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Medio Ambiente

El gobierno español sigue adelante con el sellado definitivo del proyecto Castor

La obra, que costará 70 MEUR, requerirá limpiar los restos de petróleo del interior de los pozos monitorizando la sismicidad

La plataforma marítima del proyecto Castor, delante de la costa del Sénia.

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El gobierno español sigue adelante con el sellado definitivo de los pozos del proyecto Castor. Después de que el Tribunal Supremo rechazara el contencioso administrativo presentado por la expromotora, Escal UGS, en contra del desmantelamiento, el Ministerio por la Transición Ecológica ha hecho pública la autorización para que Enagás ocupe terrenos públicos para iniciar la obra. Costará cerca de 70 millones de euros y tienen que acabar en diciembre de 2023. No será una tarea fácil: Enagás tendrá que limpiar los restos de petróleo denso encontrado dentro de los pozos inyectando fluidos y monitorizando cambios de presión que podrían provocar sismicidad. La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha saludado el anuncio como «el principio del fin del proyecto Castor».
El Servicio Provincial de Costas de Castellón publicó el martes en el BOE la solicitud por laocupación temporal de terrenos de dominio público marítimo-terrestre para efectuar los trabajos de sellado y abandono definitivo de los pozos. Con la sentencia del Supremo desvaneciendo cualquiera posible duda jurídica al respeto y más de dos años después de que el Consejo de Ministros anunciara los trabajos, Enagás se prepara, ahora sí, para hacer efectivo el sellado y abandono definitivos de los trece pozos asociados en el almacén de gas submarino Castor.

Unas tareas que se presuponen urgentes, dado que se efectuarán con los sellos temporales instalados en abril de 2016 caducados desde hace varios años, según reconoció recientemente el gobierno español. El programa de ejecución prevé que los trabajos en la plataforma marina se inicien a mediados de febrero de este próximo 2022, para poder finalizarlas en diciembre. En un primer momento, se prevé aislar los pozos de la formación almacén. Enagás sostiene que una vez completada esta operación aislamiento el riesgo de terremotos «deja de existir».

Se trata, sin duda de uno de los aspectos más controvertidos de la operación, sobre todo después de que las inyecciones de gas en periodo de pruebas en el almacén provocaran más de un millar de seísmos a partir de septiembre de 2013. De hecho, según dibuja el proyecto, lo que habitualmente es una operación aparentemente sencilla y rutinaria, en la práctica no lo será tanto. El problema, según admite Enagás, es la presencia de un fluido «altamente viscoso y denso en el interior de los pozos», que obligará a limpiarlo para garantizar la adherencia del sellado de cemento.

Se trata, con toda probabilidad, de petróleo que no pudo extraer Shell durante la explotación del yacimiento durante los años 70 y 80 del siglo pasado. Su presencia en el interior del almacén, supuestamente inadvertida por Escal UGS en el momento de diseñar y empezar a operar el proyecto, podría haber condicionado decisivamente el fiasco final de las inyecciones. Expertos consultados por ACN, además, muestran su sorpresa ante el hecho que este petróleo denso –que se conoce popularmente como en 'xapapote'- haya aparecido ahora en unos pozos de producción que, según declararon al reciente juicio en la Audiencia de Castellón los entonces responsables de Escal UGS, no se habrían utilizado en ningún momento para intentar extraer gas.

Así pues, esta operación de limpieza se ejecutará, según precisa Enagás al mismo proyecto, tratando de evitar la inyección de fluidos en su interior para que «el riesgo de sismicidad inducida sea el menor posible». La idea inicial es poder instalar, previamente, un tapón de fondo para, posteriormente, inyectar unos 1.700 metros cúbicos de fluidos de limpieza –agua de mar en un 90% y productos químicos-, que tendrán que ser recuperados en superficie.

Los riesgos de inyectar más fluidos

Pero si la suciedad acumulada impide la instalación del tapón de fondo, advierte la compañía encargada de los trabajos, habrá que limpiar el pozo antes de la instalación, una tarea que se tendrá que hacer «evitando la inyección de cantidades significativas de fluido al yacimiento y con una monitorización continua de la presión de lo mismo, mediante los sensores instalados en los pozos de observación.»

Delante de todo, el proyecto ha previsto un protocolo de actuación ante la sismicidad, elaborado para|por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que permita «minimizar» el riesgo durante las operaciones de sellado y abandono «teniendo en cuenta también la alarma social que se pueda suscitar». El protocolo está basado en un sistema de semáforos, con un sistema de alertas en el caso de detección de terremotos –a través de la red de sismógrafos del IGN o los del Observatorio del Ebro- en un área de 20 kilómetros en torno a la plataforma Castor. En función de los umbrales que pudieran alcanzar los seísmos y los valores de presión en el interior del almacén, se activaría un protocolo a partir del cual las tareas se detendrían, se mantendrían en alerta o continuarían.

El proyecto tiene un coste de 69,65 millones de euros, según los cálculos hechos públicos por la misma Enagás. La contratación de los servicios integrantes, con 31,18 millones, así como la movilización de un 'Jack-up' especial, una plataforma móvil de perforación auto-elevadora utilizada por este tipo de trabajos en el mar del Norte, con un coste de 20,36 millones, son las partidas más voluminosas del presupuesto. Está previsto que en las tareas participen un centenar de trabajadores.

Paso previo al desmantelamiento

A pesar de lamentar que el coste de esta obra recaerá, nuevamente, sobre los bolsillos de la ciudadanía, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha celebrado el anuncio ministerial como un clavo prácticamente definitivo en el ataúd del proyecto Castor. «Ya es una buena noticia. Si después de todos estos año conseguimos que dentro del mar no es hará nada, ya será una buena cosa. Y si queda todo tapado, la plataforma marina ya no sirve para nada: es un estorb y se tiene que sacar», ha afirmado el portavoz de la entidad, Evelio Monfort. El proceso total de desmantelamiento, según ya adelantóACN, podría suponer un coste de unos 260 millones de euros.

El movimiento social que lucha desde 2007 en contra del almacén de gas submarino ha manifestado también su indignación ante la pretensión del accionista mayoritario del exconcesionario, el grupo ACS de Florentino Pérez, de estudiar la reclamación de posible lucro cesante al estado español después de la sentencia que ha absuelto a sus dos exdirectivos de causar los terremotos. Después del fracaso de las inyecciones en periodo de pruebas, Escal UGS renunció al proyecto y lo devolvió al Estado en julio de 2014 sin haber llegado a ponerlo en marcha. El gobierno del PP aprobó indemnizar a la empresa con 1.350 millones de euros.

«Si no has acabado la obra, no tienes derecho ni a cobrar. En cambio, aquí se paga toda la deuda de la empresa y todavía dicen que han perdido dinero. Alguien nos tendría que explicar cómo se pierden, cuando|cuándo en un principio ente diciendo que costaría 500 millones, después 800 y, al final, ha costado 1.400. ¿Pierden dinero? ¿Y ahora se atreven a decir qué pedirán lucro cesante? ¿De qué? ¿Si no has acabado la obra, si produjiste los terremotos porque no hiciste los estudios que te pedían?», ha inquirido Monfort.

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