Las autoescuelas del caso Roquetes-Temple renuncian a seguir por la lentitud judicial

La Associació de Autoescolae de les Terres de l'Ebre, que ejercía la acusación particular del fraude de los exámenes del carnet de conducir, ha renunciado a seguir en el procedimiento, que se tiene que empezar a juzgar a partir de este próximo 28 de octubre.

Según ha adelantado Ebredigital y ha podido confirmar ACN a partir del documento de desistimiento, los centros se apartan del procedimiento contra las autoescuelas Roquetes-Temple y el resto de los acusados por la lentitud judicial. Recuerdan que la investigación se ha alargado más de 14 años. Así las cosas, Fiscalía y la Abogacía del Estado serán las que mantendrán la acusación en el juicio oral que tiene que tener lugar en la Audiencia de Tarragona.

El documento enviado por la Asociación a la sección segunda de la Audiencia de Tarragona afianza las calificaciones emitidas en julio de 2016 contra los responsables de la autoescuela, el editorial AEOL y funcionarios de Tráfico. Al mismo tiempo, sin embargo, lamenta la dilación en el proceso y justifica así la retirada: «es el resultado de haber transcurrido más de catorce años desde la denuncia de unos hecho que dieron lugar al inicio de la investigación».

Añaden que, desde aquel momento, «algunas autoescuelas que formaban parte de la asociación en el momento de la denuncia han cerrado sus puertas, otros han cambiado de titular o responsable y, sobre todo, la falta de respuesta de los perjudicados a sus peticiones de justicia en un tiempo razonable» han conducido a la decisión de desistir de la acción penal.

Juicio oral el día 28

La previsión de la sección segunda de la Audiencia de Tarragona es que la vista oral se alargue durante prácticamente noviembre, con cuatro sesiones semanales. Así, después de las cuestiones previas del día 28 de octubre, se fijan los días 4,5,6,7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de noviembre.

Se cumplirán más de doce años desde que estallara el caso, en julio de 2012, a raíz de la operación policial que culminó con el arresto el cacheo de varios inmuebles y la detención de los propietarios de las autoescuelas Roquetes-Temple. Entonces también fueron arrestados, y figuran como encausados, familiares y un trabajador, así como examinadores de la Dirección General de Tráfico, responsables la editorial valenciana AEOL y los titulares de dos autoescuelas de Tarragona y Gandía.

El proceso se ha dilatado de forma considerable. La Associació d'Autoescoles de les Terres de l'Ebre presentó, en su momento, varios recursos de impulso procesal para acelerar un procedimiento que los tribunales consideran complejo. A pesar del embargo inicial de sus bienes, las autoescuelas han podido seguir funcionando con normalidad.

La acusación particular, la abogacía del Estado y Fiscalía presentaron sus escritos de acusación el año 2017. Piden para la pareja propietaria de las autoescuelas penas de prisión que van entre los 8 años de la acusación particular y los 22 años de la abogacía del Estado. Fiscalía, que les pide trece años de prisión para cada uno, los acusa de todos los delitos mencionados a excepción del propio de los funcionarios públicos y los atribuye individualmente seis contra la Hacienda Pública a cada uno. También pide multas de cerca de nueve millones de euros en total. Dentro del núcleo dirigente de la trama sitúa también el hijo de los dos, para quien solicita 11 años de prisión y una multa de más 1,3 millones por los mismos delitos a excepción del contrario a hacienda pública.

Blanqueo de capitales mediante la familia

De acuerdo con el ministerio público, los beneficios que consiguió el matrimonio como propietarios de la autoescuela «eran transmitidos a miembros del núcleo familiar» para blanquearlos y les atribuye, además, haber defraudado 2,4 millones de euros a la Agencia Tributaria. Así, también están acusados de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y grupo criminal la mujer del hijo, la madre de la propietaria, así como la hija del matrimonio. Fiscalia pide para ellos nueve años de prisión y multas entre los 500.000 y más de 700.000 euros. Al trabajador de la autoescuela y responsable de los cursos teóricos, se lo acusa de soborno y grupo criminal, por los que le piden seis años de reclusión.

La autoescuela, según consta en el escrito de acusación, organizaba cursos intensivos –también en fin de semana- para conseguir superar el examen de teórica de coche. Las clases iban dirigidas a la memorización de las mismas preguntas tipo test que después aparecerían en los exámenes de la DGT. Eso le suponía conseguir un elevado número de aprobados y aumentar de forma «desproporcionada» el número de alumnos, expandiendo el negocio con la apertura de nuevas sucursales en otros municipios.

Muchos de los nuevos clientes provenían de otras comunidades autónomas y mayoritariamente eran chinos, que no tenían ningún conocimiento de catalán, castellano ni ningún otro idioma europeo pero, a pesar de eso, aprobaban. También se habían dado casos de personas con disminución psíquica a las que se les había denegado previamente el certificado de aptitud que lo habían acabado obteniendo y aprobando.

Exámenes comprados a funcionarios

Los test originales de los exámenes de la DGT, según lo relata acusatorio de Fiscalia, eran obtenidos a través de la editorial valenciana AEOL. Los administradores de esta empresa los conseguían, supuestamente, sobornando a los funcionarios de la DGT de Tarragona encargados de las pruebas que se efectuaban en Tortosa y los vendían a la autoescuela por 3.000 euros cada hoja. Los responsables del centro de enseñanza los recortaban y camuflaban los contenidos para que los alumnos no se dieran cuenta de ello.

A partir de estos argumentos, Fiscalia pide para los dos administradores de AEOL cuatro años y medio de prisión y multa de 20 meses como acusados de presuntos delitos continuados de soborno. En el caso de los examinadores, al delito continuado de soborno se le añade el de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. En total, la petición para ellos es también de cuatro años y media prisión, inhabilitación para trabajo o cargo público durante quince años. Según Fiscalia, ellos eran los responsables de custodiar, trasladar y seleccionar los exámenes que se hacían en Tortosa, donde también supervisaban la prueba.

Traslados masivos de aspirantes chinos

Uno de los examinadores también está acusado de soborno por lo que se le pide una pena de cuatro años. El propietario de una autoescuela de Tarragona, también encausado, le habría pagado para que el examinador intercambiara y manipulara exámenes para hacer aprobar a sus alumnos extranjeros. La autoescuela habría cobrado entre 1.000 y 1.500 euros por cada ciudadano chino que se presentaba al examen. El responsable de una autoescuela de Gandía y relacionado con AEOL tenía la función de enviar semanalmente a estos aspirantes para superar las pruebas teóricas. Según la fiscal, el volumen de gente que tenían que trasladar desde Valencia llegó a ser tan elevado, que tenían que faltar autobuses. Se le acusa de un delito continuado de soborno por el que se le pide cuatro años y medio.