El movimiento Mai Més Peatges lleva al juzgado la falta de inversiones en seguridad en las autopistas

El movimiento Mai Més Peatges, que reúne plataformas y entidades en contra del pago por circular, ha llevado al juzgado la falta de inversiones en seguridad en las autopistas. La denuncia, presentada a los juzgados de Amposta, recuerda las responsabilidades del Ministerio de Transportes, la Dirección General de Tráfico, el Departamento de Vicepresidencia y el Servicio Catalán de Tráfico en la gestión de la circulación y el mantenimiento desde la liberación. Los vecinos reprochan la suspensión del servicio rápido de grúas en caso de accidentes ante el incremento de los siniestros los últimos meses. Reclaman el tercer carril en todo el trazado, construir nuevos accesos, zonas de descanso y protocolos efectivos de actuación.

La entidad quiere que la denuncia sirva para que las administraciones competentes asuman responsabilidades y corrijan la falta de previsión que, aseguran, está lastrando gravemente la movilidad por las autopistas liberadas hace justo un año –el tramo norte de la AP-7, laAP-2, la C-32 norte y la C-33. «Queremos que se investigue y que las medidas tomadas tenían que estar con tiempo», ha subrayado el portavoz de Mai Més Peatges, Llorenç Navarro.

Los vecinos creen que se plantean de forma sesgada y sobredimensionada los problemas que acumulan los últimos meses las vías rápidas liberadas, y que atribuyen a la falta de previsión de estas administraciones. Eso, lamentan, ayuda a generar un clima de opinión que justifique la introducción de medidas de pago por circular,favoreciendo los intereses de las grandes empresas constructoras del sector.

«Los que queremos que sean públicas las vías y no se privaticen, queremos que se fiscalice la actuación básica de la administración, no permitan que se ponga la vida de las personas en peligro y se dejen de hacer postureo político enlas operaciones salidas y vuelta. No puede ser que haya más de un 300% de aumento de personas atropelladas dentro de la autopista», ha lanzado Navarro.

Entre los puntos básicos de la denuncia figura la supresión del servicio de grúa rápida para retirar vehículos averiados o accidentados en menos de 20 minutos desde la liberación, a pesar del incremento de accidentes graves y mortales registrados, en muchos casos, en pocas horas de diferencia y en zonas muy próximas. Reprochan que se han reducido los recursos para mantener la seguridad y garantizar la fluidez del tráfico, especialmente a partir de la obligatoriedad de desviar todo el tráfico pesado hacia la autopista con el pretexto de liberar la carretera N-340.

La AP-7, saturada desde 1998

Todo eso, recuerdan, no ha llegado acompañado de las inversiones que consideran imprescindibles en materia de ampliar el flujo de tráfico que absorbe la vía. Piden, más allá de la previsión de darlo por tramos concretos, construir un tercer carril a todo el trazado de la AP-7. Una vía rápida, según ha recordado al portavoz de Mai Més Peatges, Josep Maria Batet, que alcanzó el pico de saturación a partir del año 1998 y que, en algunos tramos, llega a superar al doble de la capacidad de diseño prevista. Matiza que, desde este momento, el tráfico se ha incrementado después de crisis económicas y pandemias y subraya, así, que el problema ya viene de lejos.

Otra de las carencias importantes, añaden, es la inexistencia de protocolos claros y efectivos que eviten los atascos kilométricos cuando se producen siniestros. Reclaman que se establezcan modelos de actuación que permitan reaccionar de forma efectiva y ágil, con opción de desviar el tráfico por vías alternativas como la N-340 y se evite retener durante horas muchos conductores, que aseguran se desplazan por motivos laborales principalmente.

El Montsià, la única comarca sin acceso

Para hacerlo posible, insisten, hay que construir también nuevos accesos a la autopista en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Este sería el caso de la del Montsià, la única comarca catalana que todavía no tiene ninguno, ha recordado otro de los portavoces, Enric Lange. Según ha recordado, el tramo entre Amposta y Ulldecona es conocido por su alta accidentalidad y, en cambio, queda comprendido en un tramo de 25 kilómetros sin accesos. La denuncia también señala deficiencias en las vallas de contención y apunta como zona más crítica el paso de la AP-7 sobre el Ebro en Amposta, con una «débil barandilla para peatones».

La entidad reclama también que se doten las vías rápidas de más áreas de descanso, especialmente para los conductores profesionales, y mejoras en las áreas de servicio. Recuerdan, sobre estos últimos espacios, que su licitación permite en buena medida financiar el mantenimiento de las autopistas y permite situar su coste de mantenimiento por debajo del de una carretera nacional, aduce Navarro.