Urbanismo
El TSJC avala la «vigencia y la legalidad» del plan urbanístico del vertedero de Riba-roja d'Ebre
El tribunal revoca la anulación de la licencia de obras del juzgado contencioso administrativo número 1 de Tarragona
![Panoràmica de la primera de quatre cel·les que es construeix a l'abocador de Riba-roja d'Ebre.](https://imagenes.diarimes.com/files/image_large/uploads/2023/11/23/655f5d300ca08.jpeg)
El TSJC avala la «vigencia y la legalidad» del plan urbanístico del vertedero de Riba-roja d'Ebre
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avala la «vigencia y la legalidad» del Plan Especial (PE) del vertedero de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre). El tribunal ha estimado los recursos de apelación interpuestos por la empresa Lestaca Proyectos SL, la Generalitat y el Ayuntamiento de Riba-roja y ha revocado la sentencia del juzgado contencioso administrativo número 1 de Tarragona, que anuló el PE y la licencia de obras. En la sentencia que ha tenido acceso ACN, y que ha avanzado el Setmanari de l'Ebre, el juez dictamina que no se puede anular el plan por «simples defectos formales», los cuales ya se habrían enmendado. El alcalde del municipio, Antonio Suárez, ha dicho que la resolución «ofrece seguridad jurídica» al consistorio y al gobierno.
El juzgado contencioso administrativo 1 de Tarragona anuló y dejó sin efectos el acuerdo de la junta de gobierno local de Riba-roja d'Ebre, del 4 de abril de 2019, que aprobó la concesión de la licencia de obras a la empresa Lestaca Proyectos S.L. para construir el centro de valorización y disposición de residuos de clase II en el paraje de Les Valls. La misma sentencia del contencioso también consideró nulo el Plan Especial.
Contra esta resolución interpusieron un recurso de apelación el Ayuntamiento de Riba-roja, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y la compañía Lestaca. Las partes rechazaron que la «impugnación indirecta» del PE se basara en defectos de forma o tramitación y también alegaron que el plan debería de ser objeto de evaluación ambiental por los diferentes organismos sectoriales que tienen las competencias.
Por su parte los consistorios de Almatret, Maials, Benissanet, Garcia, Miravet, Móra d'Ebre y Móra la Nova, la Palma d'Ebre y Vinebre defendieron la sentencia apelada, considerando que era un «defecto material la ausencia» de un estudio sobre posibles alternativas de ubicación del vertedero. Asimismo, alegan a los ayuntamientos, la ausencia de los informes de impacto ambiental y el relativo a la necesidad de ubicación «supondría que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento y, por eso, el PE tendría que ser nulo».
En la resolución, el magistrado de la sala segunda del TSJC indica que según las múltiples sentencias del Tribunal Supremo sobre la impugnación indirecta de una disposición de carácter general, «no es posible invocar defectos formales en su tramitación», en relación con la demanda de un estudio alternativo sobre posibles ubicaciones. Además, añade que los defectos u omisiones en informes- incluso preceptivos- en materia de planteamiento urbanístico son «vicios formales o de procedimientos» que sólo pueden ser invocados a través de un recurso directo contra las disposiciones generales, quedando excluidos los indirectos, como pasa en este caso».
Por todo ello, el juez considera que no es posible anular el plan urbanístico mediante el mecanismo de su impugnación indirecta alegando defectos formales en su procedimiento de aprobación. «En su caso, se tendría que haber aducido con el recurso directo que se podía interponer contra el plan», señala el magistrado. Por lo que, se estiman los recursos de apelación y se revoca la sentencia del contencioso administrativo. Así, mismo, mantiene el pronunciamiento de inadmisión de los recursos de los ayuntamientos de Deltebre, Ginestar y al Torre de l'Espanyol y retrotrae las actuaciones del Juzgado de instancia para que dicte nueva sentencia.
Valoración positiva
El alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antonio Suárez, se ha mostrado muy satisfecho por la resolución judicial y ha afirmado que asegura la viabilidad del consistorio para las próximas tres décadas. «Estamos muy contentos con la sentencia porque declara el plan especial legal y vigente», ha expresado a ACN. Además, ha dicho que la resolución ofrece seguridad jurídica tanto al consistorio, como a la Generalitat y a la empresa. A partir de ahora, sostiene, exigirán a Lestaca Proyectos el cumplimiento 100% de los compromisos y acuerdos del convenio firmado en el año 2019, sobre todo la creación de puestos de trabajo.