la resistencia ciudadana pacífica se ha conocido el desastre que ha sido el proyecto, en el Estado y por toda Europa, y como se tienen que hacer las cosas, que se tiene que escuchar a la gente porque no siempre cuando decimos 'No lo queremos', es 'No queremos nada'», ha destacado Reverter.

Compromís quiere una Comisión en el Senado

Por otra parte, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha hecho un llamamiento a «seguir trabajando para evitar futuros despropósitos similares, que suponen de hecho una administración negligente de los recursos comunes» después de conocer la sentencia absolutoria en los dos exdirectivos y la empresa exconcesionario, Escal UGS. En este sentido, ha vuelto a instar al gobierno español a tomar medidas para «recuperar el dinero robado» y perseguir a los responsables, pidiendo que permita una comisión de investigación del Castor al Senado, como reclama un grupo de 25 senadores.

«No es una buena noticia que, con la sentencia de la Audiencia, se intente avalar la corrección en este proyecto y que no hay culpables de lo que sucedió, porque se sabía ampliamente que nos encontrábamos en una zona de cierto riesgo sísmico. Si la Justicia considera que no hay culpables, debe ahora existir un proceso de investigación parlamentaria, para analizar lo que ocurrió y legislar porque nunca se vuelven a tirar al mar miles de millones de euros,» ha añadido Mulet, reclamando también el desmantelamiento urgente y con garantías de la infraestructura en el mar, operación para la cual, todavía no hay calendario ni partida presupuestaria aunque los sellos provisionales de los pozos lleven cerca de cuatro años caducados.