Hay alternativas pero no en la derecha

Durante 2011, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó máximos históricos, llegando a sobrepasar los 66.000 millones de euros. Sin embargo, en 2017 cerró, según el Ministerio de Economía del Gobierno español, con un déficit de algo más de 2.500 millones de euros. Las pensiones y la viabilidad o no de su sistema público se encuentran hoy en el eje de la agenda política y social, y es por eso que observar las cifran anteriormente comentadas resulta cuanto menos relevante para determinar si se trata de una problemática basada en los cambios demográficos del Estado (como tanto han repetido PP y Ciudadanos) o simplemente en la voluntad política de aquellos que lo gobiernan.

España destina, según la OCDE, el 10% de su PIB a sufragar las pensiones (el 50% del total que destina a gasto social). Las fuerzas neoliberales y conservadoras han encontrado en esta cifra un filón a la hora de defender que el actual sistema de pensiones no es sostenible ante la subida del número de pensionistas y que es necesario empezar a abordar un posible y más que probable cambio de modelo. Privatizar por lo menos una parte de nuestro sistema público sería para la derecha simplemente adaptar nuestro modelo al crecimiento de la esperanza de vida y a los cambios demográficos y productivos que estamos padeciendo.

Tal afirmación no sólo reconoce la incapacidad del actual gobierno del Partido Popular de administrar el fondo público de pensiones, si no que evidencia una falta absoluta de rigor académico y de saber qué ha pasado en nuestro país en las últimas décadas.

Volviendo a datos anteriores, el Gobierno de Mariano Rajoy ha despilfarrado casi 70.000 millones de euros. Pero, ¿era realmente el fondo de reserva el único lugar de donde poder extraer los recursos necesarios para hacer frente a eventuales y urgentes necesidades económicas?

El lector me permitirá tal obviedad, pero la respuesta es no. 70.000 millones de euros se ha gastado el gobierno en los últimos siete años que, como veremos a continuación, se podrían haber extraído de otros fondos o mediante otras opciones que no hubieran significado reducir el nivel adquisitivo de nuestras y nuestros jubilados.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en un estudio publicado durante 2017, cifró en 90.000 millones de euros el coste de las tramas, causas y casos de corrupción ocurridos durante la Democracia. En relación con esto, corregir el fraude fiscal de las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas supondría una recaudación de 44.000 millones de euros. Así pues, si nuestro país precisara de regulaciones que persiguieran la corrupción y de más inspectores de trabajo que corrigieran el fraude fiscal de las grandes fortunas, tendríamos unos 130.000 millones de euros más, el doble de lo que el PP ha extraído del fondo de pensiones.

Quizás no sea «necesidad nacional» lo que conduzca al saqueo del fondo de nuestras pensiones, sino voluntad política.

Algunos dirán que la corrupción es algo inherente en una sociedad como la española y que el fraude fiscal es algo con lo que debemos resignarnos a convivir. Lejos de esto, es también relevante señalar que el tipo marginal máximo de IRPF en España (lo que pagan las rentas superiores a 60.000 euros anuales), según la Comisión Europa, es del 45%. Muy lejos de otros países como Suecia (56%), Dinamarca (55,6%) o Francia (50%). Además, analizando el tipo nominal en sociedades, vemos como España lo sitúa en el 25%, nuevamente alejado de países como Francia (38%), Bélgica (34%) o Alemania (30%).

Equipararnos a nuestros homólogos europeos en este aspecto supondría extraer de aquellos que más riqueza poseen los recursos necesarios para seguir subvencionando un colectivo tan vilipendiado como lo es el de las y los pensionistas de nuestro país.

A pesar de esto, el Gobierno ni si quiera se ha planteado tal posibilidad. Repitiendo lo anterior, quizás no sea «necesidad nacional» lo que conduzca al saqueo del fondo de nuestras pensiones, sino voluntad política.

La corrupción y la complacencia ante las clases altas han sido las características del actual Gobierno durante su mandato, pero también la condena de nuestros pensionistas.

Además, es también destacable que las y los españoles «invertimos» (nótese la ironía) en el aeropuerto de Ciudad Real 1.100 millones de euros, que en equipamiento militar gastamos 600 millones de euros, que el subsidio a la Iglesia católica nos hace perder 580 millones de euros cada año, que las subvenciones a fiestas taurinas nos cuestan, según la Fundación Altarriba, 564 millones de euros anuales… Sin olvidar los bochornosos 150.000 euros que recibió la Fundación Francisco Franco por parte de nuestro Gobierno de la nación.

Quizás reformar aspectos como los ya citados o impulsar políticas dirigidas a la creación de empleo para los más jóvenes y a las mejoras laborales de quienes ya se encuentran en nuestro mercado de trabajo serían medidas tan positivas como necesarias para garantizar la continuidad de un modelo de éxito que recompensa a nuestros mayores y nos honra como sociedad.

Y es que el problema no es demográfico, es político. Y la derecha, una vez más, solo ha contribuido a acentuarlo.