El radar de la AP-7 en Amposta es el que más recauda de Cataluña

El Servei Català de Trànsit (SCT) interpuso 758.659 multas por exceso de velocidad por todo el país el año pasado, es decir, una media de una sanción cada 42 segundos. El importe reclamado por la autoridad a los infractores en total llegó a los 83 millones de euros. Las cifras son similares a la media de los diez últimos años, según datos del SCT obtenidos por ACN. En declaraciones a la Agència, la autoridad niega un afán recaudatorio y justifica los 200 radares en funcionamiento, 40 de los cuales, de tramo, con una reducción de accidentes con muertos o heridos graves «de entre el 65% y el 80%» en las zonas donde hay cinemómetros. El de tramo de la AP-7 entre Ulldecona y Amposta (Montsià) y el de la C-31 en Castell d'Aro (Baix Empordà) son los que más multan en Cataluña.

Según los mismos datos, los dos radares cazaron casi 60.000 conductores el año pasado cada uno, cosa que se ha traducido en multas que, en global, superan los 13 millones de euros (MEUR). De media, cada día tanto un radar como el otro llegan a fotografiar unos 160 vehículos que superan los límites de velocidad.

El radar de tramo de la autopista en las Terres de l'Ebre es, de hecho, el que más multó de toda Cataluña. Situado en sentido norte, puso hasta 59.036 sanciones durante el 2022, que traducidas en cifras suman un importe de 6,6 MEUR.

Por detrás de este, el otro radar que más multa ya se ha convertido en todo un clásico. Es el que se encuentra en la C-31 en sentido norte, justo después de la salida que lleva hacia s'Agaró y Castell d'Aro. Aquí, el límite de velocidad es de 80 km/h y, durante el 2022, puso 57.927 sanciones (que trasladadas en euros suman 6,52 MEUR). Y, de hecho, si se mira el histórico, las multas de velocidad en este punto del Baix Empordà no han parado de crecer en los últimos cinco años. En 2021, con este radar se interpusieron 44.293 sanciones. En 2020, en plena pandemia, la cifra fue de 27.349; en 2019, de 22.434; y en 2018, de 16.401.

Muchos conductores ocasionales por los radares más sancionadores

El de la AP-7, en dirección Barcelona, y el de la C-31, en dirección a Palamós, son los que han detectado más infractores en el conjunto de los últimos diez años, entre el 2013 y el 2022, con 469.281 y 368.490 sanciones, respectivamente.

El coordinador de Seguridad Vial y Movilidad del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatje, justifica la incidencia especialmente alta en los dos puntos, y particularmente en el de la AP-7, explicando que el porcentaje de conductores habituales que ya conocen donde están los cinemómetros comparado con la gente de paso «es muy pequeño» comparado con otras zonas con menos multas registradas. El de la C-31, una zona turística, también tiene un alto componente de conductores ocasionales.

Además, son «autopistas, vías muy rectas», con una «conducción muy cómoda», cosa que hace que baje la sensación de estar conduciendo a mucha velocidad. En el caso del de la AP-7, entre los kilómetros 343 y 325, se añade que hay un cartel de inicio de radar tramo, pero no uno final. Esta circunstancia, que está «hecha expresamente», según Llatje, provoca un «cierto componente de relajación» al cabo de unos kilómetros de entrar, cosa que lleva a la infracción en algunos conductores.

200 muertos al año en las carreteras

El coordinador de Seguridad Vial y Movilidad defiende la utilidad de los cinemómetros en estos puntos, argumentando que el de la AP-7 ha reducido un 79,5% los accidentes con muertos o heridos graves en los 18 kilómetros del tramo, mientras que en los tres kilómetros que rodean el de la C-31, la reducción es del 93,5%

De hecho, cree que las acusaciones de afán recaudatorio ya son «residuales» y que la reducción de la siniestralidad donde hay radares puede subir al 80% «si el radar está puesto bien». En conjunto, recuerda que el año 2000 se registraban unos 600 muertos al año por accidentes de tráfico, y ahora las cifras se mueven en las 200.

El podio de radares más sancionadores en el 2022 lo completa el antiguo cinemómetro de la C-17 en Centelles, en sentido Barcelona, con 36.099 multas y 3,8 MEUR en sanciones. En Osona, también destaca otro, situado en la misma carretera a la altura de Seva -en este caso, en sentido Vic- que el año pasado cazó a 21.656 infractores, con multas por valor global de 2,24 MEUR.

