Un grupo de 22 propietarios demanda al Estado por la regresión del Delta del Ebro

Un grupo de 22 propietarios de propiedades agrícolas del litoral norte del Delta del Ebro ha demandado al estado español para exigirle responsabilidades delante de lo que consideran «inacción» a la hora de defender el espacio delante de los problemas de regresión, subsidencia y salinización fruto de la gestión del río durante los últimos 60 años. La demanda, presentada este miércoles ante la Audiencia Nacional, incorpora una petición de responsabilidad patrimonial que cifra en 22 millones de euros los perjuicios económicos para los propietarios de estas fincas -en términos de pérdida de terreno y producción-, una cifra que elevan a 600 millones en todo el Delta. Reclaman al gobierno español que actúe de forma urgente y decidida con medidas efectivas para proteger el espacio.

Presentada este miércoles ante la sala del contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con la representación del Col·lectiu Ronda, la demanda incorpora informes técnicos que argumentan, principalmente, que la construcción y puesta en marcha de las presas de Mequinenza, Riba-roja d'Ebre y Flix, durante la década de los años 60 del siglo, pasado, así como la gestión hidrológica posterior que ha efectuado el estado español de la cuenca del Ebro, ha privado al Delta de los sedimentos necesarios para su preservación.

Esta drástica reducción de las aportaciones en el tramo final del río, argumentan los propietarios, ha tenido consecuencias de primer nivel en el retroceso continuado de la línea costera, ayudando decisivamente a la regresión de la línea costera, la entrada del mar y la salinización del terreno. «Aquí se nos ha confiscado, porque no se nos ha expropiado, una parte del Delta que se encuentra en el fondo de estos embalses», ha clamado el ingeniero Josep Maria Franquet, autor, junto con el también ingeniero Miquel Àngel Albacar, de los estudios técnicos que han fundamentado técnicamente la demanda.

Un escenario, aseguran, que los gobiernos españoles, tanto durante el franquismo como posteriormente, conocían perfectamente, gracias a varias medidas legislativas y estudios. «Pero desde los años 60 hasta los 2020 la administración no ha hecho prácticamente nada. Desde entonces sólo hay planes de hacer cosas», ha abundado Franquet. Por ejemplo, argumentan, el gobierno franquista promulgó el año 1973 un decreto de saneamiento del Delta del Ebro con varias medidas para revertir la degradación del espacio con varias medidas de las cuales sólo se ejecutó una pequeña parte.

Las presas, causa directa

El Col·lectiu Ronda ve, en este sentido, fundamentada por esta vía la reclamación patrimonial. «Es un claro ejemplo de inactividad administrativa y de responsabilidad de la administración hacia el territorio. Se construyeron unas presas, que son causa directa con la regresión del Delta. El hecho de que la administración tuviera conocimiento de esta situación y teniendo el deber legal de actuar y no ha hecho», ha asegurado la abogada Mariona Torra.

Por el contrario, la respuesta inicial del Ministerio para la Transición Ecológica a la reclamación, según la letrada, fue «aparte de no hacer actuaciones, no dar respuesta», hecho que ha precipitado la demanda a raíz del «silencio administrativo». Según el Col·lectiu Ronda, la demanda es pionera porque pone de manifiesto la inacción de la administración y le reclama que ejerza sus competencias de protección y conservación de la costa, como reconoce la Ley de Costas de 1988 o la Responsabilidad medioambiental de 2007.

La demanda, en este sentido, reclama al Estado «soluciones reales efectivas y rápidas mediante las cuales se consiga el cese inmediato de la situación actual» de regresión e incremento de la salinidad, dotando «de los caudales líquidos y sólidos suficientes en el tramo final del río». Una de las afectadas, Marcela Otamendi, ha lamentado que mientras continúa la inacción administrativa para preservar el Delta, el gobierno español sigue los trámites para aprobar un nuevo apeo de la zona marítimo-terrestre reconocen la pérdida de una franja en algunos puntos de centenares de metros de litoral.

«Qué lástima no haber llevado la misma prisa para llevar a cabo las acciones necesarias para salvar el Delta con tecnología y experiencia del siglo XXI que tan buenos resultados da por todo el mundo», ha recriminado, reconociendo los recientes esfuerzos de la Generalitat con el Plan Delta y la aportación, aunque «insuficiente», de arenas por parte del Estado. «Esperamos ver pronto las dragas marinas», ha cerrado.

Reclamación patrimonial

De forma paralela, los propietarios -entre los cuales hay dos empresas agrícolas afectadas- han presentado una reclamación patrimonial por los daños ocasionados por la pérdida de terreno y de productividad de los arrozales. «La primera de las afectaciones ha sido la salinización de los terrenos, haciendo que la producción del Delta del Ebro sea inferior a la de otras zonas de España. Eso es un 40% del perjuicio», ha apuntado Albacar.

«Aquí el rendimiento del arroz que se produce es de un 81% respecto la media estatal», ha precisado Franquet. «¿Eso quiere decir que los agricultores nuestros no saben tanto, tiramos menos abono, no sabemos tratar las plagas, no hacemos bien las tareas mecánicas? Pasa que las aguas están salinizadas y las tierras también por la falta de aportaciones del río»

La pérdida de terrenos delante del mar, se calcula en un 23%, así como su potencial agrícola. También se calcula los efectos del temporal Gloria y los planes del Ministerio para la Transición Ecológica de zonas de acomodamiento. En total, serían 22 millones de euros que acreditan los demandantes, cifra qué extrapolada al resto del Delta podría ascender a 540 o, incluso, 600 millones.