Presentan un recurso contra de la licencia ambiental de la planta de compostaje de Santa Bàrbara

El grupo conservacionista Gepec ha presentado, con el apoyo de la entidad vecinal Amevesaba, un recurso de reposición en contra del decreto del Ayuntamiento de Santa Bàrbara (Montsià) otorgando la licencia de actividad a la planta de compostaje que proyecta la empresa Ecompost del Ebre. Piden su nulidad y aducen que el gobierno municipal en ningún momento fundamentó de forma argumentada el rechazo a las alegaciones presentadas para parar el proyecto. Añaden que el consistorio habría tenido que exigir la evaluación de impacto ambiental al promotor, porque la planta afecta espacios naturales protegidos próximos. También recuerdan que la instalación se podría detener, de acuerdo con las normas subsidiarias municipales.

El recurso tuvo entrada en el registro municipal el 2 de marzo pasado y, según las entidades, el consistorio tiene ahora un mes para darle respuesta. El 2 de febrero pasado, el alcalde de Santa Bàrbara, Antonio Ollés, firmaba el decreto otorgando la licencia ambiental al controvertido proyecto tres meses después de que el consistorio recibiera el informe ambiental integrado del Consell Comarcal del Montsià y rechazara todas las alegaciones. Ya en aquel momento, Amevesaba ya anunció la presentación de un recurso de reposición, que finalmente ha materializado la entidad ecologista Gepec.

Precisamente, uno de los principales argumentos en los que se basa el recurso incide sobre la falta de respuestas fundamentadas y motivadas por parte del consistorio a los aspectos del proyecto que los vecinos ponen en entredicho. Según explican, el gobierno municipal derivó sistemáticamente la responsabilidad de las competencias sobre aspectos ambientales de la planta hacia administraciones superiores, la Generalitat, sin explicitar como se vigilarían las afectaciones por malos olores -la planta se situaría a poco más de cuatro kilómetros del núcleo urbano- o la posible contaminación de los importantes acuíferos subterráneos de la zona.

«Para dar la licencia ambiental tienes que ser conocedor de todos los vectores que chocan con el derecho de recibir una respuesta razonada de la ciudadanía. Eso no se ha respetado», ha manifestado el abogado ambientalista Ivan Hortigüela, del gabinete Insta, encargado de redactar el recurso.

Los recurrentes aducen que la tramitación del proyecto, previamente a la concesión de la licencia, tenía que incluir, como mínimo, una evaluación de impacto ambiental simplificada que en ningún momento se solicitó a la promotora. Incluso, consideran que resultaría preceptivo que esta evaluación ordinaria, más compleja, ante la proximidad a la zona de espacios protegidos por la Xarxa Naturaleza 2000, como el macizo de los Ports o la Sierra de Godall. Se trata, además, de un espacio declarado de interés faunístico como zona de caza del águila perdicera, especie en peligro de extinción y fuertemente protegida, con una importante función de corredor biológico, aseguran.

También piden que se reconozca la incompatibilidad urbanística de la ubicación. Según recuerdan, si bien las normas subsidiarias admiten este tipo de plantas en terreno no urbanizable, también imponen condiciones. En este caso, descartan que se puedan poner en marcha instalaciones que emiten humos o gases, como sería el caso, cerca de caminos y carreteras –la planta se sitúa justo al lado de la T-1025. Según Hortigüela, además, la tramitación urbanística requería la aprobación previa de un plan de actuación específica, que no se ha efectuado.

Expediente de protección de la legalidad urbanística

El recurso también reclama que se inicie un procedimiento de protección de la legalidad urbanística por el derribo de edificaciones dentro del área del proyecto sin contar con los preceptivos permisos municipales. Las entidad argumentan, en este caso, que las edificaciones contenían restos de fibrocemento y que el promotor no habría gestionado adecuadamente ni retirado, siguiendo la normativa vigente.

El recurso, según ha admitido uno de los portavoces de Amevesaba, Enric Lange, es uno de los últimos cartuchos que tiene la entidad para intentar parar el proyecto en la vía administrativa. En caso de que fuera desestimado, quedaría entonces sólo abierta la vía del contencioso administrativo. Un camino que tampoco descartan, a pesar del elevado coste económico que podría suponer, ante las posibles afectaciones, según aseguran, que tendría la planta para el vecindario. El viernes por la noche la entidad ha convocado una asamblea vecinal para informar de los últimos pasos efectuados.

«Estamos viendo la prostitución del territorio, que sea un reclamo para que venga otras empresas», ha denunciado el presidente de Amevesaba, Lluc Roig, minimizando los beneficios que estas instalaciones pueden a traer al territorio. «Es una bestiada, para que cuando empiece el coche eléctrico y se tengan que hacer cementerios de baterías puedan venir aquí», ha alertado. Los vecinos recuerdan las diversas instalaciones de residuos ya en marcha a la plana interior del Montsià –el vertedero del Mas de Barberans, plantas de tratamiento de sansa o biometano- e, incluso, que la promotora de la planta de compostaje podría acabar multiplicando las 25.000 toneladas anuales de estiércol anunciadas incorporando las aportaciones de estiércol de todas las granjas vinculadas a sus socios.