Sorprende oír al presidente del Consejo General del Poder Judicial reconociendo que funcionan con una «seria anomalía». ¡Ah, coño! Tanto rollo con «la Ley es la Ley», hay que obedecer al Constitucional, la separación de poderes, «lo hacemos todo bien»… y después ¡plam!, pones la tele y ves a Carlos Lesmes tirando mierda. Para más cachondeo, lo hace en el muy honorable y serio Tribunal Supremo, donde llegarán magistrados escogidos por él mismo mientras está en funciones, cuando él no tendría que designar ni al presidente de su escalera. Pero, amigos, aquí los que tienen que cumplir la normativa tienen que ser los ciudadanos, los presos políticos y la madre que les parió… si es catalana, claro. Felipe VI, a su lado durante el discurso, debía pensar lo mismo que cuando aquel paracaidista se quedó atascado en la farola: «Que lo quiten pronto de allí, porque está dando una imagen de pena».
Se ve que la cosa va así: hace unos años que el PP, un partido que dirigía un tal Mariano Noniano, decidió (con Gallardón) crear un sistema que les permitía seguir controlando la justicia incluso después de perder las elecciones. Y así, mande quien mande, sea Handsome, Coletas o Mari Santpere, el partido del registrador -por sus santos cojones- hace y deshace en el CGPJ sin que nadie pueda hacer nada. ¿Por qué no se cambia la Ley? Diréis vosotros. Preguntádselo a la Bruja Lola o a Iker Jiménez porque… ¡Ah, caray! Aquí no puede actuar el Constitucional. Y ahora, pensad un momento si M. mostró inquina hacia Cataluña. ¿Ya lo habéis pensado? Ahora, pensad un momento en quién ha juzgado a los presos políticos y quien controla la justicia. Tendríamos que ir al Defensor del Pueblo. ¡Ah, no, calla! ¡Que también lo controla Máster-Man!