Educación encarga una auditoría sobre las cuentas del Instituto del Ebro

El Departamento de Educación ha encargado una «auditoría detallada» de las cuentas del Instituto del Ebro de Tortosa a la intervención general, a raíz del caso de presuntas irregularidades en los contratos de prácticas. Según ha podido saber la ACN, una vez cerrado el expediente informativo que han elaborado los servicios territoriales de Educación en el Ebro, los servicios centrales del Departamento han decidido ampliar la investigación de los hechos.

Lo hará con el encargo que se ha elevado a la inspección de servicios «de una información reservada». Esta investigación podría suponer medidas disciplinarias para el centro. Se investigan supuestos convenios simulados con empresas externas e irregularidades en la contabilidad, que denunciaron dos profesores del centro.

La denuncia de dos docentes se presentó en octubre en el Buzón Ético de la Generalitat, a Educación y a la Oficina Antifraude. La queja alertaba de que el centro escolar firmaba presuntamente convenios de prácticas con empresas en los cuales los alumnos no iban nunca. Estos estudiantes, cinco o seis por curso, acababan trabajando para el centro como operarios de mantenimiento informático o de electricidad y cobraban con cheques.

Estos cheques constan a la contabilidad de los dos últimos cursos como facturas a «proveedores diversos», donde también consta el pago de los sueldos de los alumnos por parte de las empresas donde supuestamente hacían las prácticas de formación. A raíz de la denuncia la Inspección de Educación de los servicios territoriales paró enseguida las prácticas dentro del centro.

Estos hechos también los investiga la Seguridad Social y, según fuentes próximas al caso, algunos de los afectados han recibido notificaciones sobre cambios efectuados en su relación laboral con el IES de l'Ebre. Las comunicaciones apuntan que se los han dado de baja los periodos de prácticas para hacer «las correspondientes altas ordinarias» como trabajadores por cuenta ajena para el centro escolar. Esta situación podría contradecir el ejercicio de autonomía de los centros públicos en materia de gestión económica, ya que la ley señala que «no se puede destinar ingresos a obligaciones derivadas de compromisos de carácter laboral que la dirección del centro no puede autorizar».