No es idioma, es libertad

En el mes de diciembre del año pasado, el TSJC estimó parcialmente el recurso presentado en el año 2015 por el Ministerio de Educación del gobierno de España de Mariano Rajoy, contra varias resoluciones de la Conselleria de Educación del gobierno de la Generalitat, en lo que se refiere al uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza, con la obligación a un mínimo del 25% en castellano en los centros educativos catalanes. El ejecutivo catalán no dudó en presentar un recurso de casación contra la sentencia, que no ha sido admitido a trámite por el TS, motivo este que obliga a las escuelas a cambiar proyectos lingüísticos basados en la inmersión de la Ley de Educación de Cataluña.

Justificando el gobierno catalán su recurso como: «Un nuevo ataque a los fundamentos de la escuela catalana, perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes». Una vez más, el comodín de siempre, cuando la justicia no les da la razón en sus imposiciones, acusan a los tribunales de intromisión en la vida política catalana, cuando su misión no es otra que hacer cumplir las leyes, las mismas que les corresponden a los diferentes parlamentos confeccionar, como es lógico en un estado de derecho, como es el español

Cuando no se quiere acatar las decisiones de los tribunales, por el simple hecho de que no gustan o no acompañan en el procés independentista, se busca la forma jurídica de esquivar los mismos, en este caso, el decreto ley 6/22 aprobado el 30 de mayo y validado por el parlamento el 29 de junio y la Ley 8/22 el 9 de junio aprobada con los votos de Comunes, y PSC, tanto el decreto ley como la ley han sido recurridas al TC por el PP y han sido admitidas a trámite. Todo ello con el único fin de ignorar el bilingüismo, es decir, no acatar el 25% de la enseñanza en castellano y dejar como lengua vehicular el catalán, garantizando el gobierno de la Generalitat que las sentencias no condicionaran el modelo de la escuela catalana. Como bien dice el refrán: hecha la ley, hecha la trampa.

El conflicto no responde exclusivamente a lo que se refiere el idioma, a nadie se le escapa que las lenguas oficiales en Cataluña es el catalán, como también lo es el castellano o el aranés, lo que crea el conflicto es la falta de libertad de poder elegir el idioma, o bien, que el catalán y el castellano sean lenguas vehiculares, como el aranés pueda serlo en el Val d'Aran, este y no otro es el problema, tal y como recoge la Constitución, que una vez finalizados los estudios los jóvenes puedan conocer, practicar y escribir los dos idiomas, con la suma de algún idioma extranjero.

Libertad para aquellas familias, que con un coraje digno de elogio, se han plantado contra un sistema de imposición desde el gobierno de la Generalitat, que pretende un blindaje normativo que atenta los derechos constitucionales, como es el caso de Javier Pulido, un padre de Canet de Mar, que ha tenido que soportar lo insoportable, viendo cómo se señala a su hijo en el propio de colegio, por el simple hecho de reclamar el 25 % de las clases en castellano, como la ley le ampara y la libertad le exige.

Esa misma libertad que ejercieron miles de ciudadanos manifestándose el pasado día 19 de septiembre en Barcelona, que pedían algo tan lógico como, que el castellano sea también una lengua vehicular en los centros educativos, por mucho que el independentismo catalán, quiso calar en la opinión pública que era un acto reivindicativo contra el catalán, la mayoría de catalanes no lo entendieron así, muy al contrario, no a la exclusión de un idioma, sino a la unidad y convivencia en libertad de los mismos.