Declaran nulas escuchas telefónicas y cacheos del caso de las autoescuelas Roquetes-Temple

El tribunal de la Audiencia de Tarragona ha declarado nulas algunas de las investigaciones policiales del caso de fraude de las autoescuelas Roquetes-Temple de Tortosa. En las cuestiones previas, de las defensas cuestionaron la validez de intervenciones telefónicas y diligencias cuando el caso se reabrió el año 2012. Los magistrados lo han aceptado.

Según la defensa de los propietarios de las autoescuelas, se ha invalidado «prácticamente toda la investigación», un 80% de las pruebas. Fiscalia lamenta que se hayan dejado sin efecto 120 folios de la causa por la invalidez de algunas pruebas. El juicio se mantiene por los delitos de fraude en los exámenes, soborno, blanqueo de capitales y grupo criminal y se ha fijado una nueva fecha para septiembre de 2025.

La nulidad de parte de las pruebas que ha aceptado el tribunal supone, para las defensas, que la reapertura del caso en el 2012 fue «poco rigurosa». Los magistrados de la Audiencia de Tarragona dan por buena la instrucción pero la limita» y revoca algunas intervenciones telefónicas a los propietarios de las autoescuelas y familiares y también algunos cacheos, como el que se hizo a la gestoría vinculada al negocio. 120 folios de la causa han quedado invalidados. Algunas de las escuchas a una autoescuela y a dos funcionarios inicialmente investigados se han dado por válidas.

El juicio por el fraude en los exámenes de conducir de las autoescuelas Roquetes-Temple empezó el pasado 28 de octubre con las cuestiones previas, cuando las defensas pedir la nulidad de diferentes investigaciones policiales. En la vista que se celebró el 19 de noviembre, el tribunal de la Audiencia de Tarragona suspendió el juicio porque seguían debatiendo aquellas cuestiones previas, que han resuelto en una vista este jueves.

En este caso son 14 las personas acusadas de un delito continuado de soborno, de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, de falsedad documental, de grupo criminal, de blanqueo de capitales, así como de once delitos contra la hacienda pública. Fiscalía y abogacía del Estado piden penas de entre 4 y 22 años de prisión. La pareja propietaria de las autoescuelas se enfrentan a penas de prisión que van de 13 años que pide el Ministerio Fiscal a 22 años que reclama la abogacía del Estado. La fiscal los acusa de todos los delitos mencionados a excepción del propio de los funcionarios públicos y les atribuye individualmente seis contra la Hacienda Pública a cada uno. También pide multas de cerca de nueve millones de euros en total.