Se suspende el juicio por el fraude en los exámenes de conducir de las autoescuelas Roquetes-Temple

El tribunal de la Audiencia de Tarragona ha suspendido el juicio por el fraude en los exámenes de conducir de las autoescuelas Roquetes-Temple. Según han afirmado fuentes judiciales a ACN, los magistrados siguen debatiendo las cuestiones previas, que se celebraron el pasado 28 de octubre, cuando las defensas cuestionaron la validez de las diferentes investigaciones policiales. Fiscalía y abogacía del Estado pedían penas de entre cuatro y 22 años de prisión.

Este martes tenía que empezar el juicio oral con las declaraciones de una decena de testigos, como la de la entonces jefe provincial de la DGT y quien detectó prácticas preocupantes en el funcionamiento de los exámenes. De momento, se han suspendido las primeras tres sesiones y se desconoce cuándo se reprenderá.

Este martes tenían que empezar a declarar los primeros testigos de un caso que saltó a la luz pública hace doce años con la entrada policial a la sede de la autoescuela en el barrio del Temple de Tortosa, después de dos años de investigación. El tribunal de la Audiencia Provincial de Tarragona, pero ha notificado a todas las partes que se suspende el juicio, porque todavía no han resuelto las cuestiones previas. De hecho, no solo se ha suspendido esta primera jornada de declaraciones, sino también las otras dos previstas en diciembre.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el volumen de casos que acumula la Audiencia, el juicio por el fraude en los exámenes de conducir de las autoescuelas Roquetes-Temple muy posiblemente se retomará -si es que finalmente lo hace- a partir del año próximo, como mínimo.

En total son catorce las personas acusadas de un delito continuado de soborno, de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, de falsedad documental, de grupo criminal, de blanqueo de capitales, así como de once delitos contra la hacienda pública.

Los hechos

Los hechos tuvieron lugar desde el 2006 hasta el 2012. Según el ministerio público, la autoescuela ofrecía cursos intensivos para conseguir el aprobado del examen teórico del carnet de conducir, los cuales coincidían, íntegramente, con los que días después hacían a la prueba oficial de la DGT. Según aseguran, muchos de los nuevos clientes provenían otras comunidades autónomas o personas sin ningún conocimiento ni de catalán, castellano, ni de ningún otro idioma europeo. A pesar de todo, aprobaban. También se habían dado casos de personas con disminución psíquica a las que se les había denegado previamente el certificado de aptitud que lo habían acabado obteniendo y aprobando.

La fiscal también ha apuntado que los tests originales de los exámenes de la DGT eran obtenidos a través de la editorial valenciana AEOL. Los administradores de esta empresa los conseguían, supuestamente, sobornando a los funcionarios de la DGT de Tarragona encargados de las pruebas que se efectuaban a Tortosa y los venían a la autoescuela por 3.000 euros cada documento. Los responsables del centro de enseñanza los recortaban y camuflaban los contenidos porque los alumnos no se dieran cuenta.

Parte de los beneficios obtenidos con su actividad eran transmitidos a miembros del núcleo familiar con el fin de aparentar una menor solvencia económica ante la Agencia Tributaria. Además, y para ocultar el patrimonio ilícito, adquirían vehículos de alta gama, bienes inmuebles y concedían créditos familiares. Por todo, la fiscal pide penas de 13, 11 y 4 años y medio de prisión.

28 de octubre: cuestiones previas

El juicio arrancó el pasado 28 de octubre con el análisis de las cuestiones previas. Las defensas intentaron cuestionar la validez de las diferentes investigaciones policiales mientras cargaban contra la reapertura de la causa el 2012. En este sentido, el abogado del propietario de la autoescuela insistió en que no había ningún hecho nuevo que justificara la reapertura del caso, la cual, según él, sirvió para ordenar escuchas y diligencias de investigación secretas que vulneraron «el derecho de defensa y tutela judicial efectiva».

A la vez las defensas negaron que existiera una relación entre el centro de formación y la editorial AEOL con los funcionarios de la DGT que están investigados para vender los exámenes y hacer aprobar masivamente aspirantes chinos que no conocían el idioma. Unos argumentos que la fiscal del caso rebatió, defendiendo la necesidad de las escuchas telefónicas y cacheos para que la investigación obtuviera resultados. Además, relató como los Mossos se personaron de incógnito en diferentes días de examen para poder comprobar el funcionamiento interno de las pruebas sin que los acusados fueran conocedores.

Penas de hasta 22 años de prisión

La acusación particular, la abogacía del Estado y Fiscalía presentaron sus escritos de acusación en 2017. Actualmente, pero el abogado del Estado y el ministerio público son la única acusación que sigue en la causa después de la retirada de la Asociación de Autoescuelas de las Terres de l'Ebre, que inicialmente impulsó el caso.

Piden para la pareja propietaria de las autoescuelas penas de prisión que van de los 13 años de la Fiscalía a los 22 años de la abogacía del Estado. La fiscal los acusa de todos los delitos mencionados a excepción del propio de los funcionarios públicos y los atribuye individualmente seis contra la Hacienda Pública a cada uno. También pide multas de unos nueve millones de euros en total.

Dentro del núcleo dirigente de la trama se sitúa también el hijo de los dos, por quien Fiscalía solicita 11 años de prisión y una multa de más de 1,3 millones de euros por los mismos delitos a excepción del contrario a la hacienda pública. De acuerdo con el ministerio público, los beneficios que consiguió el matrimonio como propietarios de la autoescuela eran «transmitidos a miembros del núcleo familiar» para blanquearlos y los atribuye, además, haber defraudado 2,4 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Así, también están acusados de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y grupo criminal la mujer del hijo, la madre de la propietaria, así como la hija del matrimonio. Fiscalía pide para ellos nueve años de prisión y multas entre los 500.000 y más de 700.000 euros. Al trabajador de la autoescuela y responsable de los cursos teóricos, se lo acusa de soborno y grupo criminal, por lo que le piden seis años de reclusión.

Para los dos administradores de AEOL, la fiscal pide cuatro años y medio de prisión y multa de 20 meses como acusados de presuntos delitos continuados de soborno. En el caso de los examinadores, al delito continuado de soborno se le añade el de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. En total, la petición por ellos es también de cuatro años y medio de prisión, inhabilitación para trabajo o cargo público durante quince años. Según Fiscalía, ellos eran los responsables de custodiar, trasladar y seleccionar los exámenes que se hacían a Tortosa, donde también supervisaban la prueba.