Sancionan el IES de l'Ebre con más de 50.000 euros por tener alumnos trabajando en el centro

La investigación que la Inspección de Trabajo hizo al Instituto de l'Ebre de Tortosa por la denuncia de las supuestas prácticas irregulares de algunos alumnos se ha resuelto con un acta de infracción y otra de liquidación.

Inspección de Trabajo ha concluido que al menos cuatro alumnos de los entrevistados tenían «una relación laboral ordinaria» con el instituto y que «se enmascaraba en prácticas curriculares» a la empresa Ebresoft, donde no fueron nunca. La sanción asciende a 42.00 euros, 10.500 por estudiante.

También se ha emitido un acta de liquidación de una deuda pendiente con la Seguridad Social de 8.876,75 euros. Educació ha presentado alegaciones, pero tendrá que pagar la sanción si resulta firme. La dirección del centro dice que están «exentos de responsabilidad».

El acta de infracción de la Inspección de Trabajo, a la que ha tenido acceso ACN, determina, «con claridad», que los convenios del IES de l'Ebre y la empresa Ebresoft «no son válidos» y que «no se cumplieron las condiciones para llevarlos a término» porque no se pueden hacer prácticas curriculares en el centro escolar donde los alumnos están matriculados.

Según «hechos comprobados, entrevistas» a seis alumnos, y «las comparecencias» de los responsables del Instituto de l'Ebre y de la empresa con quienes tenían el convenio de las supuestas prácticas, Inspección de Trabajo concluye que los alumnos «nunca hicieron prácticas en Ebresoft Consulting SL, que no fueron nunca a las instalaciones de la empresa y «no recibieron nunca ninguna instrucción ni conocen ningún tutor» vinculado a ella. También se da por probado que algunos alumnos hacían más horas de formación y trabajo de las que se permiten hacer, que es 8 horas en total.

El acta de infracción resuelve inicialmente que toda «la actividad de los alumnos se hacía únicamente y exclusivamente en el Instituto de l'Ebre», que tenían trabajos «relacionados con los estudios cursados», pero que «eran propias de una relación laboral de servicios de mantenimiento y reparación en el departamento de informática del centro educativo». Se señalan, además, las facturas aportadas por Ebresoft donde «constan» estos trabajos. Se detalla, incluso, que los estudiantes recibían las notificaciones de las tareas que tenían que asumir a través de las aplicaciones que registran las incidencias del centro.

La actividad de los alumnos se registraba en un documento de trabajos de mantenimiento, así como las horas de entrada y salida de la jornada y la totalidad mensual. También se da como hecho probado que cobraban con «cheques nominativos o transferencias bancarias emitidas por el IES de l'Ebre y Ebresoft Consulting». La empresa «emitía pagos a los alumnos» y después «facturaba al Instituto con el concepto de tareas de mantenimiento y el nombre de los estudiantes».

Más de 50.000 euros reclamados

Inspección de Trabajo considera que «se enmascaraba una relación laboral ordinaria» de algunos alumnos con el Instituto de l'Ebre «en convenios de prácticas fraudulentos», con una empresa externa, que nunca se produjeron. «Se servían de la mercantil para aparentar una actividad formativa dual correcta cuando eran tareas de mantenimiento en el centro hechas por alumnos», concluye el acta.

Esta infracción se califica y tipifica como «grave» según la ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social y se reclama una sanción de 10.500 euros por cada trabajador «ocupado» en el centro, un total de 42.000 euros por cuatro alumnos.

La Inspección de Trabajo también ha reclamado 8.876,75 euros al Instituto de l'Ebre de Tortosa como deuda por «falta de afiliación o alta» en la Seguridad Social. Lo hace en una segunda acta de liquidación, a la que ha tenido acceso ACN y han hecho pública los sindicatos de la CGT y la intersindical, que han pedido personarse en el caso.

En esta resolución también se da como hechos probados que seis estudiantes hicieron tareas de mantenimiento en el centro educativo, cobraban el trabajo en cheques nominativos y «se enmascaraba» esta relación laboral en prácticas curriculares en la empresa Ebresoft Consulting. La deuda reclamada corresponde al periodo de enero del 2020 en junio de 2023.

Alegaciones pendientes

El delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha asegurado que Educació ha presentado alegaciones a las dos actas y que los dos procedimientos no están cerrados ni la sanción es definitiva. En caso de que la sanción sea firme, será el departamento quien asumirá la multa y podría emitir un expediente disciplinario».

La dirección del centro, por su parte, asegura que el instituto está «exento de responsabilidad». «Una cosa es que formalmente pague el departamento y la otra, las responsabilidades internas que se puedan acabar depurando», ha apuntado Salvadó.

La dirección del IES de l'Ebre ha señalado que todavía no se ha llevado a cabo la auditoría de las cuentas que el departamento dijo que encargaba, ni tienen conocimiento del estado de la investigación de este caso de supuestas prácticas irregulares que los servicios territoriales de Educació en las Terres de l'Ebre elevaron a la Inspección de Servicios, una vez cerrado el expediente informativo interno.

Desde el Departamento no han querido hacer ninguna valoración y se remiten a los resultados de estas «dos investigaciones internas» que se anunciaron en marzo. Fuentes del centro escolar lamentan que estas actas de la Inspección de Trabajo se utilicen «para manipular y hacer ruido» y aseguran que el Instituto no tiene «ningún tipo de responsabilidad económica con ninguna administración» en estos momentos.

Formación dual cuestionada

Tanto la CGT como la Intersindical hace meses que exigen el cese de la dirección del Institut de l'Ebre y aseguran que estas irregularidades «hace mucho tiempo que se dan en el centro educativo». Denuncian «una supervisión deficiente» y que la inspección educativa «asuma responsabilidades».

Les organizaciones sindicales aseguran que «las irregularidades» que se han denunciado en el Instituto de l'Ebre «ponen en cuestión la implementación de la nueva dual universal» en la Formación Profesional que llegará a partir del próximo curso. Creen que Educación no pone «los recursos necesarios» para llevarla a cabo y que «se sobrecarga de trabajo a los profesores», convirtiéndolos «en agencias de colocación a la búsqueda de empresas para los alumnos».

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