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ENERGÍA

El Baix Ebre y la Terra Alta suman casi el 40% de los molinos de todo el territorio catalán

Las Terres de l'Ebre suman 52 nuevos aerogeneradores

Mapa de distribució a Catalunya dels projectes eòlics en servei.

El Baix Ebre y la Terra Alta suman casi el 40% de los molinos de todo el territorio catalánACN

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La Segarra y la Ribera d'Ebre concentran más de la mitad de los molinos eólicos que los gobiernos catalán y español están tramitando por toda Cataluña.

Según datos de Territori analizados por la ACN, las dos administraciones están valorando 22 posibles parques eólicos que sumarían 170 aerogeneradores, de los cuales 55 se instalarían en la Segarra y 52 en la Ribera d'Ebre en 12 de los proyectos. Si todas las solicitudes en curso salen adelante, ocho de cada diez nuevos molinos se situarán en Ponent y Terres de l'Ebre.

Las dos regiones ya acogen 538 de los 846 aerogeneradores que están en funcionamiento en el país, casi dos de cada tres. Con respecto a la energía fotovoltaica, el Segrià concentra casi una de cada cuatro hectáreas de plantas solares en trámite.

Con respecto a las Terres de l'Ebre en concreto, destacan las propuestas de nuevos parques eólicos en la Ribera de Ebro, que sumaría 52 nuevos aerogeneradores –con una potencia de 289,39 MW- en los 21 que hay hasta ahora. Los proyectos en curso en el Baix Ebre, con cuatro aparatos, y a la Terra Alta, con uno, son sensiblemente inferiores a los de su comarca vecina. Los dos territorios ya encabezan el ranking a nivel catalán, ya que en total suma casi cuatro de cada diez molinos ya en funcionamiento. La multitud de proyectos de energía renovable que se han establecido en la zona han creado rechazo a varios sectores de municipios ebrenses. De hecho, mientras batallan con las grandes energéticas, los consistorios han apostado en este último mandato por la regulación urbanística, las herramientas de protección del entorno y proyectos de autoconsumo que les permitan no depender. Varias voces han criticado que se estén «trinchando» paisajes, negocios y proyectos de vida del territorio, a la vez que opinan que el decreto 16/2019 creaba una «burbuja especulativa».

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