La reforma laboral

La reforma laboral del 2012, de la entonces ministra de trabajo, Fátima Ibáñez, del gobierno de Mariano Rajoy, respondía a la urgencia de aplicar medidas legislativas laborales, con el único propósito de paliar la más que delicada crisis económica que afectaba drásticamente al empleo, causa de los despidos procedentes de la construcción, motivados por la crisis del 2008, conocida coma la «burbuja inmobiliaria» y que el presidente Zapatero, no supo abordar, esperanzado en que los «brotes verdes», darían de una forma natural, una solución a los problemas de desempleo, centrando sus esfuerzos en La Alianza de las Civilizaciones, de ahí su actual hermanamiento con gobiernos bolivarianos, como el de Venezuela.

El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, conllevaba medidas urgentes en el mercado laboral, con el propósito de evitar despidos y como no, la creación de nuevos puestos de trabajo, con las vistas puestas en los más jóvenes y los parados de larga duración, recurriendo al despido, como último recurso en las empresas en crisis, ayudando a estas últimas a mantener su actividad laboral. Las medidas no fueron del todo mal, se evitó en muchos casos el despido y en otros la creación de empleo. Si se tiene que ser objetivo, tales medidas apostaron más por el empleo que no, en algunos casos por la calidad del mismo, en referencia a los contratos temporales.

Después de la moción de censura de Pedro Sánchez al presidente Mariano Rajoy, justificándolo en un tema de corrupción, sin respetar la presunción de inocencia y que al final, no ha sido condenado por la justicia. No se tarda mucho, en poner en marcha toda la máquina social comunista, con el fin de derogar todo aquello oliese al gobierno del PP, uno de los objetivos más destacables es, derogar la reforma laboral del 2012, como así, manifestó Pedro Echenique, cuando dijo que a la reforma laboral de los Populares: «No le iba a quedar ni los palos del sombrajo». Este ha sido el debate durante todo este tiempo, hasta por cansancio llegar a un acuerdo con sindicatos y patronal, que no, con sus socios de gobierno, me refiero a ERC y BILDU, que sin ellos, no prosperara la reforma, que no derogación, como ellos exigen hasta fecha de hoy a la reforma laboral.

Nunca mejor dicho, después de nueve meses, da luz el Real-Decreto Ley de la reforma laboral, que más tarde tendrá que debatirse en el Congreso de los Diputados y en la cual, sus socios deberán mojarse, después de por activa y pasiva mantener su rechazo. Dicha reforma deja claro que, no es una derogación, son unas suaves reformas, centradas principalmente en: la contratación temporal, con el propósito de conseguir sea indefinida; reforzar la negociación colectiva, para que los convenios se prorroguen, hasta que sean sustituidos por otros nuevos, cuando de la anterior reforma laboral (20212), se desprende que medidas como estas, apenas han tenido un impacto en el mercado laboral y también, se ha incluido en la reforma, el incluir algunos casos en los ERES y poco más a lo mencionado. Eso si, para conseguir todo ello, se recurre a medidas sancionadoras para el empresariado, olvidando que es el estímulo al sector productivo, el que mejor resultados conlleva, a la hora de mantener puestos de trabajo, creación de empleo y calidad del mismo.

Ante la realidad de los hechos, solo cabe pensar que la única preocupación que Pedro Sánchez tiene, no es concretamente, entrar en la competencia con los otros estados europeos, para atraer inversiones, es decir, empresas y, por lo tanto, creando empleo. Un país como el nuestro, con una tasa de paro del 14,5%, más del doble la media europea, con un 6,7%, según los últimos datos de Eurostat, el único interés de Pedro Sánchez con la reforma laboral que presenta es, hacer un guiño a la Unión Europea para cobrar los 140.000 millones de euros. Atrás quedan las intenciones de hacer una reforma laboral que, según ellos significaría el «Estatuto del Trabajador del siglo XXI», obras son amores y no buenas razones.