La cooperativa de l'Aldea podría recuperar 2,1 MEUR si los afectados personados en el proceso judicial renuncian

Uno de los encausados por la quiebra de la sección de crédito de la cooperativa de l'Aldea (Baix Ebre) ha ofrecido un pacto para devolver 2,1 millones de euros si se retiran, y se lo libera, del procedimiento judicial. En una asamblea extraordinaria este martes por la noche, los socios de la entidad aceptaron el acuerdo, pero se necesita también que lo firmen los 61 afectados que se personaron particularmente a la causa.

Hay cuatro personas que, de momento, no se llevan bien. Desde la cooperativa de l'Aldea insisten en que con este acuerdo se podría devolver un 40,5% más de los ahorros atrapados, y que se repartirían proporcionalmente entre los 408 impositores de la sección de crédito. Hasta ahora sólo han recuperado un 19,5% y no hay fecha para el juicio.

Durante este 2023, los responsables de la cooperativa de L'Aldea han estado negociando con uno de los imputados por la quiebra de la sección de crédito, con el que han cerrado un pacto. Les ofrecen recuperar 2,1 millones de euros de los ahorros atrapados en 2011 (5,84 millones de euros). La condición para recibir ese dinero es que la cooperativa y los 61 particulares personados liberen a este demandado del procedimiento judicial.

La cooperativa considera que "es una oportunidad que no puede rechazarse" y así lo defendieron y aprobaron en la asamblea general extraordinaria que se celebró este martes por la noche. Como ha apuntado el director de la cooperativa de L'Aldea, Jordi Dolcet, el pacto está atascado y continuarán trabajando "para convencer" a los pocos particulares (cuatro) de estos sesenta que no se llevan a firmar el acuerdo.

La mitad de los ahorros antes de lo previsto

Tras salir del concurso de acreedores, la Cooperativa de L'Aldea devolvió 1,54 millones de euros y quedaron pendientes de devolver otros 4,47 millones (buena parte de ellos, de las cuentas que la entidad tenía en Bankia) . En 2015, se llegó a un acuerdo para realizar pagos anuales, un porcentaje fijo independientemente de los ahorros entrampados que tenía cada afectado. El convenio estipula que los impositores van recibiendo la mitad de los 4,5 millones de euros entre 2018 y 2025, y recibirán el resto entre 2026 y 2030.

Como insistió Dolcet, el pacto que les proponen "es importante" porque permitiría repartir el dinero por igual a la totalidad de los afectados y "se adelantarían en el tiempo". Hasta ahora se han recuperado un 19,5% de los 4,5 millones de euros entrampados, pero el acuerdo con el encausado permitiría recuperar de golpe el 40,5% y devolverlos de inmediato, a principios del año que viene. Los impositores recuperarían dentro de pocas semanas el dinero que no habrá cobrado hasta principios de 2027, es decir, las cuatro anualidades de 2023, 2024, 2025 y 2026.

Si se entra en proceso judicial, el director de la cooperativa recuerda que ya no podrá determinarse ni cuánto ni cuándo recuperarán los ahorros, ya que este convenio de 2015 está condicionado a la futura sentencia judicial que indemnice a la entidad agrícola. "No hay fecha para el juicio, sólo se sabe que se celebrará en la Audiencia Provincial de Tarragona", ha insistido el director de la entidad agrícola.

"La gente quiere recuperar los ahorros y buscar soluciones rápidas. Mucha gente quizá no lo vean, si se acaba materializando. Nos hacemos mayores y los que ya eran mayores, ya no están y provoca más dramas familiares", ha lamentado.

Beneficios y naves a la venta

Para realizar este regreso también se propone la aportación de "recursos propios" de la cooperativa. "Seguimos con la actividad ordinaria, la comercialización de las excelentes verduras del Delta, y tenemos algunos beneficios que podemos destinar para complementar la liquidación de los afectados de la sección de crédito", ha dicho Jordi Dolcet.

Además, la entidad agrícola quiere segregar y vender parte de las instalaciones. El director asegura que existen compradores interesados. Actualmente, ya tienen parte de las naves alquiladas a terceros. Para poder realizar la segregación, ha sido necesaria la modificación de las normas subsidiarias por parte del Ayuntamiento de L'Aldea, un trámite que ya está en la fase final.