El PSOE rechaza investigar el proyecto Castor por la falta de «sospechas fundadas de irregularidades»

«No entendemos por qué la pasada legislatura sí que votó a favor y en esta en contra. No entendemos que diga que es de una legislatura anterior. Hay muchas cosas que se remontan a legislaturas anteriores», ha respondido el diputado de Compromís, Joan Baldoví, contrariado ante las justificaciones de Lastra.

Todavía más controversia ha generado el argumento que «no existen sospechas fundadas de que se haya producido ninguna irregularidad» en torno al proyecto Castor, el almacén de gas submarino impulsado por el entonces gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, inmerso en una pléyade de escándalos económicos y procesos judiciales desde que cerró a finales de septiembre de 2013 sin que nunca hubiera entrado en funcionamiento.

«Será en su caso, pero creo que de sospechas existen para mucha gente, cuando los ciudadanos pagamos las indemnizaciones por un proyecto que no tendría nunca que haber visto la luz», ha reprochado Baldoví. Después de provocar más de un millar de terremotos sólo cuando operaba en fase de pruebas, el cierre ordenado por el gobierno del PP y la posterior renuncia del exconcesionario Escal UGS, supuso el pago de una indemnización 1.351 millones de euros a la sociedad controlada por Florentino Pérez –que, aparte de contratista, ejerció de comisionista en las subcontratas de sus propias empresas del grupo ACS disparando el coste final-.

El exconcesionario Escal-UGS y sus dos principales directivos se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados en juicios para responder de las acusaciones de delitos de prevaricación ambiental, mientras los tribunales Constitucional y Supremo han anulado el retorno a los bancos del crédito para pagar la compensación así como los costes de mantenimiento de las instalaciones, que se iban cargando anualmente a los consumidores de gas. El coste final de todo, pendiente de la resolución de los contenciosos económicos, podría superar los 3.400 millones de euros.

La participación de la ministra Ribera

El gobierno socialista otorgó a Pérez la concesión del proyecto Castor además de autorizar todo el gasto, intentó a finales del año pasado capitalizar políticamente el anuncio del futuro desmantelamiento del proyecto Castor después de votar a favor de la comisión. Ahora, sin embargo, no vería con buenos ojos, según revelaba hace unos días el diario 'El Mundo', que su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la encargada el año 2009 de firmar la declaración de impacto ambiental favorable del fracasado almacén de gas submarino como secretaria de estado de Cambio Climático, tuviera que responder por el caso ante el Congreso. Por este motivo, habría pedido el apoyo del PP por tumbarla, evitando llevar el debate sobre su creación al pleno.

En el trasfondo aparece, también, la reciente incorporación del expresidente de la Generalitat y exiministre de Industria durante la tramitación del Castor, José Montilla, como miembro del consejo de administración de Enagás, empresa con un 5% de participación estatal que gestiona el sistema gasista y en la que el gobierno español encargó la operación financiera para indemnizar a Pérez y el mantenimiento de las instalaciones, por las que llegó a cobrar 16 millones de euros anuales.

Por último, Baldoví también ha cuestionado abiertamente el argumento del elevado número de comisiones de investigación, abiertas o pendientes, en el Congreso. «Ahora acabarán las comisiones y grupos de trabajos para la reconstrucción y, por lo tanto, puede haber sitio para esta comisión que, insisto, el Partido Socialista votó a favor», ha cerrado.