Fiscalía y acusación piden hasta dos años y medio de prisión a la acusada por la muerte de medio millar de perros en Camarles

El juicio porla presunta muerte de medio millar de perros en una protectora de animales de Camarlestiene nueva fecha, en el mes de febrero del año que viene. La vista se ha suspendido dos veces, la última porla baja médica del abogado de la defensa de la acusada, la propietaria del albergue. Está imputada por un delito continuado de maltrato animal y un delito de intrusismo profesional. Entre otros, se lo acusa de sacrificar cerca de medio millar de perros durante más de una década, presuntamente sin justificación médica. La Fiscalía pide 18 meses de prisión y una inhabilitación de cuatro años paratrabajar con animales. La acusación particular, la Asociación de Juristas en Defensa de los Animales, eleva la petición a dos años y medio de prisión.

La responsable y propietaria del Albergue Amigos de los Animales de las Terres de l'Ebre está acusada de maltratar los perros y gatos que tenía a la protectora, primero en el Lligallo del Gànguil y después en Camarles, y de atentar gravemente contra el bienestar, la integridad y la salud de las bestias. La imputada es todavía titular de dos explotaciones zoológicas, un refugio y una guardería canina en l'Ampolla, de las cuales asegura tener «todos los permisos y las inspecciones superadas, y con la certificación de bienestar animal de AENOR».

Acusaciones de maltratos continuados

Según describen los escritos de acusación, alos cuales ha tenido acceso a la ACN, los perros recibían golpes o sufrían mordedurasporque encerraba los dóciles con los «potencialmente agresivos». Los testigos denuncian que no tenían agua para beber o que la calidad de los alimentos no era adecuada, con comida en mal estado, con gusanos o mezclado con excremento y orines, así como los perros y gatos pasaban el año a la intemperie, sin cobijo si llovía o poder evitar el calor en verano.

La acusación describe que la acusada, que no tiene titulación veterinaria, esterilizaba bestias sin medidas de salubridad u ofrecía estas operaciones a estudiantes en prácticas que venían de otros países. Según se relata a los escritos de Fiscalia y de la acusación particular, la propietaria del albergue habría inyectado microchips de identificación o medicamento intravenoso de forma inadecuada porque no tenía conocimientos. Algunos voluntarios que trabajaban a la protectora testifican que la vieron «asfixiar» animales.

Muertes crueles e injustificados

Según se puede leer en las alegaciones finales de la acusación, entre el año 2011 y 2019 se ejecutaron numerosas eutanasias, presuntamente «no autorizadas y de forma indiscriminada, sin razones médicas ni control veterinario». Una de las testigosy denunciantes ha explicado en declaraciones a la ACN que la acusada siempre justificaba que estos sacrificios estaban amparados por ley y aseguran que lahan visto inyectar medicamento eutanásico veterinario a animales que ellas dicen en brazos.

Relatan que tampoco se administraba sedación previa o que se hacía una mala aplicación del medicamento, con dosis más bajas de las indicadas, hecho que provocaba en perros y gatos «un sufrimiento innecesario y cruel antes de causarles la muerte por motivos ajenos a cuestiones médicas».

La acusación presenta como prueba de los sacrificios injustificados las facturas emitidas por veterinarios que trabajaron con la propietaria del albergue de animales. Constan 28 eutanasias entre 2008 y 2019 por parte de una empresa de Tortosa, y 62 más entre 2013 y 2016 por parte de una empresa de Peñíscola (Bajo Maestrazgo). En cambio, en la confrontación con las incineraciones que hizo con una tercera empresa, la cifra incrementa hasta las 479 cremaciones entre 2010 y 2019, sobre todo entre los años 2013 y 2015. Acusan a la imputada de tener «una finalidad lucrativa» con «el sacrificio masivo» de animales.

Acusaciones falsas y documentos custodia

La responsable del albergue asegura que estas acusaciones son «totalmente falsas» y que lo podrá demostrar en el juicio. Así y todo, denuncia que miles de documentos que permitirían avalar su versión de los hechos continúan en custodia de la Guardia Civil y no les facilitan el acceso. La propietaria del refugio, en declaraciones a la ACN, ha asegurado que la denuncia le interpusieron después de despedir a las voluntarias y que «tuvo que huir» de Camarles para proteger los perros. La Guardia Civil la detuvo en marzo del 2020 y el caso llegará en febrero a juicio.

De hecho, lamenta que se le acuse de entorpecer el procedimiento judicial o dilatarlo y recuerda que las dos suspensiones de la vista han sido por decisión de la magistrada y por fuerza mayor (enfermedad) de su abogado, este verano. «No tengo nada de miedo y estoy deseando decir las cosas como han sido. Soy la primera interesada en que se celebre ya», ha asegurado.