Los vecinos de Amposta pagarán un 12,5% más por el recibo de la basura el próximo año

La ciudadanía de Amposta volverá a ver incrementado el próximo año el recibo de la basura, este vez con un 12,5%, según prevén las ordenanzas fiscales que se tienen que debatir y aprobar en un pleno extraordinario el próximo viernes. Después de aprobar un incremento del 36% para este 2024, el gobierno municipal de ERC considera que con la nueva subida la aportación de los contribuyentes cubrirá la totalidad del coste del servicio, tal como exige la normativa estatal a partir del año 2026. Según ha explicado el alcalde de la ciudad, Adam Tomàs, la práctica totalidad del resto de impuestos y tasas quedarán congelados el próximo ejercicio.

Tomàs ha recordado que, de acuerdo con la ley estatal 7/2022 de residuos, los consistorios están obligados a «repercutir el 100% del coste de la recogida de la basura a la ciudadanía». Según ha apuntado, el año pasado ya se previó una importante subida para este año en la línea de poder dar parcialmente cumplimiento a la ley. El nuevo incremento del 12,5%, según ha asegurado era «obligatorio» pero «muy menor» para conseguir equiparar costes y aportaciones fiscales.

Ha explicado también que esta subida se ha visto especialmente reforzada por el incremento de costes que traslada el Copate -organismo encargado de la gestión- ante el agotamiento de la actual fase del vertedero comarcal de Mas de Barberans y la necesidad de trasladarlos por carretera hasta el vertedero de Tivissa (Ribera d'Ebre).

En el ámbito de la tasa de recogida de basura, el consistorio también ha tomado la decisión de retirar las bonificaciones para familias monoparentales, que hasta ahora se equiparaban en las numerosas y conseguían una rebaja del 50%, también en sintonía con la «jurisprudencia» actual pero dentro de un debate que «que no está cerrado» en el Estado.

A priori, este será el único capítulo de las ordenanzas fiscales que registrará una subida. Según Tomàs, el resto quedarán congeladas. Con todo, ha avanzado que se eliminará la bonificación del impuesto para vehículos en el caso de la categoría de históricos, por ara aquellos que tenían más de 25 años de antigüedad. Una medida, ha aducido, que se había convertido en la «puerta de entrada» para hacer circular vehículos viejos como utilitarios sin pagar el impuesto. A partir de ahora, serán bonificados los de más de 30 años y que se acojan a la categoría de vehículos históricos que regula un nuevo decreto estatal.

Por último, la ordenanza prevé introducir una tasa «simbólica» de 20 euros en concepto de derechos de examen -que tendrá bonificaciones del 50% para personas en paro y familias numerosas. Según Tomàs, los procesos de estabilización a las administraciones y creación de puestos de trabajo obliga a preparar y movilizar personal para atender decenas de peticiones de examen y muchos de los aspirantes no se acaban presentando. «Nos encontramos con que se inscriben 60 personas para hacer las pruebas y se presentan siete», ha apuntado.

Modificación presupuestaria de 734.000 euros

En el mismo pleno del viernes está previsto también que el equipo de gobierno someta a votación una modificación presupuestaria por valor de 734.000 euros. El alcalde ha explicado que la operación es fruto, principalmente, de la liberación de 204.000 euros de remanente de tesorería que se utilizó para adelantar la financiación de obras que, finalmente, tenían que recibir subvención. También de unos 100.000 euros de partidas de gestión de personal.

«Principalmente incrementaremos partidas que a principios de año que ya sabíamos que no llegaríamos», ha indicado. Es el caso de 120.000 en ferias, 60.000 euros a cultura, 20.000 a turismo, 60.000 euros en vías públicas o 30.000 a conservación de aguas y pluvial, así como 30.000 euros a atención domiciliaria. Los recursos, además, servirán para adelantar 200.000 euros para reparar el parquet del pabellón deportivo dañado por los aguaceros, antes de conocer la cantidad que aportará el seguro.

Por último, ha detallado, se aportarán 100.000 euros para cubrir los intereses del acuerdo que cierra el proceso judicial contra el Ayuntamiento por parte de una empresa holandesa por una recalificación urbanística en equipamientos de unos terrenos de 4.000 metros cuadrados en la urbanización de Eucaliptus. El consistorio ha cerrado un acuerdo para pagar un millón de euros a la sociedad denunciante -que no recibió ninguna compensación en forma de terrenos o dinero- a raíz de una sentencia de 2010. Finalmente, 300.000 serán a cargo del Ayuntamiento y los 700.000 restantes, de acuerdo con la normativa vigente, a cargo de los propietarios.