La CE puede avalar la interconexión a pesar de deteriorar el Ebro

La Comisión Europea puede avalar la interconexión de redes de agua de Tarragona y Barcelona aunque cause un «deterioro» del Ebro siempre que haya motivos que sean «de interés público superior», entre los cuales habría llevar agua potable a Barcelona.

Fuentes comunitarias apuntan a ACN que los «grandes trasvases» pueden poner en peligro» los objetivos de las directivas de Hábitats y del Agua y reclaman una «exhaustiva evaluación» del impacto de «cualquier cambio hidromorfológico y químico». Ahora bien, la norma sobre el Agua prevé la excepción que se pueda sacar adelante la interconexión a pesar de «deteriorar» el Ebro si existe un «interés general superior» relacionado con la salud humana o la seguridad pública.

Fuentes comunitarias subrayan que las autoridades nacionales son las encargadas de autorizar o no los proyectos y que, en el caso de la interconexión de las redes de agua del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) y Aigües Ter-Llobregat (ATL) puesto sobre la mesa a raíz del episodio de sequía, se tendría que hacer una evaluación del impacto medioambiental para determinar qué efecto tiene sobre el Ebro y los ecosistemas que alimenta, incluido el delta, que forma parte de la red de espacios protegidos Naturaleza 2000.

«Si hay un riesgo, se tienen que adoptar medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE», remarcan fuentes comunitarias.

Excepción por «interés general superior»

Aunque la evaluación exigida por Bruselas concluya que el proyecto tiene un impacto medioambiental negativo, la directiva marco sobre el Agua prevé que las iniciativas se puedan sacar adelante si las autoridades nacionales justifican que hay un «interés general superior». La norma comunitaria también prevé que puedan recibir luz verde en caso que los «beneficios obtenidos a través de estas modificaciones o alteraciones de la masa de agua no se pueden conseguir por otros medios por motivos de viabilidad técnica o de costes desproporcionados».

En el caso de la directiva de Hábitats, la norma comunitaria establece que las autoridades nacionales competentes sólo puedan aceptar el plan o proyecto «después de haber comprobado que no afecta negativamente a la integridad» de los espacios protegidos que forman parte de la red Naturaleza 2000. El impacto medioambiental se tiene que hacer, dice Bruselas, tanto si el proyecto se hace en el mismo espacio protegido como si lo puede afectar, por lo que se tendrían que evaluar las consecuencias que la interconexión pueda tener sobre el Ebro.

Ahora bien, la norma comunitaria sobre la conservación de hábitats naturales también prevé, como pasa en la del Agua, que los planes se puedan sacar adelante aunque haya una conclusión negativa de la evaluación. Eso sí, Bruselas sólo prevé esta excepción siempre que no haya ninguna otra alternativa y si es por «razones imperiosas de interés público de primer orden», entre las cuales se incluyen razones sociales o económicas.

En este caso, los estados tienen que presentar a la Comisión Europea un plan de medidas compensatorias para «garantizar que la coherencia global de Naturaleza 2000 queda protegida». No se aplica, sin embargo, cuando en la zona hay «un tipo de hábitat natural prioritario y/o una especie prioritaria». Únicamente, se podría intervenir por razones de «seguridad pública» o de «salud».

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