'Sedición', todo por el poder

Éramos muchos que teníamos la confianza puesta en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de un largo tiempo de intentos de Pedro Sánchez, en querer cubrir plazas de la judicatura, con jueces próximos al separatismo o a Unidas Podemos, ocasionando con ello una auténtica politización de la justicia española, para así, tener contentos a sus compañeros de viaje, aquellos que le garantizan continuar dirigiendo un gobierno disciplinado y entregado a sus caprichos gubernamentales. A todos nos sorprendió que, cuando todo indicaba una culminación positiva de las negociaciones, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo del PP, rompiera las negociaciones, el tiempo ha demostrado que mientras se estaba negociando, Pedro Sánchez ya había pactado con separatistas, la reforma del código penal para hacer desaparecer el delito de sedición, actuaciones como esta, ponen en duda si los españoles se pueden fiar de un presidente de gobierno, como Pedro Sánchez, que se compromete a una cosa, mientras hace todo lo contrario y a escondidas.

Los hechos quedan claros, cuando una vez rotas las negociaciones de la renovación del CGPJ, en el marco del debate de los próximos Presupuestos Generales del Estado, Pedro Sánchez anuncia públicamente su intención de reformar el delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal que, condena a aquellas personas que se alzan públicamente y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, como fueron los hechos de protesta con motivo del fracasado referéndum ilegal del 1 Octubre.

Todo lo que estamos contemplando y en algunos casos sufriendo, solo puede entenderse, por el ansia desorbitada de mantenerse en el poder de Pedro Sánchez. Quien lo iba a decir, que el mismo PSOE en el 2017, votara en la cámara del Senado a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con motivo del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 octubre 2017. Tampoco se escapan, aquellas repetidas promesas que nunca pactarían con separatistas, muchas de ellas en sedes parlamentarias.

En especial, en las últimas elecciones autonómicas catalanas, donde el candidato a la presidencia de la Generalitat del PSC, Salvador Illa, en sus mítines negacionistas al separatismo por todo el territorio catalán, acompañados en algunos actos, dependiendo del lugar, de una bandera española como fondo en los escenarios, prometía por activa y pasiva, un no rotundo a cualquier pacto con el separatismo y hoy, se ha convertido Salvador Illa, en garantía de estabilidad del gobierno autonómico separatista de ERC, quien lo ha visto y quien lo ve, es sin duda alguna, un aventajado discípulo de su jefe de filas, Pedro Sánchez.

A todo lo expuesto, es digno de enmarcar, la propuesta del PSOE en el 2019, para prohibir por ley, la celebración de referéndums ilegales, cuando hoy, para poder aprobar los presupuestos y continuar en los cargos un año más, les brindan todas las clases de facilidades legales, para que el próximo referéndum ilegal unilateral de celebrarse, ya que nunca los separatistas han renunciado a volver a celebrarlo, la aplicación de la ley sea más suave, o ves a saber, si al final es el propio PSOE quien aprueba un referéndum de autodeterminación, la suerte será que no llegaran a tiempo y será otra formación política que gobernara España que desista de cualquier empeño.

Lo que en un principio parecía la crónica de una muerte anunciada, el día 10 de noviembre de 2022, se hace una realidad, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, confirma que presentará una iniciativa legislativa para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de “desórdenes públicos agravados”, justificando el hecho, en poner a España al mismo nivel jurídico de los países europeos, tan ignorantes considera Pedro Sánchez a los españoles, para que se dejen una vez más engañar, conocen muy bien que los intereses son otros, el contentar al separatismo para mantenerse en el gobierno, prueba de ello es que menos de un 20% de la población española, respalda al ejecutivo de Pedro Sánchez en su decisión de rebajar las penas por el delito de sedición, quizás estos representen los propios separatistas, incluso un 49% de quienes votaron al PSOE se muestran contrarios a la reforma.

No deja de ser lamentable y preocupante, que las leyes de España se redacten en la sede de un partido político separatista, como es ERC, cuando no, sean producto de las negociaciones de la mesa paritaria de los gobiernos de España y Cataluña, que ya en sus día, se consiguió el indulto de los condenados por el referéndum unilateral ilegal en Cataluña. Se debe un respeto a la Constitución Española, que es un ejemplo de democracia, concordia y unidad de todos los españoles, como al Estado de Derecho, que garantiza las libertades de los ciudadanos, no pueden, ni deben, rendirse a los intereses o caprichos de ningún dirigente político que para su beneficio propio, pretende romper las leyes de España y poner el Estado en un preocupante conflicto. Justifican la reforma del código penal, para así poder ponerse al mismo nivel jurídico de todos los países europeos, cuando en ningún país europeo, se reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos.