Señor Casado, ¡salga del búnker!

Durante la transición Santiago Carrillo acuñó el concepto del bunker en referencia a los sectores franquistas más intransigentes con la ruptura democrática. Eran los inmovilistas, los que consideraban cualquier avance hacia la democracia como una «traición», afirmaban que el ejecutivo de Adolfo Suárez era un «gobierno ilegítimo», y veían fabulosas conspiraciones rojo-masónicas-separatistas por doquier. Hoy día tales tonterías mueven a irrisión pero llegaron a pegar un bufido peligroso con el golpe de estado del 23-F.

La situación en estos momentos no es la misma, ni por asomo, pero sí que encontramos similitudes conceptuales inquietantes entre sectores de la derecha, digamos, tradicional. Así, cada día se afirma en determinados círculos que el gobierno es «ilegítimo» (pese a haber ganado las elecciones y obtener el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso representante de la soberanía del pueblo español), se asegura impunemente la existencia de la sombra del «bolchevismo» o de un supuesto «apoyo bolivariano» al ejecutivo (a pesar de que el señor Maduro no ahorra insultos cuando se refiere al presidente Pedro Sánchez) o directamente se dice que el gobierno «está supeditado a la voluntad de los golpistas y de los amigos de ETA» (creo que quien dice estas burradas no escucha lo que el señor Puigdemont dice de este gobierno que, supuestamente, está «a sus órdenes». Y no son precisamente elogios, sino más bien todo lo contrario.)

Claro, que Vox diga determinadas barbaridades no puede sorprender a nadie, al fin y al cabo hablamos de Vox. Sin embargo que las suscriba el señor Casado es grave, muy grave. El líder del PP ha afirmado esta semana –y cito literalmente– que «el Gobierno pierda toda esperanza de pactar la renovación de los órganos del poder judicial.» Nunca, jamás, en 40 años de democracia, ha habido un dirigente político que haya jugado a bloquear la Constitución y a secuestrar órganos tan importantes como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Nunca, nadie, ni el señor Aznar en su momento, ni luego el señor Rajoy (y el señor Casado estará de acuerdo conmigo de que no hablo de dos simpatizantes «social-comunistas» precisamente). Y subrayo que es grave porque el señor Casado se niega por principio a llegar a ningún acuerdo. No es que no acuerde, es que no quiere acordar.

Pues mire, tal vez sorprenda al señor Casado, pero como diputada socialista quiero poner en valor el papel de la democracia cristiana en la construcción de la Europa social que tenemos. Es cierto que el liderazgo lo ejerció el socialismo democrático pero también es verdad que sin el concurso de la derecha democratacristiana la Unión Europea que conocemos hoy día no existiría. Y si es una realidad es porque no se apostó ni por la confrontación, ni por el bloqueo, ni por los insultos, sino que quiso llegar a un acuerdo con la socialdemocracia para garantizar el progreso y la libertad de todos y todas. Y esto lo hicieron líderes como Adenauer, De Gásperi o De Gaulle de los que incluso el señor Casado reconocerá que no eran, ciertamente, simpatizantes del camarada Stalin.

Todos sabemos que en nuestro país el reto fundamente es superar definitivamente la pandemia y consolidar la recuperación económica. Ayudar en este objetivo no es dar un cheque en blanco al presidente Pedro Sánchez sino trabajar para que los españoles vivan mejor, que es el objetivo de todos aquellos que estamos en política. Votar en contra de aumentar el salario mínimo, por ejemplo, no es desgastar al Gobierno progresista es golpear a los ciudadanos que cobran este salario mínimo.

Situado en esta tesitura el señor Casado debe decidir si quiere actuar con el sentido de la responsabilidad que ejercen los dirigentes de la democracia cristiana en Europa o bien si desea seguir abrazado al señor Abascal en el bunker del inmovilismo más sectario gritando «¡Gobierno ilegítimo!, ¡Gobierno ilegítimo!, ¡Gobierno ilegítimo!». Mientras lo decide humildemente le aconsejo que lea un poco de la historia de España para saber a dónde conduce la polarización política, la estigmatización sectaria del considerado «otro» y ayudar a difundir que gobiernos democráticos surgidos de las urnas en elecciones libres son, en realidad, «gobiernos ilegítimos».