La alargada sombra del coronavirus (también para los abogados)

Todo apunta a que la sombra del coronavirus será alargada. A nivel sanitario, como desgraciadamente estamos comprobando, con la proliferación de rebrotes de la pandemia de los últimos días. Y también en el ámbito económico, con una crisis posiblemente sin precedentes. La Comisión Europea situaba la pasada semana la caída del PIB español previsto para el año 2020 en torno al 11%. Un auténtico tsunami que ya está cayendo en cascada sobre todos los sectores. El nuestro, el de los profesionales del derecho, no es, ni mucho menos, una excepción.

El estado de alarma y el confinamiento paralizaron prácticamente la actividad judicial y, con ello, los ingresos de muchos abogados. Una situación que ha provocado una caída muy significativa de las peticiones de justicia gratuita, que constituye una fuente de ingresos muy importante para muchos profesionales del derecho. Además, como a cualquier profesional liberal, el desplome general del pulso económico afecta de manera muy directa al volumen de encargos y, por extensión, a la facturación. En este contexto, sin ayudas por parte de la Administración y asumiendo que los gastos derivados del ejercicio profesional no han disminuido, buena parte del gremio ha tenido que encajar una caída de sus cifras que, en muchos casos, ha puesto a compañeros al límite de tener que colgar la toga.

Por este motivo, y dentro de nuestras posibilidades, desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona (ICAT), hemos impulsado un plan de medidas económicas, que acompañan a las sanitarias, cuyo fin es aligerar el peso de la mochila de los costes de nuestros colegiados. La condonación de cuotas o el aplazamiento del pago de la póliza de responsabilidad civil, entre otras, han sido algunas de las apuestas para ayudar a nuestros compañeros.

Con esta firme voluntad de apoyo al colegiado, este mes de julio hemos activado un plan de ayudas de la Fundación del ICAT. Éstas se estructuran en ordinarias y extraordinarias y consisten en contribuciones dinerarias directas para los solicitantes, de diverso importe, otorgadas previa acreditación de la caída de ingresos. El ICAT goza afortunadamente de una situación financiera saneada gracias al rigor presupuestario y la racionalización del gasto aplicados en los últimos años. Es el momento de poner toda la carne en el asador y ayudar a los colegiados que se enfrentan a dificultades económicas.

En los próximos meses, y ante la alargada sombra del coronavirus, posiblemente seamos testigos de inyecciones de dinero público destinadas a rescatar a diversos sectores de la economía que atraviesan por serias dificultades. Sería deseable que desde las instituciones se reconociera a los profesionales del derecho como un sector necesitado de un apoyo específico y, en consecuencia, fuera beneficiario de algún tipo de plan de choque. No podemos olvidar la función social que cumplimos los abogados como garantes de los derechos de los ciudadanos. Un bien común que, sin ninguna duda, se resquebrajaría si la abogacía pierde profesionales por el efecto de una crisis económica que, entre todos, tendremos que superar en los próximos tiempos.