«Ningún millenial haría ahora el esfuerzo de nuestros abuelos»

«Aquella gente llegaba aquí con un zapato y una alpargata y vivían en pisos que ahora ningún millenial compraría, ni regalado». Nasarre recuerda como en otra crisis, la de la posguerra, la vivienda también fue una emergencia social, que en Tarragona se solucionó convirtiendo las barracas del Francolí en los barrios de Ponent.

«Eran pisos muy dignos, de setenta u ochenta metros sin embargo, claro está, no tenían wifi, ni aislamiento térmico, ni vídeo-portero,» recuerda. Ahora, todavía hay en vigor un decreto de la Generalitat de 2020 que acepta construir viviendas de 24 metros cuadrados. Este es uno de los sin sentidos que Nasarre encuentra en unas políticas públicas que considera que se han pasado de largo.

«Antes de la crisis inmobiliaria las leyes las hacían los promotores», afirma, pero añade que a partir de 2007 los pasos legislativos no han hecho otra cosa que dejar fuera de juego cada vez más gente. «La ley de la vivienda lo que dice es que no sabemos como hacerlo y que te metas a vivir a casa de otro, que okupes, que nosotros lo que hemos hecho es alargar el máximo posible que te puedan echar, a través de la burocratización», señala.

Lo que han hecho las leyes, para Nasarre, es «expulsar la clase media, que podía comprar hasta el año 2007, hacia la clase baja». En el estado español, recuerda «siempre había sido así, todo el mundo podía comprar, más grande o más pequeño, y tener su pisito y cuidarlo. Había la dignidad de barrio».

Ahora, el catedrático afirma que «esta gente ha sido expulsada del mercado hipotecario» por unas leyes que dicen que «los pobres no pueden ser propietarios». Y todo eso, con la sonrisa de oreja en oreja de Bruselas y de los países nórdicos, «que siempre han tenido leyes que han expulsado a los pobres, de poder comprar y han sido siempre inquilinos de los ricos...o de los alcaldes, que no sé qué se peor».

¿Viena? No, gracias.

Sí, de los alcaldes. «Ahora el modelo que nos están vendiendo es Viena», dice. En la capital austríaca ha gobernado durante un siglo la socialdemocracia, un mandato sólo interrumpido durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, hasta el 65% de los suyos cerca de 2 millones de habitantes viven de alquiler en una vivienda pública. «Nadie vota en contra de su inquilino, no sea caso que se enfade y no te renueve el contrato. Eso es una crisis democrática impresionante», reflexiona.

¿Y Barcelona? Tampoco.

«No puedes pretender ser la Silicon Valley del Mediterráneo y que la vivienda sea barata», sentencia Nasarre, y recuerda cómo el sociólogo Richard Florida defendía, en plena burbuja inmobiliaria, que las ciudades tenían que ser creativas, hacerse visibles y situarse en el mapa mundial. Barcelona siguió sus consejos. «Florida tuvo que escribir hace unos pocos años que se dejó un pequeño detalle: que si hacían aquello que él había propuesto, la cuestión de la vivienda salía perjudicada», señala.