Judicial
Anulada la licencia de obras del vertedero de Riba-roja, en marcha desde hace dos años
El juzgado contencioso administrativo de Tarragona argumenta que la ubicación no está lo bastante justificada y da la razón a los doce ayuntamientos demandantes
Anulada la licencia de obras del vertedero de Riba-roja, en marcha desde hace dos años
El juzgado contencioso administrativo número 1 de Tarragona ha anulado la licencia de obras en el vertedero de Riba-roja d'Ebre, que entró en funcionamiento desde hace justo dos años. La sentencia da la razón a los doce ayuntamientos de la Ribera de Ebro y el Segrià que llevaron el caso a los tribunales. Argumenta que la licencia de obras concedida por la junta de gobierno de Riba-roja en abril de 2019 es nula ya no por|para defectos formales de tramitación sino para|por una cuestión de fondo. Concretamente, que la ubicación de las instalaciones en suelo de protección especial, en el paraje de las Valls, no disponía de la «mínima justificación» sobre la imposibilidad de situarlo en otro lugar urbanísticamente compatible.
Finalmente, el mismo juzgado contencioso administrativo número 1 de Tarragona, que descartó entonces paralizar cautelarmente las obras para finalizarlo, ha acabado ahora anulando la licencia de obras con las instalaciones en marcha. El recurso pedía que se declararan nulos de lleno derecho la licencia y el Plan Especial Urbanístico Autónomo del año 2013, sobre la cual se sustentaba el permiso municipal.
La sentencia asume que su anulación viene dada por razones de fondo, más que no por defectos de forma o de tramitación. Se trata de un elemento «relevante» que se tendría que haber estudiado: «la posibilidad de ubicar el centro de valorización en un lugar alternativo». Según recuerda el magistrado, el Plan Territorial Parcial de las Terres de l'Ebre, como norma general de aplicación, determinaba que las infraestructuras que «necesariamente» se ubiquen en suelo de protección especial, como es el caso, requieren una «mínima justificación» en este sentido. En otras palabras, que la excepcionalidad «tiene que quedar debidamente demostrada».
Y este no habría sido el caso, según razona de forma tajante el texto. Más todavía, recuerda que la misma Ley de Urbanismo considera esencial que se valoren diferentes alternativas a las actividades que se implanten a partir de los planes especiales, como lo que se aprobó para dar cobertura desde el punto de vista de la legalidad urbanística en la instalación. En el caso del vertedero de Riba-roja, este plan no incluyó la documentación con análisis de diferentes alternativas ni la justificación. Una «omisión» que considera de «gravedad invalidante» por «infringir los valores medioambientales y el principio de jerarquía normativa», según la sentencia.
La declaración de nulidad de la licencia todavía puede ser objeto de recurso de apelación delante de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicía de Catalunya (TSJC). La presentación más que probable de este recurso supondrá que, en la práctica, las instalaciones puedan continuar operativas. De momento, el alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antoni Suárez, ha declinado hacer valoraciones concretas sobre la sentencia hasta reunirse con juristas y técnicos, si bien ha asegurado mostrarse «tranquilo».
«Cargada de pilas» para los opositores
Por su parte, los representantes de los ayuntamientos que se han opuesto activamente al proyecto y lo han llevado a los tribunales han celebrado el sentido de la sentencia. «Es una cargada de pilas después de la batalla que tuvimos unos cuantos ayuntamientos para parar esta aberración. Que un juzgado nos dé la razón por una cuestión de fondo nos pone muy contentos y con ganas y energía para seguir plantando batalla porque eso seguro que no se acaba aquí y el objetivo final que esta aberración que se ha puesto en el territorio acabe cerrada», ha declarado el alcalde de la Torre de l'Espanyol,Joan Juncà, convencido que el Ayuntamiento de Riba-roja y la empresa recurrirán ante el TSJC.
A pesar de la satisfacción, Juncà ha lamentado que la sentencia llegue precisamente más de dos años y medio después de presentar el recurso y meses antes de que entrara en funcionamiento el vertedero promovido por Lestaca –sociedad de los grupos Grinyó y Urbaser-. «Es como funcionan las cosas en este país: una cosa tan grande, una instalación de este nivel se deja que salga adelante sin cautelares ni nada y después de dos años te dan la razón. Pero el mal ya está hecho. Aunque es un contrasentido lucharemos hasta las últimas consecuencias», ha cerrado.