Exclusión financiera
Estos días observamos como, las entidades financieras obtienen unos suculentos beneficios, a pesar de los márgenes de intereses al alza, lo que provoca una débil evolución en la concesión de créditos o la disminución del tipo de interés en los depósitos bancarios, tampoco les preocupa muy mucho, los nuevos impuestos que se les pueda aplicar, por aquello que, a nuevos impuestos o incremento de los mismos, se suben los tipos de interés crediticios y cuando no, se encarecen las comisiones o bien se crean de nuevas. Prueba de lo que digo, son los casi 19.300 millones de euros de beneficio, que se espera declaren los seis bancos que cotizan en la Bolsa española al cierre de septiembre de 2.023, supone un incremento del 20,4, respecto a los aproximados 16.000 millones del mismo periodo del año anterior (Factset).
Que vaya por delante, quienes me conocen, saben muy bien, no soy de aquellas personas que van reivindicando el ‘nacionalizar la banca’. También es cierto, si tengo que ser sincero, que tengo una sensibilidad por aquellos usuarios que, cada día, se encuentran más excluidos del servicio personal de las financieras, me refiero a la generación actual que, por su avanzada edad o minusvalías, les resulta difícil y cuando no imposible, poder manejar con cierta soltura las nuevas tecnologías, ya sea en el servicio de los propios cajeros automáticos y no menciono, las aplicaciones informáticas en móviles o bien ordenadores, que cada día son más sofisticadas, precisando unos conocimientos básicos que una gran mayoría carecen de los mismos. Una generación que ha visto disminuida su atención personalizada, motivada, en gran mayoría, por la reducción significativa del servicio horario de atención en caja o el cierre de sucursales. En este colectivo, forman parte una gran mayoría de pensionistas mayores de 65 años o personas con algún tipo de minusvalía. Claro está, la clausura de oficinas, reducción de personal y suplir los servicios con nuevas tecnologías, es mucho más rentable y posibilita más beneficios. Con el COVID-19, como es lógico y justificativo, se debieron tomar medidas provisionales preventivas contra la epidemia, algunas de ellas lamentablemente llegaron para quedarse.
El otro sector de la exclusión financiera, que crea verdaderos problemas de asistencia personal, es la que afecta a la España rural. El servicio presencial de los servicios financieros en España, se ha reducido en un 7,2% en el año 2022, pasando de 19.014 a 17.648 sucursales en funcionamiento, siendo más acentuado en municipios de menos de 500 habitantes, cuya caída ha sido del 11%. No obstante, los bancos en estos últimos años han tratado de paliar el cierre de sus oficinas y cajeros automáticos, con otras alternativas, cómo sería acuerdos con correos u oficinas ambulantes, la realidad, casi 6 de cada 10 habitantes de los municipios más pequeños, se desplazan a otros dónde si existe una sucursal física, dónde puede existir la posibilidad de ser atendidos de forma individual. Existe un 30% de personas residentes en la España rural que, reconocen tener problemas para llegar a ser atendidas en un establecimiento bancario.
En la provincia de Tarragona no es menos, a finales de 2023, había en Tarragona 74.841 habitantes sin acceso presencial a oficinas bancarias, 1.081 más que en el año 2022. Resumiendo,111 de las 184 localidades tarraconenses, no disponen de una oficina financiera. Sin contar con los incrementos de población en temporada turística, que dejan sectores geográficos del municipio, sin lo más básico, como puede ser un cajero automático, para retirar dinero en efectivo. La situación deja bien claro, que las entidades financieras, dan una prioridad a sus cuentas de resultados o beneficios que no, al servicio más adecuado a los ciudadanos. Ante ello, las entidades públicas, en especial ayuntamientos, diputaciones y consells comarcals, no pueden dar la espalda, mirar hacia otro lado o ponerse de perfil ante el problema.