Imponen una fianza de 1,6 MEUR al presidente de Efial a raíz del escrito de acusación de Tortosa

La Audiencia Nacional impone una fianza de 1,6 MEUR al presidente de Efial, Antoni Martos, después de aceptar el escrito de acusación del Ayuntamiento de Tortosa. Esta cantidad corresponde al fraude que el consistorio ha podido cuantificar con relación a varios contratos de supuesta licitación y adjudicación irregular que se hicieron con las empresas municipales Gumtsa y Tortosa Esports.

Además de los contratos de 2008 y 2011 que ya había incluido la Fiscalía en el sumario, el consistorio incluye un tercer contrato que eleva las pérdidas a resarcir de 1,05 MEUR a más de 1,6 MEUR. El alcalde Jordi Jordan pide que Meritxell Roigé dé explicaciones sobre los procedimientos que se llevaban a cabo con Efial cuando era concejala de Urbanismo y presidenta de Gumtsa.

El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha explicado que el juzgado número 4 de la Audiencia Nacional ha fijado una nueva fianza por responsabilidad civil al presidente de Efial, Antoni Martos, por el valor cuantificado del fraude que habría sufrido el Ayuntamiento de Tortosa y que ha cuantificado el consistorio en su escrito de acusación. El coste de los contratos adjudicados presuntamente de forma irregular «va más allá» de los 1.050.000 euros que determinó la Fiscalía y se eleva a más de 1.600.000 euros, la cifra de la fianza.

Tres contratos investigados

El escrito del consistorio hace mención a los dos contratos de Gumtsa y Efial que ya incluye el escrito del ministerio público, y añade uno tercero. Se trata de un contrato de septiembre de 2012 por trabajos de asistencia económica y financiera, de 189.700 euros, una licitación que, como los otros dos casos, se hizo en procedimiento negociado, sin publicidad, y acabó adjudicado a la consultora en concursos que dirigía la misma empresa, «vulnerando todas las normas de contratación pública».

Los otros dos contratos de Efial fechan de 2008 y 2011, en concepto también de servicios para trabajos de asistencia económica y financiera a la empresa de Urbanismo de Tortosa, Gumtsa, presidida entonces por la exalcaldesa Meritxell Roigé, como concejala de Urbanismo. El contrato de 2008 se adjudicó por 350.000 euros y se amplió con 60.620 euros más. La contratación de 2010 tenía un importe de 390.690 euros, prorrogado el año siguiente con una cantidad de hasta 781.380 euros.

Finalmente, relacionada con este caso también aparece la empresa municipal Tortosa Esport, sobre la cual la Fiscalia considera que se fraccionó un contrato sin motivación, en aspectos de contabilidad y fiscalidad, por valor de 104.810 euros.

Roigé, señalada

El alcalde Jordi Jordan ha defendido que la respuesta del magistrado del alto tribunal al escrito de acusación del Ayuntamiento, fijando inmediatamente la fianza por responsabilidad civil, «afianza la necesidad» que el consistorio se tenía que personar en la causa para recuperar el dinero de las presuntas contrataciones irregulares. La exalcaldesa Meritxell Roigé había rechazado personarse en el caso Efial en el anterior mandato y también en el actual, cuando el grupo de Junts votó en contra de la decisión al plenario.

Roigé no está acusada ni investigada en este caso, pero es una de las testigos que citará el Ministerio Fiscal en el juicio. En el sumario, aparecen correos entre la exalcaldesa, como presidenta de Gumtsa, y el presidente de Efial con indicaciones por parte de Martos sobre como la sociedad urbanística municipal tenía que elaborar el pliegue de cláusulas de los contratos y a quien se tenía que invitar a participar en la licitación. Los contratos, pero se acabaron adjudicando a la consultora, «un claro fraude a la administración», según ha denunciado Jordan.

Jordan ha pedido explicaciones públicas a la exalcaldesa sobre estos procedimientos. El alcalde ha lamentado que Gumtsa facturara trabajos en Efial que tenía que hacer la sociedad municipal, que se creara «una doble administración» para hacer contratos a precios «fuera de mercado» y con servicios «sobredimensionados», y que se hicieran adjudicaciones que esquivaban «la supervisión» de la intervención y la secretaría municipal.

De hecho, el escrito de acusación particular incluye informes del interventor de los años 2011 y 2012 de aprobación de las cuentas generales donde ya alertaba de la situación de las sociedades municipales y pedía que se «redimensionara» el sector mercantil local y se «disolvieran» las empresas que no aportaban «ninguna aventaja comparativa en la prestación directa o indirecta de servicios públicos» y que generaban «más gasto por falta de impedimentos legales para ejecutarlas o controlarlas». «Eso explica por qué la señora Roigé no se haya querido personarse nunca en esta investigación de la Audiencia Nacional», ha sentenciado Jordan.

Gumtsa, «un instrumento ineficaz»

El alcalde de Tortosa ha criticado que Gumtsa «no fue un instrumento para hacer más eficaz la gestión de la contratación de la obra pública». «Fue un instrumento ineficaz, deficitario, para externalizar funciones que podía hacer el Ayuntamiento y eludir la intervención fiscalizadora y económica del interventor y secretario municipal», ha añadido el alcalde de Tortosa.

Seis años de prisión y el retorno del dinero

El Ayuntamiento de la capital ebrense acusa al presidente de Efial, Antoni Martos, de los delitos continuados de prevaricación administrativa, de fraude en la administración y de malversación de fondos públicos, y le reclaman una inhabilitación para ocupar cargo público y seis años de prisión, la pena máxima. «Trabajamos para recuperar este dinero e insistimos en que es fundamental la acusación presentada por el Ayuntamiento. Si hoy aquí hubiera otro alcalde, concretamente una alcaldesa, no estaríamos donde estamos», ha recriminado a Jordan.

«Eso de los podios, va como va», ha ironizado Jordan, que ha apuntado que «Tortosa es medalla de bronce» en el fraude sufrido en este caso de corrupción, sólo por detrás de los ayuntamiento de la Ametlla de Mar (Baix Ebre) y Ascó (Ribera de Ebro). Jordan ha insistido en que el caso Efial es uno de los casos de corrupción más importantes del país y que está vinculada a la corrupción del caso 3% de Convergencia.