Policial
Denuncian a una persona por espolio arqueológico en Gandesa
El individuo utilizaba un aparato detector de metales en el yacimiento del Coll del Moro
Imagen del yacimiento del Coll del Moro de Gandesa.
Agents Rurals y Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a una persona por hacer un uso no autorizado de un aparato detector de metales con la finalidad de descubrir y apropiarse de restos de valor histórico. La actividad se produjo a inicios de febrero en el yacimiento arqueológico de Coll del Moro, en Gandesa (Terra Alta).
En concreto, a la persona denunciada se le atribuyen delitos contra el patrimonio histórico, concretamente el de daños y espolio en yacimiento arqueológico, y un delito de hurto agravado. Les restos arqueológicos y el aparato detector de metales han sido decomisados y los hechos han sido denunciados ante el juzgado de Gandesa.
La persona ha podido ser denunciada a raíz de una investigación conjunta realizada por parte de la Unidad Central de Patrimonio Histórico (UCPH-CME) del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y del Grupo Especial de Colaboración con la Administración de la Justicia (GECAJ) del Cuerpo de Agentes Rurales.
El Cuerpo de Agents Rurals había iniciado una vigilancia del yacimiento en agosto del 2023 a petición del Servicio de Arqueología y Paleontología de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ya que se habían iniciado unas intervenciones arqueológicas en un sector nuevo del yacimiento.
El yacimiento arqueológico de Coll del Moro es un yacimiento arqueológico de especial relevancia en las Terres de l'Ebre donde las intervenciones arqueológicas se vienen realizando desde hace décadas. Se remonta a los siglos VI-V a.C. y está declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), la máxima figura de protección que reconoce la ley de patrimonio cultural catalán.
Patrimonio arqueológico
La acción arqueofurtiva en contextos arqueológicos, como es el caso de Coll del Moro, puede tener graves consecuencias dado que la extracción de objetos arqueológicos sin una metodología científica puede suponer la pérdida de la información que se genera con el estudio de los materiales expoliados y el contexto donde estos se encontraban.
La ley de patrimonio histórico español (ley 16/85) establece que los restos arqueológicos tienen consideración de dominio público y apropiarse de estos restos es constitutivo de un delito contra el patrimonio histórico.
