Judicial
Abren una investigación por presunta prevaricación del Ayuntamiento del Perelló en el proyecto l'Ametlló
Denuncian que la teniente de alcalde, que trabaja en la promotora del parque eólico, negoció contratos con propietarios
La alcaldesa del Perelló, Maria Cinta Llaó, ha declinado hacer declaraciones pero ha remarcado que no han recibido ninguna comunicación sobre la investigación o los presuntos delitos que se indagan.
El proyecto
De los 10 aerogeneradores del proyecto de l'Ametlló, que pasó el trámite previo de la Ponencia de Energías Renovables (decreto 16/2019), tres están en el término municipal del Perelló y el resto en el término vecino de la Ametlla de Mar. El consistorio calero y los vecinos presentaron alegaciones a la evaluación de viabilidad del emplazamiento, pero el Ayuntamiento del Perelló no lo hizo con el argumento que no alegan contra proyectos que afectan mayoritariamente otros municipios, para respetar «la autonomía municipal» de los pueblos vecinos.
La justificación no convence a la Asociación Cova de la Masa, que recuerdan que el consistorio ha alegado contra otros proyectos con impacto en otros términos municipales, como el parque eólico Vandellòs II, pero no lo ha hecho ni con l'Ametllóni con Ampliación Colladetes.
La central eólica Ampliación Colladetes del Perelló es el primero y único nuevo proyecto de renovables de las Terres de l'Ebreque se revolvió por el decreto de emergencia climática 16/2019. El anuncio de la solicitud de autorización se publicó el 26 de octubre, el día anterior que el Gobierno publicara el nuevo decreto de renovables. Desde GEPEC-EdC pusieron en cuestión si la promotora había tenido «información privilegiada».
El Ametllóes una central que afectaría a más de un centenar de propietarios. Según detalla la Asociación Cova de la Masa, las infraestructuras del proyecto afectan a 90.000 metros cuadrados de superficie entre el Perelló y la Ametlla de Mar. En el informe de viabilidad de la Ponencia de Renovables, amparándose en la delimitación de la normativa de las ZDP (anterior decreto energético al 16/2019), se estipulaba que los molinos tuvieran una distancia mínima lineal y visual de 900 metros entre los aerogeneradores y los núcleos habitados y las muchas masías diseminadas que hay en la zona. En cambio, la entidad ha calculado que hay una media de 15 viviendas a menos de 500 metros de los molinos de viento en este proyecto.
Con respecto a la investigación abierta, el presidente de la entidad, David Rosselló, ha apuntado que «desean que la justicia resuelva cuanto antes mejor si ha habido alguna irregularidad».