Un informe jurídico concluye que las concesiones de las presas del Ebro se podrían revertir para retener sedimentos

En su denuncia presentada al principio de año en la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona, y ahora trasladada a Tortosa, la Asociación Sedimentos apuntaba, precisamente, hacia las carencias en la gestión de estos elementos de seguridad como argumentos de cargo principales. Por una parte, porque, en el caso de una avenida importante del Ebro, podrían impedir las maniobras requeridas para gestionar el elevado caudal con seguridad río abajo, provocando el salto del agua y posible rupturade la presa con consecuencias potencialmente catastróficas. En el trasfondo, sin embargo, su supuesta inoperativitat tiene graves efectos ambientales, impidiendo la necesaria llegada de sedimentos a un delta del Ebro que se hunde y retrocede de forma alarmante durante las últimas décadas.

El dictamen encargado al profesor de la Universidad de Extremadura recoge de forma metódica la base legal que sustenta estos fundamentos. Recuerda que, a partir de los años 60 del siglo XX, las sucesivas normativas de seguridad para la explotación de las presas con centrales hidroeléctricas-amb concesiones por75 años -Flix, en marcha desde 1948; Mequinenza, 1964; y Riba-roja, 1967- exigían la instalación de desagües de fondo con capacidad suficiente para controlar la maniobra de cumplimentación y vaciar rápidamente los pantanos cuando fuera necesario. El funcionamiento de este mecanismo de seguridad requiere una revisión «como mínimo cada seis meses».

En el 2021 pasado el gobierno español aprobó un nuevo decreto regulando las normas técnicas de explotación que daba a los concesionarios un periodo de adaptación para cumplir las renovadas exigencias de seguridad durante los próximos años. Brufao apunta, en este sentido, que no dispone de la información administrativa de la CHE que acredite si las presas ya cumplen esta norma pero recuerda que el organismo de cuenca nunca ha actuado de oficio para exigir el «cese inmediato de la retención de sedimentos».

Posibles responsabilidades penales

Si se acaba demostrando este escenario, apunta, podrían existir, incluso, responsabilidades penales para el concesionario de las presas. El informe recuerda que el Código Penal castiga a quien, de forma directa o indirecta, acumule sedimentos y cree depósitos dentro del dominio público hidráulico, causando daños al suelo, las mismas aguas o animales o plantas. También, paralelamente, se le podrían exigir responsabilidades ambientales al operador de las presas porestos daños y fiscalía podría intervenir activamente para evitar la retención. En el caso del pantano de Riba-roja, entiende que el Ayuntamiento de Mequinenza podría reclamar responsabilidades patrimoniales porlos efectos que la acumulación de sedimentos procedentes del Segre genera en varias instalaciones municipales.

Según recuerda el dictamen, este fenómeno entra en contradicción con la normativa de previsión hidrológica y los efectos de la explotación de las presas en hábitats protegidos, como es el caso concreto del delta del Ebro, considerado como Zona Especial de Conservación. Una zona que, de acuerdo con la normativa, los sedimentos tienen que mantener como mínimo el área de distribución actual conocida», cuestión que se incumple de forma flagrante, precisa. El estudio y planificación de la movilización de los sedimentos fue incorporada a los debates para aprobar el nuevo PlanHidrológico de la cuenca, que se tiene que aprobar en breve.

Brufao señala también, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Ambiental estatal, que la inoperabilidad de las compuertas de fondo, con la consiguiente retención de sedimentos que supone, implicaría una responsabilidad ambiental de las empresas gestoras de las presas y lesobligaría a dar respuesta a los daños sobre hábitats, especiesy aguas, incluidas la ribera fluvial y la costa marina, así como introducir medidas de prevención.

Son argumentos, concluye, que tendrían que servir para que la Generalitat –con competencias en el tramo catalán- y el gobierno español establecieran mecanismos de colaboración para evitar los efectos de la acumulación de sedimentos y exigir medidas inmediatas a Endesa Generación para evitarla, llegando a la ejecución forzosa, si se diera el caso.

«Dejadez de funciones»

«Nadie lo había puesto sobre la mesa porque sólo están las cosas a las cuales interesen algunos sectores y denunciamos una dejadez de funciones. Esperamos que el poder judicial, la Fiscalía de Tortosa, que ahora tiene nuestra denuncia, y las instituciones políticas hagan alguna cosa al respecto. Empieza a ser flagrante», ha razonado el portavoz de la Asociación Sedimentos, Josep Juan.

Según ha recordado, el dictamen encargado a Brufao saca a la luz «aspectos de las concesiones» que hasta ahora eran «desconocidos» tanto paralas administraciones del territorio como paralas entidades ambientalistas. Especialmente, en el ámbito del mantenimiento y la seguridad en la explotación de las presas. «No se trata sólo de hacer negocio con la energía hidroeléctrica, sino que de hacer el mantenimiento adecuado, que todo parece apuntar que no se ha hecho,» suscribe., En esta línea, subraya las vías jurídicas y administrativas que propone para pedir responsabilidades y forzar Endesa a cumplir sus obligaciones. «Incluso la CHE puede rescindir su concesión», enfatiza Juan.

En un contexto de cambio climático acelerado y de fenómenos extremos, además de los impactos ambientales que tiene la retención de sedimentos para el Delta, recuerda que la posibilidad de una gran avenida, como históricamente se ha producido, es posible. «Puede devolver haber una riada de 10.000 metros cúbicos por segundo y la presa de Riba-roja no podría evacuar esta agua porque los desagües de fondo no están operativos. Eso pone en peligro todos los pueblos río abajo», valla.

Pruebas anuales sin hacer circular agua

Por su parte, Endesa Generación ha declinado comentar las conclusiones del informe con el argumento que desconoce su existencia y su contenido literal. La compañía ha asegurado en anteriores ocasiones a la ACN que cada año se hacen pruebas de funcionamiento de los mecanismos de aperturade estos sistemas de seguridad -la compuerta y las dos cámaras interiores- que habría que abrir para acelerar el desembalse de agua.

Endesa asegura que se presentan «planes de mantenimiento y emergencia» y que están «técnicamente preparados» para responder a los requerimientos del regulador, la CHE. Con todo, precisan que no están obligados a comprobar que porlos desagües pasa el agua porque el regulador no lo pide y la operación supondría activar el plan de emergencia. La compañía reitera que en la pared de la presa no se acumulan los sedimentos y que, por lo tanto, no bloquearían la entrada de agua en los desagües.