Ratifican en los juzgados la querella por riesgo catastrófico en la gestión de la presa de Riba-roja contra Endesa y la CHE

La asociación Sediments y siete entidades ambientalistas han ratificado este lunes por la mañana en el juzgado de Amposta la querella presentada el pasado octubre contra Endesa y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por un supuesto delito contra la seguridad colectiva de riesgo catastrófico en la gestión del embalse de Riba-roja.

Argumentan que la compañía que gestiona la presa desconoce realmente si los desagües de fondo se encuentran operativos y, por lo tanto, no se podría hacer circular agua en caso de emergencia. Eso, alertan, estaría comprometiendo la seguridad de los millares de habitantes, de los municipios y los usuarios de aguas abajo del pantano. Sediments ha vuelto a reclamar a las instituciones de las Terres de l'Ebre que se sumen a la denuncia.

Presentada inicialmente el 17 de octubre pasado, los querellantes han vuelto al juzgado de Amposta para ratificar la denuncia y reforzar la apertura de diligencias previas para investigar judicialmente el caso. Según ha explicado la abogada Isa Castell, de Juristas de las Terres de l'Ebre por las Libertades, entidad que asesora y colabora con los querellantes, el trámite tiene que desembocar en la declaración de las entidades denunciantes para que expongan de forma concreta sus argumentos. En el marco de la investigación, también se citarán a declarar responsables de Endesa y la CHE como querelladas.

El presidente de la asociación Sediments, Josep Juan, ha reclamado que se investigue si realmente los desagües se pueden utilizar realmente con carga de agua. Ha recordado que la compañía admitió en declaraciones a ACN que las compuertas se abrían -primero de un lado y, posteriormente, del otro- pero sin circulación de agua por el interior. «No sabemos si están operativos o no. Puede ser que haya un tapón de sedimentos y no pueda circular. En un caso de emergencia no se podrían utilizar los desagües y la operación estaría comprometida», ha sentenciado.

Juan ha lamentado que las instituciones de las Terres de l'Ebre, a pesar de los peligros que esta situación podría representar para la población, municipios y usuarios río abajo, todavía no se hayan implicado a la hora de pedir una investigación formal del caso. «Si la sociedad civil no somos capaces de investigar eso tenemos una sociedad poco democrática, en la que no hay transparencia a la hora de saber qué pasa en estas presas».

También ha recordado el «despropósito» que los embalses sigan reteniendo los sedimentos que necesita el Delta -un caso que han denunciado en Fiscalía por un presunto caso de «delito ambiental»- así como el hecho de que la central hidroeléctrica de Flix esté funcionando con la concesión caducada después de 75 años, que podría ser objeto de una nueva acción judicial por parte de la entidad.