Precisamente, a principios del año pasado, el cambio de límite de velocidad de los 100 km/h a los 80 km/h cogió a muchos conductores desprevenidos y se tradujo en numerosas quejas por la avalancha de multas que les llegaron. En este punto, entre Aiguafreda y Tagamanent, Trànsit activó en verano un nuevo radar de tramo. Contando uno y otro sentido, aquí las cámaras instaladas en los pórticos que cruzan la calzada pusieron 13.680 multas (por valor de 1,39 MEUR).

Superando la raya de las 20.000 multas el año

Aparte de estos radares, hay cuatro más en Cataluña que el año pasado superaron la raya de las 20.000 multas. Son los de la AP-2 en Albi (Les Garrigues) con 22.994 sanciones por importe de 2,68 MEUR; el de la C-31 en Calonge (Baix Empordà), situado precisamente a pocos kilómetros del de Castell d'Aro en el mismo sentido, que sumó 22.948 multas por valor de 2,6 MEUR, el de la autopista AP-7 en l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), con 20.822 sanciones de velocidad y 2,49 MEUR de importe global, y el de la C-31 en Badalona (Barcelonés), en sentido norte, con 20.636 multas y 2,32 MEUR exigidos.

Por el contrario, en el otro lado de la balanza se sitúan aquellos radares que menos multan del país. Según recoge la estadística, durante el 2022 hubo tres cinemómetros que no llegaron a las cien sanciones anuales. Son el radar de tramo de la C-66 en Sant Joan de Mollet (Gironès) en sentido Corçà (Baix Empordà) con 52 multas; el de la N-260 en El Pont de Bar (Alt Urgell) con 69 sanciones, y el de la B-124 en Castellar del Vallès (Vallès Occidental) con tan sólo 10 multas.

En el conjunto de los 10 años entre 2013 y 2022, el de la AP-7 a la altura de Amposta encabeza el ranking, (469.281 multas), seguido del de la C-31 en Castell d'Aro (368.490), el de la C-31 en Badalona (207.170), uno en la AP-7 a la altura de Ulldecona dirección Valencia (203.933) y el de la AP-2 en l'Albi (173.857).

Un 40% de los importes del 2022, pendientes de cobrar

El proceso para cobrar las sanciones, sin embargo, depende de diferentes factores. De entrada, la multa se notifica al titular del vehículo (que no siempre es quien iba al volante). Se abre entonces un plazo que se alarga hasta los 45 días antes no se entre en fase ejecutiva, que puede acabar en embargo. Si la sanción se paga dentro de los 20 primeros, hay un descuento del 50%. Llatje concreta que hay varias circunstancias que ralentizan o acaban impidiendo abonar las cantidades correspondientes, como los recursos, que pueden resultar ganadores, «una tramitación lenta», la muerte del infractor o bien «multas que prescriben». Además, cuando se llega a la fase ejecutiva se ocupa Economía y no computa en la estadística de Trànsit como cobrado.

También se tiene que tener en cuenta si el conductor es extranjero o no, cosa que puede alargar el procedimiento y acabar en nada. Llatje comenta que, desde hace años, una empresa externa contratada por la Generalitat es quien se centra en conseguir que los residentes en otros países de la UE abonen los cargos derivados de las infracciones, aunque hace «entre uno y dos años» que el concurso está pendiente de adjudicación.

Según concretó el Gobierno a raíz de una pregunta parlamentaria el junio pasado, con independencia del año en que se abrió el expediente, durante el 2022 el importe que se recaudó por multas de velocidad ha sido de 59.442.796 euros. Sin embargo, según muestran los datos de Trànsit, a fecha de este agosto, la sumada pagada por los conductores en concepto de infracciones del 2022 hasta el momento es de 25 MEUR, lejos de los 83,2 MEUR impuestos, y se consideran como pendientes 32,1 MEUR (38,6%). Actualmente, la autoridad de la red vial catalana también está a la espera de cobrar un 31,9% del importe de expedientes del 2021, un 26% referentes al 2020, y entre un 13% y un 21% respecto a los años 2013 a 2019. En total, se han reclamado 841,7 MEUR por las 7.603.871 multas impuestas en toda la década, y el importe pendiente es del 21,3%.